La patronal tecnológica pide al Gobierno que espere a la OCDE con la 'tasa Google'

Teléfonos móviles de Google y sus asistentes virtuales, expuestos en una feria tecnológica./ EFE
Teléfonos móviles de Google y sus asistentes virtuales, expuestos en una feria tecnológica. / EFE

Sostiene que una armonización entre las economías desarrolladas podría mitigar el impacto negativo esperado sobre las pymes y el PIB, además de los precios para los consumidores

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

La patronal tecnológica Ametic, una de los dos más representativas del sector -la otra es DigitalES, que agrupa a las grandes empresas como Telefónica, Vodafone, Nokia y Ericsson, entre otras-, pidió este jueves al Gobierno que recapacite respecto a sus planes de aprobar de forma unilateral una 'tasa Google' a la española una vez deje de estar en funciones. Aunque contraria a la imposición de un nuevo impuesto a este tipo de compañías, señaló que al menos haciéndolo de forma consensuada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se podrían mitigar sus posibles efectos negativos al evitar una perdida mayor de competitividad, sin olvidar las consecuencias sobre la productividad.

En realidad, desde Ametic se dan esos perjuicios prácticamente por seguros, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en las que inician su andadura profesional con el ámbito tecnológico ('startups'), al «crearse una barrera de entrada al mercado» dado que estiman que les resultará «más caro» acceder a los servicios de las plataformas digitales. Apoyados en un estudio realizado por la Fundación Digital Global, sostienen incluso que «repercutirá negativamente en el bienestar de los consumidores españoles, particularmente en las rentas bajas».

Según su tesis, en la medida que dichas plataformas podrían terminar elevando sus precios si sus costes fiscales aumentan, quienes más lo acusarían de forma negativa serían los potenciales compradores con menos recursos económicos. Sin embargo, dicho informe no hace estimaciones de las cifras de ese posible encarecimiento, ni tampoco de los perjuicios para las empresas y la propia economía. Sí lo hizo otro informe de la consultora PwC presentado hace unos meses por PwC, aunque con una horquilla bastante amplia: en concreto, hablaba de un previsible impacto negativo en el Producto Interior Bruto (PIB) de entre 586 y 662 millones de euros.

En Ametic se quejan de que a diferencia de otros sectores, al tecnológico se le vaya a gravar con un impuesto sobre sus ingresos sin tener en cuenta los posibles beneficios o pérdidas. Asimismo, según el estudio referido «no existen evidencias que apoyen» la afirmación de que las empresas digitales «son más proclives a aplicar estrategias para reducir el pago» de su factura tributaria. Lo que sí ve probable es que una «penalización» fiscal a esas actividades «hará que España se perciba como un lugar incierto y costoso para hacer negocios, desalentando la inversión en nuevas empresas».

No esperar mucho más

Aunque la OCDE tiene previsto elaborar una primera propuesta común sobre la 'tasa Google' durante el primer semestre de 2020, Francia ya se ha anticipado poniendo en marcha un impuesto similar, aunque finalmente ha negociado con EE UU que si al final hay diferencias con el tipo fiscal que se armonice para todas las economías desarrolladas devolverá ese resto a las empresas afectadas. España podría ser la siguiente en aplicar su propio gravamen sobre el negocio de las compañías digitales, pues el Ejecutivo mantiene su intención de tenerlo listo en 2020 aunque no hubiera podido darse un acuerdo a nivel internacional.

El proyecto que ya elaboró el Ministerio de Hacienda a principios de año, y que se incluye en la propuesta de gobierno que el PSOE negocia con Unidas Podemos, señala que esa 'tasa Google' nacional gravará con un tipo del 3% los servicios de publicidad 'online' y la venta de datos. Las compañías con negocios digitales afectadas serían a priori las de mayor tamaño, en concreto aquellas que facturaran 750 millones de a nivel global y, al menos, tres millones en territorio nacional.

Según anunció a la Comisión Europea a finales de abril, el departamento que dirige María Jesús Montero estima que el nuevo impuesto generaría unos ingresos anuales de 1.200 millones de euros para las arcas públicas. Pero la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) rebaja bastante esa nueva capacidad recaudatoria, dejándola en una horquilla de entre 546 y 968 millones en función de que se cumplan diferentes variables.