Los presidentes de los TSJ piden medidas legislativas para evitar la litigiosidad masiva

El presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, en el centro, acompañado por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, a la izquierda, y el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán./CC
El presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, en el centro, acompañado por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, a la izquierda, y el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán. / CC

El riesgo de deslegitimación del Poder Judicial ante «su descalificación general» cuando se lleva a cabo por cargos públicos es una de las diez conclusiones a las que han llegado los máximos responsables de los TSJ en las decimoquintas jornadas que se han clausurado esta mañana en Burgos

César Ceinos
CÉSAR CEINOSBurgos

Los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de España han asegurado que el problema de la «litigiosidad masiva» debe ser solucionado con medidas legislativas específicas, según ha explicado esta mañana el máximo responsable del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, en el acto oficial de clausura de las decimoquintas Jornadas de presidentes de TSJ, celebradas en Burgos.

Concepción ha asegurado que «resulta ineludible» el establecimiento de procesos 'testigo' que permitan la resolución de cuestiones jurídicas similares planteadas en numerosos procedimientos y su posterior extensión de efectos al resto. Este hecho, bajo su punto de vista, evitaría que se siga lastrando injustificadamente al sistema de Justicia.

Cambios para reconocer el papel de los presidentes de los TSJ

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gerardo Martínez Tristán ha declarado que las conclusiones de las Jornadas de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia son «el referente» para que los centros de poder (el CGPJ y el Ministerio de Justicia) tomen en consideración la perspectiva de los «que mejor conocen las dificultades y los problemas» que existen en los territorios.

Asimismo, Martínez Tristán ha querido «aprovechar el momento para romper una lanza» en favor de los presidentes de los TSJ porque cree que «el sistema no potencia» esta figura ni sus competencias. Por ello, ha reclamado las reformas necesarias para que los máximos responsables de los TSJ tengan el reconocimiento, que bajo su punto de vista, merecen.

Como ejemplo de «litigiosidad evitable», el presidente del TSJ de Castilla y León ha citado el altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de entidades financieras que están siendo estimadas por los tribunales; de ahí que también «hayan invitado a la reflexión» a las distintas partes procesales, puesto que estás cuestiones consumen enormes recursos públicos.

Asimismo, ha subrayado que deben de analizarse otras medidas, como la obligatoriedad de demandas colectivas, la avocación directa de todas estas cuestiones al tribunal de apelación o la aplicación de mecanismos similares, para facilitar el trabajo a los jueces.

Modernización: asignatura pendiente

En esta cita, que se ha desarrollado desde el domingo hasta hoy, los presidentes de los TSJ de las 17 comunidades autónomas han llegado a nueve conclusiones más, entre las que sobresale el riesgo de deslegitimación del Poder Judicial. A su juicio, «la crítica de las actuaciones judiciales es legítima y positiva siempre que se realice con respeto y ponderación, pero su descalificación general, especialmente por cargos públicos, afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático».

Los presidentes del TSJ han manifestado también que la modernización y «la adecuada» dotación de la Justicia «sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia». Relacionado con este punto, han sugerido reforzar las Salas de Gobierno y de los presidentes, así como hacer hincapié en la seguridad judicial electrónica de las administraciones prestacionales para garantizar «la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico».

Por otro lado, los máximos responsables de los TSJ, como presidentes de las comisiones territoriales de garantías de videovigilancia, han expresado la utilidad de crear una base de datos que recopile de forma sistemática los informes emitidos por cada órgano.

Eso sí, han reconocido la eficacia práctica de la videovigilancia en el contexto actual, aunque han recordado que «no permite una simple justificación preventiva, si no que exige un razonable y concreto riesgo para la seguridad ciudadana en base a factores preexistentes».

Por último, han opinado que es necesario el fortalecimiento de las oficinas de comunicación al servicio de los ciudadanos con el objetivo de que estos reciban una información veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y ágil.

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