La Audiencia juzgará por agresión sexual a los padres de la niña intoxicada con 'coca' en Valladolid

Traslado a prisión de los padres, el 11 de agosto de 2017, desde los juzgados de Angustias./Atlas
Traslado a prisión de los padres, el 11 de agosto de 2017, desde los juzgados de Angustias. / Atlas

Los investigados, que están en prisión preventiva desde agosto de 2017, se enfrentan a penas de más de nueve años

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El sumario del caso de la bebé intoxicada con cocaína en agosto de 2017 llevará a los padres de la pequeña a sentarse en el banquillo de la Audiencia de Valladolid la próxima primavera, acusados de agresión sexual a una menor de 16 años. El auto de conclusión del sumario, que está en manos de las acusaciones y las defensas desde mediados de noviembre para la calificación provisional de los hechos, puede conllevar penas de más de nueve años, según señalaron ayer fuentes de la investigación, dado el grado de parentesco, la participación conjunta de dos personas y al tratarse de una víctima especialmente vulnerable, que acababa de cumplir doce meses cuando ocurrieron los hechos.

En un contexto de gran alarma social se abrieron en agosto de 2017 dos procedimientos judiciales distintos, aunque, ambos, con los mismos protagonistas: N. R. G., de 26 años, y D. V. C., de 32 y con antecedentes, vecinos de la capital vallisoletana y padres de la bebé que dio positivo alto en cocaína. La sustancia tóxica fue detectada en el organismo de la pequeña cuando se le realizaron una serie de pruebas en el Clínico, mientras sus progenitores eran detenidos por la Policía Nacional en medio de acusaciones mutuas de abusos a la menor y violencia de género.

Desde el día después, la pequeña permaneció por orden del juez bajo la guarda y custodia provisional de la Junta y estuvo ingresada en planta en el Clínico, acompañada por la abuela materna y bajo una discreta custodia policial. Posteriormente, la Gerencia de Servicios Sociales determinó poner a la pequeña en manos de una familia de acogida, con la que permanece desde entonces. La niña pudo haber ingerido la droga que se detectó durante las pruebas toxicológicas de manera accidental y fueron los abuelos de la pequeña quienes llevaron a su nieta a que la viera un médico, mientras los padres estaban enzarzados en un cruce de denuncias en la que se estaría utilizando la custodia de la menor como arma arrojadiza en el proceso de separación.

Solo una semana después del crimen de la niña Sara

El 'efecto Sara' hizo saltar de inmediato las alarmas en las instituciones de protección de menores cuando, apenas una semana después del crimen de la pequeña de 4 años en la Rondilla, una bebé era ingresada en el Clínico con positivo alto en cocaína. Cómo llegó la droga al organismo de la pequeña (que no presentaba secuelas ni daños aparentes ni signos de maltrato) pasó a un segundo plano cuando el padre mostró a la Policía la existencia de un video de contenido sexual en el que aparecía la madre con la niña. Las diligencias culminaron el pasado noviembre con el auto de conclusión del sumario y el procesamiento de ambos progenitores.

El asesinato de Sara, ocurrido el 3 de agosto de 2017, será juzgado por un jurado popular el próximo abril y seguramente también para primavera se juzgue este otro procedimiento, aunque lo hará un tribunal de jueces profesionales.

Cómo llegó la cocaína al organismo de la pequeña no es objeto de este procedimiento, relacionado con la grabación en la que aparecen madre e hija y que dio pie a las diligencias que han desembocado en el sumario que verá la Audiencia y por el que se sentarán en el banquillo los progenitores de la niña.

Prueba de cargo

Esta grabación fue entregada a la Policía por el padre para incriminar a su expareja, al parecer, en el marco de una complicada separación. Mientras que el joven acusó a la madre de abusos sexuales, esta le denunció a él por violencia de género. El vídeo, grabado con un teléfono móvil, es la principal prueba de cargo que, junto con las declaraciones contradictorias realizadas por los detenidos respecto de la grabación, llevó al titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid a decretar el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de ambos.

En el transcurso de las diligencias, con el posterior análisis del vídeo, que habría sido grabado unos meses antes, cuando la pareja todavía convivía, habría puesto de manifiesto la participación voluntaria de ambos progenitores. Desde el 11 de agosto de 2017 permanecen encarcelados a la espera de juicio.

El sumario se abrió por agresión sexual a un menor de 16 años (artículo 183.2 del Código Penal) y no por abusos, por lo que el instructor de las diligencias habría considerado que existen indicios de violencia. Se aplicaría también el subtipo agravado de parentesco de manera que, a expensas de las calificaciones de los hechos que realicen las acusaciones, las penas a las que pueden enfrentarse los dos investigados oscilarían entre los nueve y los quince años de prisión.

 

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