Ocho proyectos y proposiciones de ley morirán con el final de la legislatura autonómica

El hemiciclo vacío de las Cortes de Castilla y León en una foto de archivo./Gabriel Villamil
El hemiciclo vacío de las Cortes de Castilla y León en una foto de archivo. / Gabriel Villamil

La Junta ve cómo concluye la actividad parlamentaria sin que se hayan aprobado las normas sobre el Voluntariado, el Diálogo Civil y el Mapa de Unidades Básicas para ordenar el territorio

Arturo Posada
ARTURO POSADAValladolid

La disolución de las Cortes de Castilla y León, prevista para este martes 2 de abril, dejará en el tintero un puñado de leyes que se encontraban en diferentes fases de tramitación. En total, ocho normas se quedarán sin ver la luz y morirán con el final de la IX Legislatura autonómica. Cualquier iniciativa que no se apruebe durante el periodo de actividad decae con la disolución de las Cortes. La cámara que surja de las elecciones autonómicas del 26 de mayo se estrenará sin asuntos pendientes.

Tres de las ocho normas que ya no podrán ser votadas en el hemiciclo partían de la Junta de Castilla y León, mediante proyectos de ley, y formaban parte del programa con el que el Partido Popular concurrió a los comicios en 2015. Las otras cinco corresponden a iniciativas de la oposición, presentadas a través de proposiciones de ley que tampoco llegarán al final del proceso de tramitación.

En el punto 629 de su programa electoral, el PP se comprometía en 2015 a aprobar «en el primer año de la legislatura mediante una norma con fuerza de ley, el Mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio rurales de la Comunidad, previa negociación con las principales fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León». Este era el proyecto estrella de la Consejería de la Presidencia y fue presentado el 15 de febrero de 2017, pero se topó con cinco prórrogas y la oposición final del grupo socialista, al considerar que no blindaba el acceso público a «servicios públicos de calidad».

Tampoco saldrá adelante el proyecto de ley para regular el Diálogo Civil, una norma que buscaba establecer la obligatoriedad en la elaboración de normas, estrategias, planes y programas de la Junta, para que «las organizaciones sociales presentes en los órganos de participación pudiesen realizar aportaciones desde el primer momento». Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas y el proyecto de ley decaerá con el fin de la legislatura.

La tercera norma impulsada por la Junta tenía como objeto modificar la Ley del Voluntariado de 2006 para favorecer un voluntariado abierto a toda la sociedad y reconocer a los voluntarios tecnológicos y digitales. La prórroga para presentar enmiendas y el atasco en los últimos Plenos frenaron su desarrollo.

Otras normas

Cuatro proposiciones de ley formuladas por los grupos parlamentarios de la oposición que se encontraban en curso desaparecerán con el cierre de las Cortes. Es el caso de la modificación de la Ley de Servicios Sociales que logró tramitar el PSOE en diciembre para desarrollar una norma inclusiva que actuase sobre las causas de los problemas sociales.

Tampoco cuajará la Ley de Diversidad Sexual y de Género, propiciada por Podemos, PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto, que quedó desbloqueada cuando Silvia Clemente, entonces presidenta de las Cortes, permitió con su voto de calidad la tramitación ordinaria tras ser frenada durante meses por el Grupo Popular. Las enmiendas presentadas posteriormente impidieron su votación final.

Además, estaba pendiente la modificación de la ley de 2010 sobre Violencia de Género que presentó Podemos para ampliar la definición del concepto y formas de violencia. Y en el tintero quedarán la proposición para reformar la Ley Electoral de Castilla y León y la norma para regular el nombramiento y control de los senadores por la comunidad, dos iniciativas de Ciudadanos.

«No es normal que 800.000 personas no tengan aún su territorio ordenado»

Uno de los grandes lamentos del Ejecutivo regional en este final de legislatura pasa por la imposibilidad de sacar adelante el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, los conocidos como 'mapas rurales'. A juicio del vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «no es normal que 1,6 millones que viven en Castilla y León tengan ya el territorio ordenado, según la ley consensuada hace cinco años con el Partido Socialista y que 800.000 no lo tengan ordenado». «Nadie ha explicado por qué. Lo pactamos con un secretario general del PSOE, con otro, con la gestora del partido... El señor Tudanca firmó en el arranque de legislatura unos acuerdos para impulsar la renta rural. Después de un año y pico trabajando, la ley se ha quedado congelada. Nadie ha presentado un modelo alternativo. Lo siento mucho, pero no por el gobierno de Castilla y León, sino por Castilla y León. Esta comunidad necesita una ordenación ya para mantener los 2.248 municipios», apuntó De Santiago-Juárez esta semana.

Este proyecto de ley llegó a las Cortes a inicio de 2017. El texto propuesto por la Junta dividía a la comunidad en 193 áreas para la prestación de servicios autonómicos (sanidad, educación y servicios sociales) y municipales (abastecimiento, alumbrado...). El Gobierno autonómico confiaba en contar con el apoyo del PSOE y aprobarlo antes del mes de abril de aquel año. A diferencia de otras leyes, esta necesitaba una mayoría reforzada y debía quedar respaldada por 56 de los 84 procuradores de las Cortes.

Cinco prórrogas para presentar enmiendas frenaron su desarrollo y, en octubre de 2017, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ya la dio por enterrada, al considerar que no blindaba ni garantizaba «el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad».

Ahora, José Antonio de Santiago-Juárez considera que «la cabezonería» de Tudanca «ha perjudicado al medio rural» de la comunidad.

Pero el vicepresidente de la Junta también hace autocrítica:«Cuando una negociación no arranca, alguna responsabilidad tendremos los demás. Pero le hemos dedicado muchas horas y lo siento por Castilla y León».