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Después de muchos meses de reuniones y de tiras y aflojas, los hosteleros de Burgos han decidido plantarse este viernes delante del Ayuntamiento para «reivindicar una solución consensuada» con el equipo de Gobierno. No aceptan las condiciones que marca la modificación de la ordenanza de terrazas elaborada por el equipo de Gobierno porque las restricciones técnicas establecidas para la colocación de las terrazas, aseguran, «ahogan a los hosteleros y a la viabilidad de los negocios de manera innecesaria».
La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha asegurado que la protesta de los negocios de hostelería de Burgos les ha «sorprendido» y reconoce que al Ejecutivo le gustaría saber el porqué del plante y por qué se llama ahora a la movilización del sector.
Este viernes se debería reunir la comisión de Licencias para visar «las 33 modificaciones» de la ordenanza. Sin embargo, el equipo de Gobierno ha decidido «dejar sobre la mesa este punto», motivado por el plante de los hosteleros que han decidido decir basta a una situación que los llevaría a tener que decidir no poner veladores.
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Ballesteros ha asegurado que la decisión de dejar sobre la mesa la modificación de la ordenanza de terrazas permitirá al que el Ayuntamiento de Burgos pueda «conocer las reivindicaciones del sector». Mientras esto ocurre, «por el momento se mantiene norma actual».
En este sentido, Ballesteros ha explicado que cuando se comprometieron en el Pleno a modificar la ordenanza, «había 85 terrazas autorizadas». A fecha de este jueves, se han completado 655 peticiones; de ellas a 271 se ha dado el visto bueno y 30 están en trámites lo que supondrá que en Semana Santa habría terrazas abiertas.
Sin embargo, a fecha de este jueves hay 294 solicitudes «pendientes de presentar la documentación» pertinente. Licencias ha hecho decaer 30 «por ausencia de documentación y otras 40 están pendientes de autorización».
El presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, ha asegurado que el objetivo del sector es reivindicar «una solución consensuada», con el Ayuntamiento.
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