Pasan a disposición judicial otros diez empleados de El Salvador por el fraude de los ataúdes en Valladolid

Tanatorio de El Salvador. /Rodrigo Jiménez
Tanatorio de El Salvador. / Rodrigo Jiménez

Son ya 26 los «implicados en mayor o menor grado» en la operación Ignis, por la que se han presentado 300 denuncias

M. J. Pascual
M. J. PASCUAL

En las próximas horas van a pasar por el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid otros diez empleados del grupo funerario El Salvador, después de que la Policía Nacional les detuviera a primera hora de la mañana de ayer. Se trata, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, de trabajadores de la empresa que, «en menor o mayor grado, presuntamente, habrían colaborado con la trama», de forma que se les considera también autores de delitos de estafa continuada y de formar parte de una organización criminal.

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Con estos arrestos ya son 26 las personas detenidas en el marco de la operación Ignis, que arrancó hace un año a raíz de la denuncia presentada por el propietario del grupo El Salvador contra un exempleado suyo que pretendió hacerle chantaje haciendo públicas las supuestas prácticas irregulares en los crematorios funerarios, donde habrían cambiado féretros de alta gama por otros de baja calidad para quemarlos, e incluso reutilizado los ornamentos florales, unas actividades fraudulentas que se habrían prolongado durante más de veinte años. El pleito entre el exempleado y la empresa se saldó con una sentencia de conformidad (al extrabajador, jubilado, se le impuso el pago de una multa de 1.000 euros que debía entregar a Cáritas) a cambio de no ingresar en prisión. Pero el asunto del supuesto 'cambiazo' de ataúdes no cayó en saco roto y la Policía decidió investigar a la empresa funeraria sobre la base documental de los ficheros del extrabajador, que había recopilado durante años cientos de fotografías y datos de filiación que demostrarían que unos 6.000 cuerpos no fueron incinerados en los ataúdes que sus familiares habían contratado, sino en otros de inferior valor o incluso, sobre las tapas de los féretros.

La Policía Nacional ha detenido esta mañana a otros diez trabajadores de la empresas funeraria El Salvador de Valladolid que supuestamente habrían colaborado en la estafa por la venta de ataúdes cometida durante 20 años, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

Recurso de apelación

Con toda probabilidad, los diez detenidos irán pasando por el juzgado a lo largo de la jornada. Los otros trabajadores que fueron detenidos en la primera fase de la operación Ignis, tras declarar en el juzgado fueron puestos en libertad sin fianza y actualmente siguen realizando sus tareas en las instalaciones funerarias de la compañía. Solo el dueño, Ignacio Morchón, y dos de sus hijos se encuentran en prisión; el primero, sin fianza; su hijo, bajo fianza de 800.000 euros (que asegura que no abona porque no quiere dejar solo a su padre en la cárcel) y una hija, a la que se le ha impuesto una fianza más baja, de 400.000 euros. El representante legal de la familia está esperando la respuesta al recurso de apelación presentado para que se le retire la fianza a la joven y sea puesta en libertad.

A pesar de las nuevas detenciones, en el tanatorio El Salvador y en el resto de servicios del grupo se mantenía ayer la actividad, y ello aunque la plataforma de afectados El Salvador, integrada por los despachos madrileños de Bárbara Royo y Castellana 266, ha solicitado a la jueza instructora que cierre la funeraria hasta garantizar que no se continúa con las prácticas supuestamente ilegales, especialmente, en los crematorios. Las 13 personas que fueron inicialmente detenidas y puestas en libertad son, con el resto de la plantilla, las que se están ocupando, por turnos, de mantener abiertos y en funcionamiento los servicios de pompas fúnebres de esta empresa en la capital y la provincia, según confirmaron fuentes próximas a la empresa, que esperan que sus compañeros «sean pronto puestos en libertad». De una plantilla que está integrada por unas 70 personas, casi el 40% ha pasado por dependencias policiales o judiciales o lo hará en las próximas horas como resultado de la operación Ignis, que todavía no está cerrada.

Declaración

Hoy está previsto que se tome declaración como testigo a una extrabajadora de la empresa de pompas fúnebres quien, según fuentes próximas a la acusación particular, demostraría que el 'cambiazo' de ataúdes no solamente se realizó en el periodo comprendido entre 1995 y 2015, sino que ha continuado hasta que se destapó el caso. En esta tesis está la primera plataforma en solicitar personarse como acusación particular, y que ha criticado las dificultades impuestas por el juzgado para poder personarse como tal, ya que se exige que los perjudicados presenten una declaración de herederos para formar parte del procedimiento.

El bufete vallisoletano CHF Abogados también se personará esta mañana como acusación particular, una vez comprobado que sus representados figuran en el 'listado' de perjudicados por la supuesta estafa continuada, según confirmaron ayer fuentes de dicho despacho.

Mientras siguen su curso las diligencias con estas declaraciones, la instructora está a la espera de que se le conceda el refuerzo solicitado mientras dure la investigación y ante el temor de que colapse su juzgado con una avalancha de denuncias. La medida de refuerzo, solicitada por un plazo de seis meses, consiste en la prolongación de jornada para la letrada de la Administración de Justicia, la incorporación de tres funcionarios de gestión procesal y la de una funcionaria de tramitación procesal. El Ministerio de Justicia tiene que dar respuesta a esta petición de refuerzo del juzgado que el TSJ entiende «necesaria» para esta causa de especial complejidad.

Mientras, el goteo de perjudicados continúa. La Policía Nacional ya ha contabilizado trescientas denuncias, que se suman a las que, por goteo, van recibiendo los bufetes de abogados que todavía esperan el visto bueno judicial para personarse como acusación particular.