Bruselas abre expediente a España por «deficiencias» en el control de la seguridad ferroviaria

Bruselas abre expediente a España por «deficiencias» en el control de la seguridad ferroviaria

Insisten en que el procedimiento abierto no guarda relación con el grave accidente de 2013 de un Alvia en Galicia

Salvador Arroyo
SALVADOR ARROYOBruselas

Bruselas ha abierto un expediente sancionador contra España por entender que no cumple con las exigencias de la normativa comunitaria en relación a los medios de control de la seguridad ferroviaria. La Comisión Europea asegura que ha detectado «deficiencias» en la forma en que «se investigan y analizan los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad».

Bruselas pone en cuestión así el trabajo en esta materia tanto de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), ambas dependientes del Ministerio de Fomento.

Desde el Ejecutivo comunitario, uno de sus portavoces ha descartado que el procedimiento abierto guarde relación con el grave accidente de 2013, cuando se produjo el descarrilamiento de un Alvia en Galicia, en el que murieron ochenta personas y que esta misma semana ha vuelto al primer plano de la actualidad con el inicio de las comparecencias en una comisión de investigación parlamentaria. «Nuestro análisis se refiere a la situación actual y al grado de cumplimiento de las medidas, en un análisis global del sistema, no al momento en que se produjo este accidente ni a su investigación».

El toque de atención tiene la forma de una carta enviada al Gobierno en la que le emplaza a ofrecer aclaraciones en un plazo no superior a los dos meses. «Nuestro propósito es trabajar con los gobiernos, asesorarles, para que cumplan con los requerimientos de la normativa europea». No se han ofrecido detalles concretos sobre las deficiencias, aunque Bruselas insiste en no vincularlas con «accidentes o incidentes concretos. Esta más relacionado con los procedimientos administrativos» que se asocian a las investigaciones del CIAF y a la labor de seguimiento que realiza la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Si España no responde o sus explicaciones no convencen, se entraría en una segunda fase. Bruselas emitiría un informe con una opinión razonada que tendría que ser rebatida por España. Si tampoco consigue una recepción satisfactoria en Bruselas, la Comisión Europea podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

 

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