El exjefe del EREN asegura que Delgado ordenó planificar parques que «no tenían ningún sentido»
González Mantero declara en el juicio por la 'trama eólica' que la imposición de socios locales «no tenía justificación técnica ni legal»
La declaración del exdirector del Ente Regional de Energía de Castilla y León (EREN) y, con posterioridad, de la Dirección General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, se reanudó este martes en la Audiencia Provincial de Valladolid, después de una primera jornada dedicada enteramente a las cuestiones del Ministerio Fiscal en el juicio que se celebra por la denominada 'trama eólica',
El exalto cargo del EREN, con quien el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, despachaba directamente durante los años en los que estuvo al frente de las gestiones para la autorización de los parques eólicos, entre 2004 y 2009, se reafirmó en lo testificado el día anterior a preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas. González Mantero señaló nuevamente la implicación única de Delgado en las presuntas irregularidades cometidas durante la autorización de parques eólicos a raíz de la venta de algunas instalaciones por parte de promotores que no conseguían luz verde por no ceder a la exigencia de introducir socios locales.
González Mantero llegó a hablar de «amenaza» para explicar las presiones que se trasladaron a los grupos promotores de los parques pendientes de avocación, para que cedieran a las pretensiones de Delgado sobre el requerimiento de introducir socios locales de su elección. «Obligarlos desde el punto de vista administrativo no se podía; lo que se les
decía era que les gustaría que hubiera un socio local». Unas indicaciones que trasladaban con «ciertas precauciones» para hacer ver que no era una decisión del EREN, instándolos a pedir más información en Valladolid, en alusión a la Consejería. «No era obligatorio desde el punto de vista legal, pero en la práctica lo que se veía es que había una serie de propietarios que no llegaban a un acuerdo con el socio local y se les retrasaban las avocaciones», aseguró. Recordó el caso de Renovalia, cuyos parques avanzaron «a partir del momento en el que firmaron un acuerdo con una bodega de Valladolid. Fundamentalmente, los casos en los que quedaron retenidos fueron los de Canon Power, Hider, Ibervento y Augusta Wind», detalló González Mantero.
La fórmula empleada era la calificada como inexistente fase de competencia por evacuación. Una práctica para la que aseguró que «no había ninguna razón técnica ni administrativa». Sin embargo, si no se cumplía, las órdenes del entonces viceconsejero Rafael Delgado pasaban por «sacar esos parques de la planificación» que enviaban a Red Eléctrica, por lo que, al quedarse sin nudo de evacuación, no se firmaban las autorizaciones. Un ejemplo claro fue el correo enviado a un directivo de Hider en el que el propio González Mantero le trasladaba que Delgado «no iba a esperar más» y había ordenado sacar uno de sus parques de los puntos de evacuación, al no estar cerrado el acuerdo con Collosa, empresa de los hermanos Llorente. «Esta era la amenaza que se les hacía y, en la práctica, se les paralizaba la autorización», confirmó el exdirector del EREN. Señaló, además, la existencia de una segunda fase en la que el principal acusado llegó a pedir incorporar a la planificación parques «que no tenían ningún sentido».
El testigo también explicó que la elección de estos socios, que se hizo sin ningún tipo de publicidad y bajo la justificación de promover la industria local en un sector clave en la comunidad, le fue trasladada por el exviceconsejero en un papel escrito a mano durante una de las primeras reuniones que tuvieron en 2005 en la Consejería. «En una sala de reuniones, me da un papel manuscrito donde aparecen una serie de socios, que a mí algunos ni me sonaban; otros sí, porque eran empresas muy conocidas, como Helios. Me dijo 'cópialo' y lo copié en un folio; no me dejó el papel», detalló sobre una forma de proceder que le pareció «rara».
Sí reconoció González Mantero a preguntas de la defensa de Rafael Delgado, que los acuerdos entre grandes grupos eléctricos y empresas regionales eran habituales, más allá de las filiales de Iberdrola investigadas. También confirmó que la instrucción de avocación «extraordinaria» siguió en vigor «años después de la salida de Delgado», ya con Begoña Hernández al frente de la Viceconsejería. Pero que esta, sin embargo, «no mostró interés» en los socios locales, no recordando haberle enviado esos mismos listados a petición de Delgado y en los que figuraba información sobre la composición del accionariado de los promotores, que, como pudo comprobar con posterioridad en los metadatos, fueron creados por Iberdrola.
