La Fiscalía defiende el «interés colectivo» en el juicio de Bankia más allá de las acusaciones particulares

Vista de la sede central de Bankia. /Reuters
Vista de la sede central de Bankia. / Reuters

Rechaza aplicar la doctrina Botin para expulsar a las acciones populares porque este «quebranto» fue «el mayor rescate» a una entidad financiera en España

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Ni perjudicados directos, ni accionistas pendientes de resarcir. Para la Fiscalía Anticorrupción no es necesario que se den estas circunstancias para justificar la presencia de las acusaciones populares y buena parte de las particulares en el juicio por la polémica salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se juzga desde el lunes pasado en la Audiencia Nacional. Basta para legitimar su continuidad en el proceso, según manifestó este miércoles la representante del Ministerio Público, «la relevancia e interés colectivo» de los hechos que se están juzgando, en concreto la posible falsedad de las cuentas anuales en 2010 y 2011 de la que fue «cuarta entidad financiera del país».

La fiscal Carmen Launa salió así al paso de la petición casi unánime realizada en la víspera por las defensas de los 34 acusados -entre ellos, tres personas jurídicas: el banco, su matriz BFA y la auditora Deloitte- para hacer una especie de 'limpia' de acusaciones en el proceso, de manera que solo quedaran quienes estuviesen «realmente legitimados, acreditando con poderes que representan a propietarios de títulos» de la entidad y que, además, no hubieran sido compensados ya económicamente por sus acciones. Su amenaza de iniciar acciones legales contra ellos, en caso de resultar absueltos al final de la vista oral, pretendía provocar una desbandada entre ellas.

Pero en Anticorrupción, donde durante la instrucción del caso discreparon en varias ocasiones con el criterio de las acusaciones -por ejemplo, respecto a la imputación de las antiguas cúpulas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que finalmente se quedaron fuera del juicio y solo testificaran-, no quieren que los antiguos responsables de Bankia aprovechen posibles resquicios legales para verse libres de posibles culpas antes de tiempo. Por eso ya anunciaron el lunes que, «eventualmente», podrían acusarles de un delito de falsedad contable, además de la estafa -en la modalidad de fraude a los inversores- que ya les imputaban. De esta forma no solo irían de forma global contra las 34 personas del banquillo, sino que duplicarían su petición de penas para Rodrigo Rato y sus tres principales colaboradores -los cuatro únicos que acusan hasta ahora- hasta un máximo de 12 años de cárcel.

«Este quebranto, el mayor rescate español, alcanza una relevancia e interés colectivo del que todos somos conscientes». Con este argumento la fiscal Launa intentó echar por tierra la posibilidad de privilegiar a unas acusaciones respecto a otras en función del perjuicio que pudieran acreditar. Y es que, según explicó en su intervención ante el tribunal, bien se podría entender que los afectados podrían llegar a ser todos los españoles, en la medida que de las arcas públicas -aunque a través delFondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya personado como acusación particular- salieron los 22.424 millones de euros que en varias fases se terminaron inyectando en Bankia para reflotar sus cuentas. Además, añadió, no debe olvidarse que «se puso en riesgo al sistema financiero nacional en su conjunto», esto es, la afectación iría más allá de los propios clientes de Bankia.

Unas cuentas «públicas»

Otro elemento que esgrimió para defender su tesis es que las cuentas anuales ahora cuestionadas fueron «objeto de publicidad evidente» y trascendieron a la opinión pública, al ser publicadas en los medios de comunicación, por lo que también por esta vía el universo de posibles afectados sería mucho mayor que los 10.700 accionistas que llegaron a presentar denuncia ante la Audiencia Nacional. No obstante, los primeros perjudicados, aparte de esos inversores, serían también «las cajas de ahorros y sus partícipes» que luego conformaron Bankia y BFA, lo que permite legitimar -a juicio de la representante del Ministerio Público- la presencia de todas las acusaciones ya personadas. «No procede, por tanto, la nulidad de la apertura de juicio oral», concluyó.

En esta tesitura la fiscal ha rechazado que pueda aplicarse la llamada doctrina Botín que, según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en 2007, impediría seguir con un procedimiento si no acusan ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares y solo lo hacen quienes ejercen la acción popular, que es precisamente la situación actual respecto al delito de falsedad contable que se atribuye a una treintena de los exconsejeros de Bankia, incluida la entidad, su matriz y la auditora. Y respecto a las dudas generadas por las defensas sobre la falta de concreción de las imputaciones que versan sobre ellos -«nos sentamos aquí sin saber quiénes tenemos enfrente», llegó a quejarse el abogado de BFA-, Launa defendió la «exhaustiva y rigurosa» instrucción del caso, así como rechazó que se haya podido vulnerar el principio de igualdad con algunos exconsejeros.

Tras la Fiscalía han intervenido, para defender su presencia en el juicio, los abogados de las acciones populares que ejercen la asociación de usuarios financieros Adicae, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y el sindicato CGT, así como media decena de acusaciones particulares. Las primeras han coincidido en que no se puede «permitir una salida en falso», por la vía de su expulsión directa, al que han calificado como «el mayor fraude que ha habido en todas las salidas a Bolsa en España».

 

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