Ratifican que la cesión en precario de El Plantío al Burgos CF fue legal
La Audiencia Provincial desestima el último recurso presentado contra el acuerdo de Junta de Gobierno que decidió ceder la instalación al club mientras se tramitaba el expediente de la concesión demanial
La Audiencia Provincial acaba de ratificar la legalidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local mediante el que el Ayuntamiento aprobaba en 2019 la cesión en precario del estadio municipal de El Plantío al Burgos CF, una decisión que generó polémica y que fue denunciada por el presidente del Real Burgos, Juan Antonio Gallego.
Según dicta la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo tramitado en julio de 2019 se hizo conforme a derecho y no hay indicio alguno de prevaricación administrativa. En este sentido, el tribunal ratifica todos los argumentos esgrimidos ya con anterioridad por el Juzgado de Instrucción, que tampoco vio delito en la actuación municipal.
La polémica se generó en verano de 2019. En aquel momento, el Ayuntamiento y el Burgos CF mantenían un convenio de cesión de las instalaciones que incluida una cláusula de prórroga que el club acabó solicitando. Sin embargo, dicha prórroga no se pudo ejecutar, puesto que un tiempo antes, el club había cambiado su régimen jurídico al transformarse en sociedad anónima deportiva.
Esa circunstancia impedía mantener el convenio en las mismas condiciones y el Ayuntamiento comenzó a trabajar en el pliego de cláusulas de lo que posteriormente sería el contrato de concesión demanial por 40 años, el cual, por cierto, también generó una gran polémica municipal.
Sin embargo, y a sabiendas de que la tramitación de ese proceso se iba a prolongar muchos meses, el Ayuntamiento buscó una fórmula que permitiera al club seguir usando el estadio. Para ello se echó mano de la figura de la 'cesión en precario', basada en la temporalidad, cuyo expediente venía sustentado en sendos informes jurídicos que avalaban la operación.
Con dichos informes sobre la mesa, la Junta de Gobierno decidió en julio de 2019 aprobar la cesión en precario del estadio, que tiempo después se convertiría en una concesión demanial a 40 años tras el correspondiente proceso administrativo.
A pesar de las dudas generadas a raíz de la presentación de la denuncia, en la que se acusaba de un posible delito de prevaricación administrativo a los miembros de la Junta de Gobierno, incluido el alcalde, Daniel de la Rosa, los tribunales han considerado que todo el proceso se realizó conforme a derecho.
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