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Tras más de un año de negociaciones, infructuosas, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha acordado coger el toro por los cuernos para reorganizar la Policía Local, a fin de hacerla más funcional, adaptada a las nuevas necesidades de la ciudad y, sobre todo, que tenga en cuenta las carencias de plantilla y las consecuencias del anticipo de la edad de jubilación. Así, si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de enero de 2019 se denunciará el acuerdo de 2009, que se ha mantenido vigente hasta ahora con prórrogas tácitas.
La concejal de Personal, Carolina Blasco, ha recordado que es la única solución factible pues la propuesta del PSOE, de dejar sin efecto el acuerdo, no lo es. Se denunciará el acuerdo actual de forma expresa y se abordará directamente esa reorganización. «Es necesario realizar un reajuste funcional», ha apuntado Blasco, con una nueva relación de puestos de trabajo, flexibles y que se ajusten a los nuevos servicios que tiene que prestar la Policía Local.
Antonio Fernández Santos, concejal del PSOE, ha criticado que no se haya abordado esta cuestión todavía, manteniéndose un acuerdo que estaba vigente hasta 2011 y que, para seguir trabajando, ha tenido que prorrogarse durante siete años. «Hay llegado el momento para abordar una nueva organización de la Policía Local, para prestar todavía mejor los servicios que actualmente está prestando«.
Además, el socialista recuerda que el acuerdo de 2011 ha quedado obsoleto, supone un importante desembolso económico anual y, por su rigidez, limita las posibilidades de introducir cambios para dar respuesta a las nuevas necesidades de Burgos. Igualmente, recuerda que hay que hacer frente a las consecuencias del anticipo de la edad de jubilación, que podría facilitar la prejubilación de medio centenar de agentes, o la jornada semanal de 35 horas.
Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la proposición del PSOE para buscar una solución a los problemas derivados de la existencia de espacios de suelo privado de uso público, en lo relativo a limpieza, mantenimiento y reparaciones. Se aprovechará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se está trabajando para incluir un cambio que ayude a aclarar cómo se debe gestionar el mantenimiento y la limpieza de este tipo de zonas, para evitar agravios comparativos.
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha realizado actuaciones en suelo privado de uso público de determinadas zonas, llegando a firma incluso convenio de colaboración, mientras abandona a su suerte a otros vecinos de la ciudad. De ahí la necesidad de regular las responsabilidades del mantenimiento de estos espacios con una ordenanza municipal, ha defendido el concejal socialista Antonio Fernández Santos.
El PSOE considera, a modo de ejemplo, que el Ayuntamiento debe asumir el mantenimiento del pavimento, la limpieza urbana, la conservación del alumbrado, el mantenimiento de jardines, de mobiliario urbano o de juegos infantiles. Fernández Santos reclama una ordenanza municipal antes de acabar el presente mandato y ordenar las 120 zonas de suelo privado de uso público que existen actualmente, sin aplazarlo a posteriores mandatos, por mucho que Jorge Berzosa insista en que es un problema complejo, con realidades muy heterogéneas.
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