Las contradicciones del supervisor ensombrececen la OPV de Bankia

El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al acudir al juicio de Bankia. /EFE
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al acudir al juicio de Bankia. / EFE

La antigua cúpula del Banco de España culpa a la recesión, pero varios exdirectivos apuntan a la fuerte rebaja del precio y a las pérdidas ocultas

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

La imagen del Banco de España, puesta en entredicho por su gestión en la última gran crisis financiera, ha sufrido otro varapalo a costa del juicio por la polémica salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Aunque su antigua cúpula fue exculpada judicialmente en septiembre de 2017 tras haber sido investigada por supuesta cooperación en lo que podría haber sido un fraude a los inversores, sin olvidar la presunta falsedad de las cuentas anuales, sus comparecencia en las últimas semanas ya como testigos ha alentado la conclusión que ya dieron entonces los magistrados de la Audiencia Nacional: una «omisión de decisiones» previas a su estreno que, sin embargo, resulta «atípica penalmente».

Esa conclusión legal, empero, no ha impedido que el tribunal haya comprobado de primera mano las contradicciones en el seno del órgano que debía velar para que el nuevo 'transatlántico' bancario auspiciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez -una «decisión política» tachada de nefasta por Luis de Guindos, el ministro de Economía que tuvo que afrontar luego su rescate- llegara a buen puerto. Este, sin embargo, trató de minimizar en la vista oral su papel a solo «dos cositas».

De un lado, animar a Bancaja para que se fusionara con Caja Madrid y otras cinco entidades de ahorros pues su presidente, José Luis Olivas, estaba «bastante remiso». Aunque «no sacamos un bate de beisbol», ironizó. Luego aprobaría algunos «trámites» para su estreno bursátil desde la comisión ejecutiva, aunque ni siquiera le interesó «especialmente» el precio final ni lo vio «relevante».

Pero para el que fuera jefe de la división de Normativa Contable del supervisor, Jorge Pérez, el «bestial» descuento que sufrieron las acciones antes del debut -el rango se rebajó de 15 euros a solo cuatro (salieron a 3,75)-, lejos de resultar algo menor, «nos inquietó bastante». Que lo que se vendía «como oro» terminara «a precio de cobre» venía a «evidenciar», según él, que las cuentas del ejercicio anterior (2010) «no se correspondieran con la realidad». «Estaba en absoluta contradicción con los estados financieros del propio folleto (de salida a Bolsa)», del que dijo que «no recogía lo esencial». «Y he visto muchos», apostilló.

Hasta el entonces director general de Supervisión, Mariano Herrera, no pudo evitar dejar en mal lugar a su jefe (Fernández Ordóñez), al reconocer que por ese fuerte descuento de casi el 61% -el mayor con creces en el estreno bursátil de una entidad financiera- el Banco de España sabía la posibilidad de que el Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, pudiera terminar resultando inviable -la dirección de Regulación recibió en julio de 2011 un informe estimando ese deterioro en 7.400 millones-. Luego, no obstante, trató de matizarlo. «No es que fuera un problema insalvable», señaló, pues no habría que diluir su participación «automáticamente» ni por ello su filial «era menos sólida».

«Efecto desestabilizador»

Incluso el entonces 'número dos' del supervisor, Javier Aríztegui, reconoció en el juicio que ese fuerte descuento tuvo un «efecto desestabilizador», aunque dijo que sí se asume «tiene arreglo» y restó importancia a que eso pudiera anticipar la necesidad de ayudas públicas. En su opinión, la clave es que no había «deterioros ocultos» en los balances de Bankia, y refrendó la tesis del gobernador de que el problema fue la «monstruoso recesión» del país.

Ambos respaldaron la controvertida decisión de permitir al banco cargar pérdidas contra reservas en vez de frente a resultados, lo que según el entonces jefe contable del supervisor chocaba con la normativa, además de generar un «efecto patrimonial muy grave» y un «riesgo reputacional» pues dicho órgano debe velar por la solvencia de los bancos pero así «no se protegía». La comisión ejecutiva -añadió- admitió esos problemas legales, pero lo aprobó porque «había razones supervisoras que cumplir, un concepto indeterminado que no se qué significa».

Para Aríztegui, por el contrario, esa fórmula de contabilización era «sensata y adecuada», aunque «luego hubiera que poner más capital» -admitió- y pese a que según los inspectores empotrados en Bankia eso permitió ocultar la necesidad de saneamientos de entre 8.000 y 10.000 millones de euros. Los propios exgestores de la entidad encabezados por Rodrigo Rato declararon en su turno como acusados que siguieron las instrucciones del supervisor, aunque a criterio de la Audiencia Nacional éste «no dio una carta blanca».

Por eso puede que para el tribunal revista menos importancia si el Banco de España animó a otros bancos a comprar en la operación de venta bursátil (OPV) de Bankia: los expresidentes de BBVA y CaixaBank así lo testificaron, pese a la negativa de Fernández Ordóñez. La responsabilidad «exclusiva y excluyente» de presentar unas cuentas «fieles», ya advirtieron los magistrados, es de los propios administradores del banco.

¿Correos «demoledores» o simples «pálpitos»?

La correspondencia interna entre los inspectores del Banco de España que trataron de escudriñar las cuentas de Bankia antes y después de salir a Bolsa, aunque se quejaban de falta de colaboración suficiente desde la entidad, se ha convertido en una de las principales armas de las acusaciones, e incluso de la Fiscalía que era remisa de inicio a usarlos. Hace apenas un mes fueron incorporados a la causa los cuatro últimos que, entre otras cosas, dejan en mal lugar al entonces gobernador.

Este declaró, tanto en la fase de instrucción como en el juicio, que «felizmente» no conoció «las tripas» de Bankia y que no llegó a ver los correos de José Antonio Casaus, el jefe de ese equipo de inspectores. Pero éste, en sendos mensajes de abril y julio de 2010, afirma que se reunió con Miguel Ángel Fernández Ordóñez a petición suya y que le habló de los «graves problemas de solvencia, falta de liquidez y rentabilidad» que tenían las cajas de ahorros que se iban a fusionar en ese banco. También aludía a «una importante distorsión en el mecanismo de fijación de precios».

En otro 'nuevo' correo Casaus menciona una reunión con el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdu, donde éste le confirmó la «inviabilidad» de la matriz, BFA, y su intención de presentar un plan de reestructuración porque las cuentas de 2012 arrojarían pérdidas cuantiosas. Pero el propio inspector lo desaconsejó porque veía insuficientes los cálculos de capital adicional.

En diciembre de 2011, un mensaje suyo señalaba que la clave de las cuentas de Bankia residía en «la estimación de los deterioros de los activos del sector promotor». Su compañero José Antonio Delgado habló de más de 20.000 millones de euros en créditos morosos «mal clasificados» para «maquillar» su impacto.

Para la Audiencia Nacional los correos resultan «demoledores», pero en opinión del exsubgobernador Javier Aríztegui no pasan de ser meros «barruntos, pálpitos y sentimientos».