Torra, más cerca de la inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral

Actualmente, la única pancarta que hay en el Palau de la Generalitat es una que defiende la libertad de expresión y de opinión, en genérico (validada este míercoles por la Junta Electoral), pero los edificios del Gobierno catalán no lucen ningún cartel con lazos amarillos ni lemas de apoyo a los presos. Por tanto, la presunta desobediencia de Torra podría producirse por los dos días de la semana pasada en que supuestamente se negó a acatar las órdenes de la Junta Electoral y protagonizó lo que algunos calificaron de vodevil.

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibió este miércoles la querella y, una vez registrada, designó ponente al juez Carlos Ramos. Será la sala de admisiones la que acordará la pertinencia o no de su admisión a trámite y, por tanto, la que decidirá si sigue adelante con la investigación. Pero de entrada, la Fiscalía pide al TSJC que tome declaración al dirigente independentista como investigado. La imagen sería de impacto, pero no inédita, pues se trata del tercer presidente de la Generalitat consecutivo que tiene problemas con la justicia. Mas fue condenado a una pena de inhabilitación por el 9-N, Puigdemont está acusado de rebelión y malversación por el 1-O y ahora Torra podría llegar a ser inhabilitado, de seis a dos años, por un delito de desobediencia.

La querella llega seis días después de que la Junta Electoral ordenara a los Mossos retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos, abriera un expediente sancionador al president catalán y llevara el caso a la Fiscalía. Según recoge la querella, el pasado 11 de marzo la Junta Electoral Central instó al presidente de la Generalitat a que descolgara los lazos amarillos de los edificios públicos para «mantener la neutralidad política» durante los procesos electorales. Torra respondió presentando alegaciones.

Una semana después, el 18 de marzo, el organismo electoral ratificó su decisión y dio el segundo ultimátum al dirigente nacionalista para que acatara su orden. Sin embargo, el Ministerio Público cree que Torra procedió «consciente y deliberadamente» para desatender su requerimiento. Se escudó en el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) y dijo que seguiría sus recomendaciones. Trató de ganar tiempo con una maniobra de distracción. Al día siguiente (el jueves pasado) ni siquiera hizo caso síndic, que le pidió que acatara, y tiró por la calle del medio sustituyendo la pancarta a favor de los presos que había en el Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla. Según la Fiscalía, desoyó su orden de «manera encubierta» y mantuvo la simbología, desatendiendo «reiteradamente» a la Junta Electoral. El vieres pasado, en cambio, dos días después del plazo, retiró las pancartas de todos los edificios.

Como respuesta a la Fiscalía, Torra lamentó que «queda claro que la represión no se detiene» y que España «es incapaz de tolerar la discrepancia política». El presidente de la Generalitat optó por la estrategia de la mejor defensa es un buen ataque en forma de querella por prevaricación contra la Junta Electoral Central. Lo hizo pocas horas después de conocer que ya es formalmente un querellado. Según la denuncia presentada por el presidente de la Generalitat, en la doctrina tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional se dice que no se puede cometer delito de desobediencia mientras no se haya resuelto la solicitud de medidas cautelares. Además, Torra argumenta que la Junta Electoral fue modificando las medidas ordenadas en función de las alegaciones que presentaba el Palau de la Generalitat. A su juicio, esto demuestra el delito de prevaricación.