La familia de la mujer asesinada en Costa Rica pide que el Gobierno ayude en la investigación

Del mismo modo, la pareja de Arantxa Gutiérrez ha solicitado a las autoridades policiales y judiciales del país centroamericano «que no descansen» hasta que el culpable esté en prisión, porque hasta ese momento «no podrá descansar la familia».

Escribano, que ha mostrado su agradecimiento «a los equipos de investigación, a los policías y a las autoridades judiciales», ha indicado que la Policía Judicial costarricense está realizando «fuertes investigaciones sobre este tema», y les ha pedido «que encuentren al responsable o responsables de esta barbaridad». Además, se ha mostrado «muy esperanzado con el compromiso de la Fiscalía de no descansar hasta que lo hayan conseguido».

El Juzgado Penal de Pococí rechazó el lunes por falta de pruebas la prisión provisional solicitada por la Fiscalía para el presunto autor del homicidio, que fue detenido el mismo sábado y que permanece custodiado por su condición de inmigrante en situación irregular.

El compañero de Arantxa Gutiérrez ha criticado que la información sobre Tortuguero facilitada tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores como por el hotel y por el guía turístico no avisara «de ningún riesgo» en la zona, cuando «las playas de Tortuguero estaban siendo patrulladas día y noche por la policía».

«Con el móvil de la agresión sexual, fue asesinada, parece ser, por estrangulación, a tan solo 50 metros del magnífico hotel en el que estábamos y donde no nos avisaron del peligro que corríamos, al igual que sus autoridades» o las españolas, ha indicado.

Miguel Ángel ha definido a Arantxa como «un ángel» y «una persona de esas que solo nacen de vez en cuando», generosa y amante del medio ambiente. «Queremos a las mujeres vivas, iguales, dignas y con orgullo, y las queremos así en España, en Costa Rica y en el mundo entero», ha señalado.

Los familiares de Arantxa han agradecido el apoyo recibido por parte de la Embajada y el Consulado Español en Costa Rica, de las autoridades judiciales y políticas del país y de las fuerzas de seguridad costarricenses, así como del equipo que les ha facilitado apoyo psicológico, el Ayuntamiento y los vecinos de San Fernando de Henares.