Apoyo a la automoción

Sector estratégico por su aportación al PIB y el empleo que genera, necesita un plan en el que las instituciones actúen al unísono

La ministra de Industria, Reyes Maroto, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso./Fernando Villar-Efe
La ministra de Industria, Reyes Maroto, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso. / Fernando Villar-Efe
EL NORTEValladolid

El Plan Estratégico de apoyo integral al Sector de Automoción, que ayer presentó la ministra de Industria, Reyes Maroto, constituye un punto de partida para encuadrar la participación de las administraciones públicas en un ámbito de actividad que representa buena parte de la economía productiva de nuestro país y de su empleo de calidad.

Ello al margen de que la iniciativa del Gobierno guarde relación con su intento de proyectar la sensación de continuidad en paralelo a la precampaña electoral, como un recurso más de propaganda partidaria. También por eso es imprescindible que los distintos partidos expongan su parecer respecto a qué harán a partir del marco de actuación propuesto por la ministra Maroto si desde el 28 de abril pasan a integrar la mayoría de Gobierno. Siendo al mismo tiempo necesario que las empresas del sector expongan su parecer pormenorizado sobre el alcance real del plan, cuando ya ayer Anfac hizo notar su inconcreción. La industria de la automoción radicada en nuestro país constituye, por el empleo que genera, el peso que alcanza en nuestra balanza comercial y la extensión territorial de su implantación, un sector estratégico para el presente y el futuro de España.

Los principales desafíos a los que se refiere el propio plan –una movilidad sostenible, una fiscalidad verde, el impulso a las inversiones, el incremento de vehículos sin emisiones y la formación dual– son, junto con otros que conciernen al sector, indistinguibles de los retos que afrontan la economía y la sociedad españolas. Si en algún ámbito resulta obligada la cooperación público-privada es en este. Pero para ello resulta necesario que las instituciones actúen al unísono, y que un mismo Gobierno no promueva una doble estrategia. En este caso, la de la transición energética a cargo de la ministra Teresa Ribera, ideada casi de espaldas a los propósitos anunciados por su compañera en el Consejo de Ministros, Reyes Maroto. Lo último que una Administración pública puede hacer en la gestión de los recursos y de las expectativas de todos es operar con líneas que puedan volverse divergentes. El Gobierno ha previsto dotar al plan con una aportación presupuestaria plurianual de 2.634 millones para el período 2019-2025. Pero serán el próximo Gobierno y el siguiente los que tendrán en su mano presentar al Parlamento el presupuesto y las medidas que se deben aplicar.