Los veterinarios de Burgos, en pie de guerra contra una ley que «limita la libertad clínica»
Los veterinarios burgaleses reconocen que si cumplen esta nueva ley del medicamento al cien por cien, estarían incumpliendo su código deontológico
Los veterinarios de Burgos, y los del resto del país, se han levantado en pie de guerra por una ley que consideran que les limita en su «libertad clínica». El Real Decreto 666/23, que entró en vigor el 21 de julio de 2023, cuenta con una disposición que se aplica desde el pasado 2 de enero. Esta disposición regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España.
La actualización de este decreto implica la regulación del uso de los medicamentos veterinarios, pero también establece restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía. Es decir, que desde ahora solo pueden adquirir medicamentos para aquellos animales que estén identificadas con microchip, como explican los veterinarios de Burgos.
Pero, además, obliga a los profesionales de la salud animal a utilizar el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET). Por ello, en esta semana han realizado paros en protesta por esta nueva regulación.
«El sector veterinario lleva muchísimo años arrastrando una serie de problemas que te impiden trabajar», confesaba Amancio Fisac Val, copropietario de Veterinea, en Burgos capital. «Hemos tenido hasta hace poco una legislación general veterinaria poco adaptada a la veterinaria clínica de pequeños animales y, en el momento en que lo han querido adaptar, ha habido ciertas cosas que no se ajustan al trabajo diario», continúa explicando.
Porque según indica el veterinario, existe una serie de «necesidades globales» que vienen de Europa «enfocadas a una reducción del uso de antibióticos». «Esta es una problemática global y gravísima, porque a nadie le apetece que se le muera nadie en un hospital por una bacteria», indica de manera contundente.
El problema de los antibióticos
El problema reside en la limitación que los veterinarios tienen a partir de ahora a la hora de prescribir antibióticos. «El abuso de antibioterapia es en todos los sectores y la medicina veterinaria es el último responsable. El mayor problema está en medicina humana y es un tema global, aquí no hay fronteras. El antibiótico se se fabrica, se prescribe y se da en la India acaba afectando aquí también», denuncia Amancio.
Por ello, Europa pide «una serie de datos que registra el volumen total de antibióticos que se venden y la especie destino». «Cada país miembro ha hecho una transposición de esa normativa mediante un Real Decreto. El Real Decreto habla de todas las medicaciones de uso veterinario, no solo de los antibióticos y el sistema de captación de datos se llama PRESVET», explica. Este sistema de captación de datos ha sido diseñado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del cual dependen los veterinarios, a pesar de ser profesionales sanitarios. «Somos sanitarios, pero somos sanitarios a medias. No dependemos del Ministerio de Sanidad», lamenta.
Una carga burocrática que afecta la atención veterinaria
Este nuevo sistema de registro ha multiplicado la carga burocrática de los veterinarios clínicos. Esto se traduce en que antes una consulta requería un tiempo determinado; ahora, además del diagnóstico y tratamiento, el profesional debe invertir un tiempo adicional en el registro de datos exigidos por la normativa, que va más allá de los requerimientos europeos.
«El problema no es solo burocrático, todos sabemos que hay que hacerlo», afirma Amancio. El problema es que la normativa «limita la libertad de prescripción y el criterio clínico del veterinario». Existe una lista de recomendaciones de uso responsable o de limitaciones de uso de antibióticos con un sistema escalonado de prueba y error. «Tenemos que coger esa lista y empezar por determinados antibióticos, ver que no funcionan y cuando no funcionan pasar al siguiente nivel. Para usar determinados antibióticos solo lo podemos hacer bajo una prueba que justifique su uso, es decir, un cultivo con un antibiograma, que es una prueba que, con suerte, la puedes tener en 48 horas. Mientras tanto, al animal se le puede estar comiendo una infección y puede ver agravado su estado de salud porque no puedes usar el antibiótico que necesita porque es ilegal que lo hagas», insiste.
