Juicio por la trama eólica

Un exjefe de Industria considera «un poco extraño» el sistema por el que se decidía la autorización de parques

El jefe de Sección de Industria y Energía en el Servicio Territorial de Palencia entre 1996 y 2016, José Ramón Sánchez Yagüe, calificó este miércoles que el sistema de avocación, que otorgaba a la Dirección General de Energía y Minas y al entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la potestad final para la autorización definitiva de los parques eólicos en la comunidad fue un «poco extraño».

«Se estableció este sistema de manera genérica cuando lo habitual es que la avocación se plantee para que el órgano superior tome una decisión sobre un expediente concreto», precisó. Lo hacía en referencia a la instrucción 2/2004 por el que todos los expedientes se tenían que someter al trámite de avocación y enviarlos a la Dirección General para su resolución.

Sánchez Yagüe, que esta mañana declaró como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, aseguró que nadie le mencionó la «exigencia» de que las empresas promotoras de proyectos debían contar con socios locales de Castilla y León. «Me suena. No era una exigencia que estuviera en la norma pero se hablaba que era conveniente que la actividad económica estuviera centrada en la comunidad, algo que también ocurría en otros territorios. Era conveniente pero no puedo decir que fuera necesario», afirmó. Además, subrayó que, pese a conocer a Rafael Delgado, no tuvo ningún contacto directo con él, desde su puesto en la administración.

El exfuncionario añadió, a preguntas del Ministerio Fiscal, que, a consecuencia del sistema de avocación, los expedientes administrativos en el Servicio Territorial de Palencia tardaban «mucho» en resolverse, hasta el punto que algunas empresas llamaban a la Junta para preguntar por la tramitación de las autorizaciones. De ahí que apuntara que era previsible que hubiera colapso de expedientes en la Dirección General al recibir los proyectos de todas las provincias de la comunidad.

José Ramón Sánchez Yagüe explicó, según recogió la Agencia Ical, que los expedientes de los parques eólicos tenían el «matiz» de un sistema previo de concurso, por el que las empresas presentaban las solicitudes de proyectos en un ámbito territorial. Una vez recibidos todos, se establecía un plano con la interferencia entre los proyectos. De esta manera, los que coincidían en un área se tenían que resolver a posteriori, por el que el Ente Regional de Energía (EREN) informaba sobre ese conflicto de competencias.

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