La Junta defiende ante la Fiscalía que no hay malversación por sobrecoste en el Hospital de Burgos

José Antonio de Santiago-Juárez López./Leticia Pérez-Ical
José Antonio de Santiago-Juárez López. / Leticia Pérez-Ical

El vicepresidente asegura que denuncias como la que hizo el lunes Manuel Mitadiel se han sobreseído anteriormente y amenaza al procurador de Ciudadanos con acciones judiciales por presentar «una denuncia temeraria por desprecio a la verdad»

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

El Gobierno de Juan Vicente Herrera ha elaborado (HUBU). Es la respuesta a la denuncia que presentó el lunes el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel sobre los pagos efectuados por la Junta a la concesionaria con motivo del primer modificado del contrato. Luego hubo otros dos reequilibrios posteriores.

El parlamentario de la formación naranja considera que la Consejería de Sanidad abonó dos veces por el mismo concepto y es ese 'repago' a la concesionaria el que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. La cuantía supera los 43 millones de euros.

Mitadiel insiste en que sobre el pago concreto que él ha trasladado a la Fiscalía no se han pronunciado ni el Tribunal de Cuentas ni el juzgado burgalés

Mitadiel insiste en que sobre el pago concreto que él ha trasladado a la Fiscalía no se han pronunciado ni el Tribunal de Cuentas ni el juzgado burgalés

El vicepresidente de la Junta y portavoz del Gobierno autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha defendido que el proceder de Manuel Mitadiel en este asunto puede encajar en el hecho tipificado de «denuncia temeraria por desprecio a la verdad». De Santiago-Juárez ha relatado que el procurador de Ciudadanos ha sido miembro de la comisión de investigación que ha analizado en las Cortes los sobrecostes y el modelo de gestión del hospital burgalés, único en Castilla y León no construido directamente por la Junta y puesto en marcha por una concesión a una sociedad de empresas que lo han edificado y equipado, además de encargarse del mantenimiento, la reposición de equipamiento y la gestión de 14 servicios que no son de atención directa sanitaria (limpieza, lavandería, energía, historias clínicas...). A cambio, la concesionaria recibe un canon durante 30 años. El valor del contrato inicial se estipuló en 1.202 millones de euros y tras los modificados está actualmente en 1.667 millones.

«Lo que ha denunciado se ha archivado en otras ocasiones y él (por Manuel Mitadiel) lo conoce », ha asegurado el portavoz de la Junta, al tiempo que ha añadido que «nos reservamos las necesarias cuestiones judiciales que podamos plantear». Estas pasan por acusar a Mitadiel de promover una «denuncia temeraria por desprecio a la verdad».

El vicepresidente autonómico ha enumerado los informes favorables a los modificados del proyecto que emitió el Consejo Consultivo de Castilla y León y el sobreseimiento por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estatal de la denuncia por sobrecostes e irregularidades que presentó el secretario del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Luis Tudanca. Esa denuncia es de febrero de 2014 y se archivó en enero de 2015.

Auditoría de los interventores del Estado

José Antonio de Santiago-Juárez ha recurrido a la auditoría efectuada por los funcionarios de la Intervención General del Estado a petición del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos. El informe elaborado por la Junta para su remisión a la Fiscalía en respuesta a la denuncia de Ciudadanos apunta que los interventores estatales concluyen que «no se han detectado incumplimientos normativos significativos» en el contrato del Hospital de Burgos y los tres modificados del mismo y que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa... toda vez que no existen indicios suficientes de la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos».

A la investigación del órgano que fiscaliza presupuestos y contratos gestionados por administraciones públicas, José Antonio de Santiago-Juárez incorporó el procedimiento que ha seguido el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, tras la denuncia de un particular en noviembre de 2014 y que ha concluido en octubre del año pasado. «Se ha sobreseído la causa y archivado las actuaciones después de que el juzgado pidiera un auditoría que fue realizada por la Intervención General del Estado y que concluye que todo es conforme a la ley», ha remarcado el portavoz de la Junta.

«La actuación de la Junta ha sido correcta en todo momento. No ha habido sobrecostes y sí un aumento de la inversión», ha concluido el vicepresidente autonómico. El informe que la Junta va a remitir de inmediato a la Fiscalía resalta, además, que la concesionaria ha interpuesto 23 recursos por discrepancias con la Junta, que la Administración ha aportado copiosa documentación a los tribunales en estos contenciosos y que «ninguno de los juzgados ha detectado o advertido irregularidades».

«¿Qué trata de tapar el señor Mitadiel yendo a la Audiencia el último día que es aforado? El cisco que tiene Ciudadanos en Castilla y Léon, donde cada día hay dimisiones en una provincia», ha precisado José Antonio de Santiago-Juárez. El colaborador de Juan Vicente Herrera acusó a Manuel Mitadiel de usar a la Justicia «por motivos políticos» y le conminó a «devolver las dietas» que ha percibido por su asistencia a las sesiones de la comisión de investigación de las Cortes por no hacer allí su trabajo. «Si no ha estudiado la documentación o estaba dormido ese es su problema», ha insistido el alto cargo de la Junta.

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Manuel Mitadiel ha encajado con ironía esas valoraciones del vicepresidente de la Junta. «Lo que yo digo lo dicen también el gerente regional de Salud y el director general de Infraestructuras de la consejería para no abonar un gasto similar en el tercer reequilibrio de la concesión», ha valorado el procurador de Ciudadanos. Mitadiel ha animado a De Santiago-Juárez a «no confundir churras con merinas y dar cuentas de una inversión absolutamente desastrosa, que empezó en poco más de mil millones de euros y va ya por más de 1.700».

El procurador leonés, que no concurrirá a las próximas elecciones, ha manifestado que los asuntos enjuiciados por el Tribunal de Cuentas y el juzgado burgalés a los que alude la Junta son cuestiones más generales y no el caso concreto que él ha denunciado sobre un pago efectuado en concepto de gastos generales y beneficio industrial en el primer reequilibrio del contrato. Algo que luego la Junta se negó a hacer en los siguientes por considerar incorrectos los criterios que se aplicaron en ese abono del año 2010, según ha explicado el dirigente de Cs. «La documentación que hemos aportado a la Fiscalía incluye el informe del Consejo Consultivo en el que se señala explícitamente que se pronuncia sobre la forma y no sobre el fondo», ha remarcado Mitadiel.

El procurador naranja explicó el lunes, ante la Audiencia de Valladolid, que otras cuestiones del expediente del Hospital de Burgos que podrían tener un recorrido judicial han prescrito, al haber pasado ya diez años de esos hechos, lo que implica que sería más complicado probar que hay un delito continuado, algo que no ocurre con el pago que ha trasladado a la Fiscalía, que se produjo en 2010.

«Las discrepancias políticas o ideológicas sobre el modelo de gestión del Hospital de Burgos no justifican denuncias que ya han sido examinadas y resueltas por instancias judiciales que niegan la existencia de irregularidades», concluye la nota oficial sobre el informe elaborado por la Junta.