El PP «no se fía» del secretario general y el Pleno exige a Asesoría Jurídica un informe sobre la delegación de competencias en el IMC

A juicio de los 'populares', el PSOE ha dado un «golpe de estado y se le da cobertura con el informe del secretario». La semana pasada, el funcionario municipal avalaba la decisión del equipo de Gobierno de pasar las competencias en contratos menores y subenciones directas a Nuria Barrio, asegurando que encaja en los estatutos y el reglamento del IMC, y tras recordar que se ha hecho en ocasciones anteriores.

Sin embargo, Carolina Blasco asegura que el informe del pasado 17 de septiembre se contradice con otro emitido por el mismo funcionario, como vicesecretario municipal, en 2016. En aquel, afirma, se pone de manifesto la relevancia del Consejo Ejecutivo del IMC como órgano de gestión del organismo autónomo, con competencias propias en materia de contratación, subvención y concesión de licencias.

Por ese motivo, y de la mano de Ciudadanos y Vox, el PP ha forzado un acuerdo en pleno para pedir a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento un informe que resuelva las «dudas» generadas sobre las competencias del IMC, quién las ostenta y quién puede delegarlas. Javier Lacalle afirma que ya solicitaron dicho informe como partido, pero no se le ha remitido, y ha acusado directamente al alcalde, Daniel de la Rosa, de haber dado orden directa la responsable de Asesoría Jurídica para que lo paralizase.

PP, Cs y Vox consideran que, con su decisión, el PSOE ha vaciado de competencias al Consejo Ejecutivo del IMC. «Hemos estado cuatro años medigando la aprobación de la programación», ha afirmado Blasco, y ahora el PSOE la decide de manera unilateral desde la Presidencia. De ahí que el portavoz de Vox, Ángel Martín, se plantee por qué no proponer la disolución del IMC, si no tiene competencias. Mientras, Vicente Marañón ha calificado lo ocurrido de «burla».

Por su parte, el PSOE insiste en defender la legalidad de la delegación de competencias y confía en el informe del secretario, a quien considera la persona responsable de avalar dicha decisión, y no Asesoría Jurídica. La implicada, Nuria Barrio, pide al PP que «no líe la madeja» y a Cs y Vox, que «no se dejen engañar» por los 'populares', y recuerda que solo tiene delegadas las competencias en contratos menores (el resto está en manos del consejo) y de subvenciones directas ya comprometidas en el presupuesto municipal.

Mientras, el propio secretario general ha intervenido en el pleno para explicar, sin querer entrar en debates, sus informes y ha recordado que el emitido en 2016 respondía a una duda política y técnica diferente a la actual, si bien es cierto que el problema en el IMC se arrasastra desde hace una década. Ya en 2011 aseguró que se requería de una reforma de los estatutos para aclarar competencias y delegaciones y que mientras no llegase se seguiría generando polémica.

Parte de esta polémica subyace también en la falta de confianza del PP hacia el secretario general por su reciente nombramiento, después de que el Tribunal Supremo volviese a decir que la designación de Luis Alfonso Manero no estaba debidamente motivada y había que repetir el procedimiento. El PSOE ha sido el encargado de ejecutar la sentencia, facilitada por la marcha voluntaria de Manero a otro destino, y la oposición le acusa de haber nombrado al nuevo secretario «a dedo».

De la Rosa ha defendido el nombramiento asegurando que se solicitó informe a tres profesionales y, en base al mismo, se ha escogido al nuevo secretario, que no es otro que el vicesecretario general. Javier Lacalle le acusa de hacer justo lo que el PSOE ha estado criticando durante los últimos años, pues dichos informes no son vinculantes, solo valoran fortalezas y debilidades, y la decisión última la ha tenido el alcalde.