Europa tendrá la última palabra sobre las hipotecas

Un hombre viendo anuncios de viviendas. /Avelino Gómez
Un hombre viendo anuncios de viviendas. / Avelino Gómez

Las asociaciones de consumidores animan a acudir al Tribunal de Luxemburgo, al ver pocas opciones a través del Constitucional

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

La polémica y apretada decisión del Tribunal Supremo que carga al cliente el pago del llamado impuesto de las hipotecas (Actos Jurídicos Documentados) deja, a priori, sin apenas armas jurídicas a los usuarios para reclamar ese dinero, aunque no cierra todas las puertas. Pendientes de conocer en los próximos días los argumentos que la Sala de lo Contencioso-Administrativo plasmara en sus próximas sentencias, el horizonte más probable es que terminen siendo revisados por la justicia europea.

Y no sería la primera vez, ni mucho menos. Ya ocurrió a finales de 2016 cuando, desautorizando al Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que no se podían poner límites a las reclamaciones sobre cláusulas suelo en los créditos hipotecarios si aquellas se estimaban abusivas.

En septiembre de 2017 le llegó el turno a las hipotecas en divisas, estimadas nulas por el TJUE si carecen de «información suficiente» al firmarlas. Otras cuestiones sobre la 'letra pequeña' de esos préstamos siguen pendientes de pronunciamiento en la Corte de Luxemburgo relativas a cláusulas de vencimiento, intereses, vinculación al IRPH, papel de fondos «buitre» y desahucios –probablemente termine anulándolos si las ejecuciones se inician por un solo impago–.

Algunas de esas cuestiones prejudiciales fueron planteadas por el alto tribunal español, otras por juzgados de lo civil. Esta última sería la vía que cabría ahora, según las organizaciones de consumidores, donde creen que el cambio de criterio tan rápido del Supremo y lo apretado de su decisión –que contará con uno de los votos particulares más numeroso que se recuerdan– puede llevar a alguno de esos magistrados de Primera Instancia a llevar sus dudas ante la curia comunitaria.

Genera «más confianza»

«Hay razones de peso para que Europa se pronuncie», señalan desde la OCU. Y es que los últimos años parecen demostrar que la vía del TJUE «da más confianza a los consumidores», apostillan en Facua.

La otra vía de recurso sería ante el Tribunal Constitucional (TC), a través de uno de los cientos de pleitos abiertos. Para prosperar tendría que probarse la vulneración de algún derecho fundamental, algo complicado a priori al ser la decisión de una Sala completa del Supremo.

El abogado del Ayuntamiento de Rivas (Madrid) sí pedirá amparo al TC por vulneración del principio de igualdad, pues en tres casos (los resueltos en octubre y que dieron lugar a toda la polémica posterior, tras la corrección del alto tribunal) se le devolverá el pago del impuesto y en otros tantos se resolverá ahora lo contrario con el nuevo criterio.

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