Ayuntamientos y autonomías podrán exigir licencias municipales y regionales a los VTC desde otoño de 2022

Ayuntamientos y autonomías podrán exigir licencias municipales y regionales a los VTC desde otoño de 2022

El Gobierno les habilita por decreto para que puedan regular los vehículos de alquiler con conductor en el ámbito urbano y cambiar ya sus condiciones de explotación | Fomento establece una moratoria de cuatro años para que sean forzosos los nuevos permisos y compensará con hasta 24 meses, pero no dinero, en casos excepcionales

José Antonio Bravo
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Llegó, por fin, la 'fumata' que esperaban el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) pero no fue blanca ni negra, en función de lo que pudieran esperar unos o temer otros, sino más bien gris. El Consejo de Ministros, a propuesta del departamento de Fomento que dirige José Luis Ábalos, aprobó este viernes vía decreto la anunciada «habilitación» a las comunidades «para que gestionen y regulen» las VTC «en el ámbito de su territorio«, lo que incluye la posibilidad de que creen un nuevo permiso de carácter autonómico aunque los titulares de las autorizaciones nacionales ya concedidas dispondrán de una moratoria de cuatro años antes de necesitarlas.

Lo mismo pasará con las licencias municipales que puedan establecer los ayuntamientos dentro de sus competencias -algo que ya sucede con el taxi, que aparte tiene su autorización de transporte-, y «en orden al establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial», según recoge el real decreto-ley elaborado por Fomento, que ahora será enviado al Congreso para que sea aprobado en un plazo de 30 días o terminará decayendo. De esta forma, si el Ejecutivo logra los apoyos parlamentarios suficientes, los nuevos permisos urbanos serían obligatorios a partir de otoño de 2022 salvo en aquellos lugares que opten por no legislar.

El ministro Ábalos lo justificó en que «un transporte urbano se regula por quien tiene esas competencias y ello no crea inseguridad alguna, al contrario». Recordó que los vehículos de alquiler con conductor empezaron siendo un servicio «solo para ocasiones especiales (bodas, eventos, congresos…) y donde se desconocía cuál podría ser su trayecto» hasta la irrupción de las dos grandes plataformas digitales que ahora sustentan este negocio, Uber y Cabify. El resultado, apuntó, ha sido «una contradicción tremenda que afecta a los niveles competenciales» pues son «el único que no se regula actualmente a nivel urbano pese a competir directamente con estos medios».

Por eso defendió como «racional» el decreto elaborado por su Ministerio y respaldado por todo el Ejecutivo, que además cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional que en junio de 1996 ya distinguió una «dualidad de competencias», y la del Estado abarca los transportes que «discurran por más de una comunidad». De hecho, el titular de Fomento aseguró que las autorizaciones de ese ámbito ya concedidas se mantendrán -aunque «exclusivamente» para viajes interurbanos y que, salvo excepciones tasadas, se inicien en la región donde se concedieron-, descartando así que haya expropiación alguna. «Nadie las va a quitar», insistió.

«No es un derecho de propiedad»

Los VTC actuales podrán operar libremente en cualquier ciudad durante los cuatro años de moratoria -ampliables en otros dos por razones «compensatorias» en casos «debidamente justificados»-, contando solo con el permiso estatal. «Una autorización no supone derecho de propiedad alguno», precisó el ministro, para acto seguido advertir de que está sujeta a las condiciones de explotación «en cada momento y éstas pueden ir variando».

De hecho, «por delegación del Estado», las comunidades «quedan habilitadas» a través del decreto para «modificar las condiciones de explotación» desde su entrada en vigor, sin plazo de mora alguno. Esos cambios podrán afectar a las fórmulas de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. Y en el caso de los ayuntamientos podrán hacer lo propio -siempre «dentro de sus competencias»- atendiendo a criterios como «la utilización del dominio público viario, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica».

Ante la criticas que puedan llegar desde los diferentes sector implicados -las asociaciones del taxi no se pronunciaron oficialmente pero Unauto, la patronal de empresas de VTC, lo tildó de «decreto lío» y dijo que «sembrará inseguridad jurídica»- , destacó que el Gobierno ha seguido «el acervo normativo comunitario», además de haber sido estudiadas «muy bien» sus consecuencias legales por parte de la Abogacía del Estado. «Está blindado jurídicamente», llegó a afirmar Ábalos quien, no obstante, ve «probable» que se presenten recursos al decreto en las próximas semanas y por eso «precisamente» estima que la moratoria citada «debería ser suficiente para compensar tales perjuicios» (en forma de tiempo), sin que se prevea pago de indemnizaciones.

«Una autorización (de VTC) cuesta 39 euros», precisó el ministro para a continuación preguntarse con cierta ironía si «puede alguien luego pedir miles de euros en indemnizaciones y el Estado participar de ello». Ya con rostro más serio, señaló que «no tiene porqué darse pérdida de empleo» en el sector y, frente a las voces del mismo que así lo apuntaron en las últimas semanas, avisó de que «nadie», ni las propias empresas, «debería amenazar con ello». «En este conflicto hay intereses contrapuestos y nosotros hemos procurado no caer en ninguno», concluyó.

Sanciones más severas

Aparte del decreto para «habilitar» a otras administraciones a fin de que puedan regular también, no para «traspasar» competencias -precisó el ministro José Luis Ábalos-, el Ejecutivo ha endurecido el régimen de sanciones para los conductores de VTC, a fin de que cumplan tanto con la normativa actual como con la nueva que se pueda establecer. En Madrid, por ejemplo, se realizaron 10.000 inspecciones en 2017 y casi la mitad (4.700) acabaron con sanciones que suman 22 millones de euros, aunque buena parte están recurridas o simplemente impagadas.

El taxi reclama que se ejecuten esas multas y se castigue con severidad al reincidente, incluso con la pérdida de la autorización. Ante ello Fomento presentará a las Cortes en el plazo de seis meses un proyecto de ley que modifique el reglamento de sanciones para el transporte terrestre, de manera que dicho permiso se les pueda retirar un año si hay dos incumplimientos graves -por ejemplo, por actuar fuera de su comunidad, no comunicar los datos de sus servicios al nuevo registro telemático o recoger clientes que no los hubieran contrato previamente- e, incluso, de forma definitiva si persisten. Además, aumentarán las inspecciones para controlarlo.

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