La justicia en su papel

Sobre el expresidente Puigdemont pesan varias acusaciones graves, empezando por la de rebelión, de las cuales no puede ser absuelto por un tribunal que no sea español ni ofrezca las garantías máximas

Carles Puigdemont./Efe
Carles Puigdemont. / Efe
DIEGO CARCEDO

El rechazo a la extradición de Puigdemont solamente por malversación no tiene demasiadas lecturas. Sobre el expresidente pesan varias acusaciones graves, empezando por la de rebelión, de las cuales no puede ser absuelto por un tribunal que no sea español ni ofrezca las garantías máximas. La decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, que le liberó de esa carga, implica concederle la impunidad por sus violaciones de la Constitución sin haber sido juzgado por quienes tienen las pruebas de los hechos e interpretan las leyes que rigen en el país, España, donde se cometieron. Es el segundo traspiés sufrido por la Justicia española en la aplicación de la euroorden, después de la negativa belga.

La única interpretación por lo tanto que cabe es que la Justicia española está actuando desde el ámbito más amplio y riguroso de su independencia. Sin interferencias políticas, sin ningún que otro poder puede coartarla o condicionarla, y menos un órgano extranjero que pretenda condicionarla. Tal vez haya personas que pragmáticamente opinen que ya es importante que los huidos sean entregados y pueda ser juzgado al menos por algo de cuanto se le acusa. Pero eso implicaría, primero una limitación para la soberanía española, y segundo que otros presuntos delitos quedarían impunes. Parece lógico que el Supremo no lo acepte y que renuncie a recurrir al Tribunal de Justicia Europeo.

El levantamiento de la Eurorden de extradición, que no ha funcionado con la eficacia esperada, implica que la Justicia está actuando en su papel, aunque quizás no con acierto a la hora de plantearla. Tanto Puigdemont como los otros políticos independentistas que huyeron de su responsabilidad, no serán extraditados de momento, pero quedan condenados – y ya no es poco – a permanecer en el extranjero en condición de evadidos muchos años de la Justicia de su país y a ser detenidos y juzgados si regresan. Puigdemont se podrá instalar sin especiales problemas en la residencia que tiene reservada en Waterloo.

El magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa desde el Supremo, ha sido preciso al dar una respuesta a la interpretación y a la decisión de su colega alemán que no sólo ha desestimado la euroorden en su esencia, sino que se ha permitido dudar, valorar e interpretar por su cuenta los fundamentos de la acusación, sin respetar los cauces procesales pertinentes, y, lo que es peor, impidiendo que quien procede que lo juzgue pueda hacerlo. Algo que como aclara Llarena, «podría haber quebrantado el orden constitucional español».

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