El Gobierno no reformará las pensiones ni hará cambios laborales sin consenso

La ministra Magdalena Valerio. /Efe
La ministra Magdalena Valerio. / Efe

También renuncia a subir la cuantía para becas y a la eliminación del copago farmacéutico, aunque prepara una batería de medidas sociales

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Es la crónica de una muerte anunciada, pero todavía sin que haya un anuncio oficial claro al respecto, aunque así se puede interpretar. Los dos grandes compromisos que tenía por delante el Gobierno de Pedro Sánchez casi con toda probabilidad no podrá cumplirlos: derogar la reforma de las pensiones del PP y, a su vez, eliminar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una vez que reconoció que derogarla por completo no era factible. Para compensarlo, el Ejecutivo prepara una batería de medidas de carácter más social, entre las que estarían la cotización de las cuidadoras profesionales, el subsidio para mayores de 52 años, mejores pensiones por incapacidad permanente o una ayuda para familias con rentas bajas, entre otras.

«No es voluntad del Gobierno hacer una reforma unilateral en materia de pensiones», admitió este martes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante un acto con periodistas, en sintonía con las declaraciones que horas antes había hecho su homóloga de Hacienda, que descartó aprobar esta reforma por real decreto, tal y como exigen los sindicatos día sí y día también.

En realidad, Valerio siempre había defendido desde su llegada a La Moncloa que no haría lo mismo que Mariano Rajoy y que su objetivo era reformar el sistema de pensiones con consenso, aunque tras la convocatoria anticipada de elecciones desde Trabajo fueron mucho más ambiguos y no rechazaban ninguna opción. «Llevo con bastante dolor el que hayamos dejado por el camino la posibilidad de acuerdo en materia de pensiones», se lamentó.

Tras el fracaso del Pacto de Toledo, cuya comisión la semana pasada anunció la falta de consenso, la única opción que se podía barajar era que aprobaran una nueva fórmula de revalorización de las pensiones vinculada a los precios a través de un Real Decreto, puesto que fue la única recomendación, la número 2, sobre la que se anunció el pasado mes de septiembre un acuerdo en esta comisión, para que las prestaciones subieran «en base al IPC». Sin embargo, fuentes del Ministerio descartaron que fueran a cambiar la ley para introducir un nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y admitieron que tendrá que ser el nuevo gobierno que se conforme el que decida cuánto subirán las pensiones el próximo año, descartando también que, como último gesto, pudieran aprobar un alza para 2020.

Y, de igual manera, aunque todavía no dan por enterrada la 'contrarreforma' laboral, Valerio también descartó realizar cualquier modificación en la reforma aprobada en 2012 por Rajoy que no vaya a ser convalidada por la Diputación Permanente, algo que se torna complicado porque necesitan del apoyo de PNV y PDeCAT, además de Podemos. «Pasa lo mismo que con el Pacto de Toledo pero desde el punto de vista parlamentario», explicó. Aún así, seguirán negociando hasta el último momento con los agentes sociales y los grupos parlamentarios para tratar de recabar el apoyo suficiente para que las cuatro medidas que ya habían pactado con los sindicatos vean finalmente la luz: devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad de los convenios (es decir, que se prorroguen de forma automática mientras no se apruebe uno nuevo), implantar un registro diario de jornada en las empresas y limitar la subcontratación son esas medidas ya acordadas. También cabría la posibilidad de que finalmente solo se aprobara alguna de ellas, si ésta recabara los apoyos necesarios.

Pero lo que es seguro es que esto no irá en el Consejo de Ministros de este viernes, después de que ayer Trabajo cancelara la reunión de la mesa de diálogo social «por motivos de agenda». Sin embargo, sí se aprobarán probablemente medidas para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres -aunque no la ampliación de la baja de paternidad-, tal y como anticipó este periódico, y a su vez, prepara otra batería de propuestas de carácter más social, como el pago por parte del Estado de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales, del que se beneficiarán unas 180.000 mujeres con un coste superior a 300 millones, una ayuda de hasta 588 euros al año para las familias con pocos ingresos o nuevas bonificaciones en las cotizaciones en la Seguridad Social para trabajadores agrarios o parados de larga duración, entre otras. A su vez, elevará en torno a 1.000 euros -hasta los casi 7.000 euros- las pensiones de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común y, aunque no se haya incluido en el borrador de este Real Decreto, aprobará la ampliación del subsidio para los parados mayores de 52 años.