La división se ahonda entre las fuerzas independentistas en vísperas del juicio

Torra, en el acto de homenaje de la Generalitat a los presos el pasado miércoles./EFE
Torra, en el acto de homenaje de la Generalitat a los presos el pasado miércoles. / EFE

Torra se aferra a la eventual sentencia contra los líderes del secesionismo para intentar resucitar el proceso

CRISTIAN REINOBarcelona

Convertir el juicio en una oportunidad. Este es el objetivo del independentismo en vísperas del proceso judicial más importante desde la recuperación de la democracia y que, según ha avisado el president Quim Torra, «cambiará para siempre» las relaciones entre Cataluña y el resto de España.

Todo está muy abierto y la contestación del secesionismo dependerá de la dureza de las condenas (si las hay), pero el jefe del Ejecutivo catalán sí que ha adelantado que tras el fallo acudirá al Parlamento catalán con una «propuesta» para ver si tiene la mayoría para dar una respuesta. Elecciones o declaración unilateral de independencia (DUI), ese puede ser el dilema. Torra lleva meses hablando de buscar un «moméntum» que vuelva a resucitar el proceso. La esperanza que tienen algunos sectores secesionistas es que la sentencia, si es dura, actúe como en su día hizo la resolución del Constitucional contra el Estatuto. De catapulta para que el secesionismo supere el umbral del 50% de los votos en unas elecciones que le permita activar de nuevo la vía rupturista.

Pero el juicio también es un riesgo para el soberanismo. Si las condenas no son todo lo severas que reclama la Fiscalía, muchos de los argumentos empleados por el independentismo caerán por su propio peso. Torra llama continuamente a la unidad desde la Presidencia de la Generalitat, aunque le va a costar armar una respuesta de consenso al fallo judicial. Y es que si algo marca las relaciones entre los diferentes sectores del independentismo es una profunda división, que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, como pesos pesados de cada uno de los dos polos en pugna, han aireado estos últimos días como si no estuvieran a las puertas de un juicio tan importante.

El expresidente, que teme que el juicio le reste protagonismo y se lo dé al líder de Esquerra, abrió fuego presentando un recurso de amparo contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, en el Constitucional. Junqueras replicó con que él se quedó en Cataluña tras el 27-O por «responsabilidad ética» (no como otros). En paralelo, JxCat insiste en la investidura de Puigdemont y recuerda que si hace un año no fue posible fue por la cobardía de los republicanos.

La consejera de Justicia no cree que la sentencia esté escrita

La consejera catalana de Justicia, Ester Capella, no cree que la sentencia del juicio por el proceso independentista esté dictada y no renuncia «a ganar este procedimiento». En una entrevista en Catalunya Ràdio, Capella confió en que el Tribunal Supremo «vuelva a tener sensatez y no desborde el Código Penal» y dicte una sentencia absolutoria.

Capella criticó la forma en que fueron trasladados los presos independentistas, aunque celebró que «no hayan tenido que sufrir ningún tipo de vejación, ni improperio» por parte de los ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

«Si fuésemos una república y gestionásemos estas cosas ya le digo yo que estos traslados no serían así», aseguró la consejera, que insistió en que los presos deberían afrontar el juicio en libertad y no desde la cárcel.

Esta división tiene mucho de personal y también es ideológica. Los republicanos apuestan por un proceso más a largo plazo, ampliando la base social, en tanto que los neoconvergentes siguen con prisa. Pero sobre todo es de poder, de lucha por la hegemonía del espacio independentista con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas.

Esta fractura se puede acentuar durante las vistas porque los partidos ven en el proceso judicial una plataforma electoral. Los independentistas observan el juicio como una oportunidad, pero puede ser un problema. Por dos razones. El transcurso de la vista puede acabar convirtiéndose en una especie de sálvese quien pueda entre los acusados. Aseguran que hay un pacto de mínimos para no cargar las culpas entre unos y otros. Sin embargo, las diferentes estrategias jurídicas ya han dejado entrever discrepancias en las semanas previas al juicio.

Unos apuestan por una defensa política y otros se decantan por la técnica. Es significativo que no hayan sido capaces de pactar un portavoz de las defensas. O que, por ejemplo, el abogado de Joaquim Forn cargara las tintas contra Marta Rovira como responsable (por su fuga) de que los dirigentes del 'procés' sigan en prisión ya da pistas de que las estrategias no coinciden.

Rebajar la DUI

Corren además el riesgo de quedar en evidencia ante su parroquia. Todo lo que sea intentar rebajar el alcance de los hechos de octubre, por razones jurídicas y de defensa, como negar la DUI, será interpretado por los más puros como una renuncia. Convertir el juicio para saldar cuentas pendientes, entre Puigdemont y Junqueras, puede acabar de romper la alianza entre republicanos y neoconvergentes, que hasta la fecha han permanecido unidos solo por los presos y al juicio.

Con el agravante de que los partidos preparan sus maquinarias por si Torra pulsa el botón rojo electoral tras la sentencia. Hay elementos que pueden apuntar en este dirección. Como la salida de dos consejeros del Govern con destino al Ayuntamiento de Barcelona. Uno fue Ernest Maragall, de Esquerra, y la otra será Elsa Artadi. Fuentes independentistas reconocen un cierto aire de «desbandada» en una legislatura que arrancó con el objetivo imposible de hacer efectiva la república.

Ciudadanos se distancia de Sociedad Civil Catalana por su sesgo socialista

La falta de unidad también afecta al constitucionalismo. Ciudadanos marcó ayer distancias con Sociedad Civil Catalana, la entidad creada en 2014 para hacer de contrapeso de la ANC y que siempre ha estado en la órbita de la formación naranja. El portavoz de Ciudadanos en la Cámara catalana, Carlos Carrizosa, cargó contra el presidente de SCC por mostrarse contrario a una nueva aplicación del 155, una posición, añadió, que demuestra que se encuentra «más próxima a las tesis del PSC».

El presidente de SCC, Joan Ramón Bosch, aseguró el sábado que aplicar un nuevo 155 contra Cataluña sería uno de los «mayores errores que podría cometer el Estado» a día de hoy. Esta aseveración va en contra de la línea argumental de Ciudadanos, que aboga por un 155 indefinido, y está, en cambio, en sintonía con la de los socialistas.

Las aguas del constitucionalismo bajan revueltas desde las elecciones catalanas, en las que se impuso Ciudadanos. En la pasada legislatura catalana, hubo una cierta cohesión entre las tres fuerzas no soberanistas. Pero esa unidad se ha roto. El PSC apuesta por tender puentes con los independentistas, mientras que los liberales y el PP se niegan a participar en la mesa de diálogo creada por Torra a instancias de los socialistas.

En SCC, también hay mar de fondo. Bosch ha regresado recientemente a la presidencia de la entidad tras dejar el cargo hace tres años. Volvió después de que en diciembre la junta directiva de la entidad destituyera a la cúpula por «irregularidades administrativas». Tras su regreso, Bosch apostó por dialogar «con todas las partes» en Cataluña, un paso que en Ciudadanos no cayó bien.

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