El PP solicita que los jurídicos aclaren la legalidad de los actos del IMC previos a la revocación de competencias

El Partido Popular ha solicitado, durante la reunión del Consejo Ejecutivo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), que los jurídicos estudien cada una de las decisiones tomadas por la presidenta, Nuria Barrio, de conformidad con la delegación de competencias que la Junta de Gobierno Local revocó la semana pasada. El portavoz, Javier Lacalle, duda de la legalidad de las mismas y teme las consecuencias que pueda tener que Barrio haya desempeñado unas competencias que le corresponden al Consejo Ejecutivo.

Lacalle ha insistido en que la decisión tomada el pasado jueves responde, no a una cuestión de «oportunidad política», como explicó el PSOE, sino a cumplir con la legalidad. Los 'populares' reiteran que las competencias en materia de contratos menores y subvenciones directas le corresponden al Consejo Ejecutivo y que solo puede ser este órgano el que las derive a la Presidencia, no la Junta de Gobierno Local como defienden los socialistas.

Es más, los jurídicos del IMC así lo han refrendado, dejando sin validez el informe del secretario municipal que avalaba la delegación de competencias aprobada por el PSOE, según ha explicado el 'popular' Jorge Berzosa. Y así espera que lo ratifique también Asesoría Jurídica, pendiente de emitir el informe solicitado en pleno, aunque de viva voz ya habría confirmado que la acción del PSOE fue «irregular», aseguran en el Partido Popular.

Por todo ello, la formación quiere que ahora se revisen las decisiones tomadas por Nuria Barrio y se determinen si son actos nulos de pleno derecho o anulables, y si se requiere de convalidación por parte del Consejo Ejecutivo. De ser así, el PP apoyará la convocalidación porque «terceras personas no tienen por qué pagar las incompetencias del alcalde», ha afirmado Javier Lacalle.

Por otra parte, el PP ha propuesto que el Consejo Ejecutivo pueda delegar en la Presidencia los contratos menores hasta 3.000 euros, para agilizar la gestión, pero no están dispuestos a dar «carta blanca» a Nuria Barrio. «No nos fiamos», ha afirmado Jorge Berzosa, de modo que solo los contratos más pequeños podrían firmarse por la presidenta y, el resto, así como las subvenciones, pasar por el Consejo Ejecutivo.

Desde el PSOE, Nuria Barri lamenta el debate estéril que se ha abierto en torno a la delegación de competencias, recuerda que la decisión se tomó por operatividad y que cuentan con un informe del secretario que la avala. «Es una cuestión de interpretación», insiste, de la Ley de Grandes Ciudades, por eso la opinión de la Asesoría Jurídica no coincide, pero tampoco ha dicho que sea ilegal, sino que cree que la capacidad de contratación está en el Consejo Ejecutivo, aunque todavía no hay informe escrito que así lo recoja.

Barrio pide «un voto de confianza». Que se deleguen las competencias en contratación menor como estaban en el mandato pasado, hasta 15.000 euros, pues es una delegación que se puede revocar siempre que se quiera. De lo contrario, ya avisa de que el IMC no va a ser operativo, de que va a tener que convocar tres o cuatro reuniones semanales porque los contratos menores son muy abundantes. Todo ello sin valorar el coste en retribuciones a los miembros del Consejo Ejecutivo.

Mientras, Podemos considera que «al PP no le interesa que las cosas se agilicen, solo quiere que vayan mal para poder criticar y por eso reclaman informes innecesarios». Margarita Arroyo no comparte la delegación de competencias a favor de la Presidencia pero sí entiende que «eran necesarias medidas de choque para superar la mala gestión del Partido Popular».

De ahí que Podemos haya hecho también sus aportaciones al presupuesto del IMC, para «poner la cultura de Burgos en el mapa» y «revertir la mala posición de la oferta cultural de la ciudad». Plantea la creación de un Consejo de la Cultura, dotado con un mínimo de 10.000 euros para desarrollar iniciativas culturales; también descentralizar la actividad cultural.