Multas desproporcionadas y miedo a ejercer la profesión
La legislación actual «es muy abusiva», indican los veterinarios. Con la entrada en vigor del nuevo decreto se contemplan sanciones económicas desorbitadas para quienes incumplan la normativa, con multas de hasta 1.200.000 euros. «Estamos hablando de multas de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros, que para que la gente lo entienda, es el equivalente a la multa que te ponen si mandas casi medio millón de euros a Al Qaeda. Financiar el terrorismo está penado con tres veces la suma con la que lo financias. Tú mandas 400.000 euros a Al Qaeda y te ponen 1.200.000 euros de multa si te pillan», lamenta el veterinario.
Esta situación genera un clima de temor en los veterinarios, quienes deben elegir entre cumplir estrictamente la normativa o aplicar su criterio clínico para salvar la vida de los animales. «Tienes un animal que necesita una atención clínica, sabes qué atención clínica les tienes que dar, pero no lo puedes hacer», denuncia.
Restricciones que ponen en riesgo la salud animal
En Castilla y León, perros, gatos y hurones deben estar identificados con microchip para recibir atención veterinaria, lo que supone una zancadilla para veterinarios y protectoras en el caso de los animales rescatados de la calle. En la mayoría de los casos, estos animales no están identificados, lo que impide su tratamiento hasta que una entidad (municipal o no, porque las colonias de gatos son propiedad de los Ayuntamientos) asuma la responsabilidad, un proceso que puede llevar demasiado tiempo y poner en peligro la vida del animal. «Habrá situaciones en las que el animal se esté muriendo y no tenga microchip y a nivel deontológico y de legislación tú puedas atenderle, pero habrá otras que no, y a lo mejor en ese momento su vida no depende de ello, pero si no empiezas a poner el tratamiento en ese momento más adelante su vida se va a ver comprometida», asume.
Pero hay más puntos de esta normativa que los veterinarios denuncian: «Al veterinario se le prohíbe dispensar medicación». Esto obliga a los propietarios a adquirir envases clínicos completos en establecimientos autorizados, lo que puede generar retrasos en la administración del tratamiento y acumulación de medicación sobrante en los hogares, porque a veces se trata de envases de 100 pastillas de las que solo se necesita una mínima parte. Este exceso de medicamentos puede contribuir a que «bajo el criterio de usuario» esta medicación se comparta. «Mal administrados puede contribuir al problema de la resistencia a los antibióticos. Estas medidas van a empeorar la situación», asegura.
El impacto en especies exóticas y tratamientos avanzados
La falta de registros específicos para muchas especies exóticas implica que, si se cumple la normativa al pie de la letra, estos animales no pueden recibir tratamiento. Pero, además, también impide utilizar estos medicamentos en tratamientos para los que los estudios científicos dicen que funciona si en sus «registros no aparece». «Un antibiótico que solo tiene registro para una infección para una determinada bacteria, como un estafilococo aureus, también funciona para la tos, pero no lo puedo usar para tratar la tos. Y sabes que funciona, pero como no hay registro... Pero hay más, los registros se hacen para especie destino. Puedo tener una medicación registrada para perros que no tiene registro en gatos y a un gato no se lo puedo dar, aunque la literatura científica diga que funciona», sentencia.
Por ello, los veterinarios reclaman una revisión del Real Decreto 666/2023, al que consideran contraproducente y que limita el ejercicio de su profesión imponiendo restricciones que pueden afectar la calidad del servicio y la salud de los animales Y, aunque están de acuerdo en que la regulación del uso de antibióticos es necesaria para combatir la resistencia bacteriana, reclaman que su aplicación debería estar basada en el criterio clínico.
Una normativa que pone en jaque a las clínicas veterinarias no solo de Burgos sino también del resto del país. «Si cumplimos al 100% la ley incumplimos nuestro código deontológico. Y primero está nuestra ética profesional», finaliza Amancio
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