Los enfermeros piden más procesos de funcionarización en la región cerrados hace diez años

Una enfermera acompaña a una anciana en una residencia. /EL NORTE
Una enfermera acompaña a una anciana en una residencia. / EL NORTE

El Procurador del Común pide a la Junta que siga la interpretación del TSJ y no valore como derogadas estas convocatorias

Ana Santiago
ANA SANTIAGOValladolid

Fue en 2006 cuando una Orden (PAT/929/2006, de 1 de junio) estableció el procedimiento de los procesos de funcionarización previstos en la normativa de la Función Pública de Castilla y León de 2005. Sin embargo, desde entonces solamente se ha realizado un solo proceso hace ya diez años. Estas convocatorias únicamente se activan por iniciativa exclusiva de la Administración autonómica y, pese a las múltiples peticiones del colectivo de enfermeros que son personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales, la Junta no ha vuelto a desarrollar proceso alguno.

La intervención del Procurador del Común en respuesta a una reclamación de los mismos ha puesto de manifiesto que tal convocatoria no dependería de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades –aunque los afectados trabajen en sus centros– sino de la de la Presidencia responsable del empleo público. Este último departamento ha justificado la determinación de no sacar nuevas convocatorias en base a todo un largo proceso legislativo en el que considera que los procesos de funcionarización se han visto modificados sustancialmente especialmente con la entrada en vigor de la ley de 2007 dado que «esta regulación básica contenida en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ha dejado sin efecto la previsión de la disposición adicional octava de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública que ha servido de fundamento a los procesos abordados por la Administración con anterioridad. En relación con las posibles convocatorias para hacerse funcionario no existe previsión de realizar ninguna convocatoria», destaca Presidencia.

La Junta asegura que no entra en sus previsiones realizar nuevas ofertas para los laborales

La reclamación hace referencia precisamente a esta falta de aplicación de dicha disposición adicional octava; así como de la Orden de 2006 por la que se establece el procedimiento de los procesos de funcionarización previstos en la citada disposición adicional. En la resolución de la oficina de Tomás Quintana se pone de manifiesto que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León del 13 de noviembre de 2013 se pronunció sobre la pervivencia, pese a la entrada en vigor del derogado Estatuto Básico del Empleado Público, de la disposición adicional octava de la precitada Ley de Función Pública.

Por ello, esta procuraduría reclama a la Junta que tenga en cuenta la interpretación de este tribunal y no considere contrario a la normativa la convocatoria de estos procesos para convertirse en personal funcionario.