La Abogacía del Estado acusará de sedición, pero no de rebelión, a los líderes del 'procés'

Oriol Junqueras. / AFP

Los servicios jurídicos atienden las señales del presidente del Gobierno y rebajan su petición de pena

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

La Abogacía del Estado acusará este viernes a los procesados en la causa del 1-O de sedición y de malversación. Fuentes gubernamentales confirmaron que excluye el delito de rebelión, que sí mantendrá la Fiscalía, porque considera que el grado de violencia ejercido no fue suficiente para justificar ese tipo penal. Las penas por sedición van de 10 a 15 años de prisión, mientras que las de malversación van de seis a 12 años cuando el dinero público empleado de forma ilegal rebasa los 250.000 euros.

Los servicios jurídicos del Estado atendieron las señales que han hecho llegar los últimos días distintos miembros del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza, y descartaron incluir en su escrito de acusaciones la rebelión. La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia y no es un organismo autónomo, como sí lo es la Fiscalía. Sigue los criterios gubernamentales, que en este caso se habían decantado por no acusar de rebelión, penado con entre 15 y 25 años.

La sedición, de acuerdo al Código Penal, tiene un rango inferior a la rebelión y se aplica a quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes». El Código Penal detalla que la rebelión exige el empleo de la violencia. Esta agravante es el caballo de batalla en el debate de los juristas, divididos entre si el grado de violencia registrado en el asedio a la Consejería de Economía del 20 y 21 de septiembre y en el referéndum ilegal del 1 de octubre amerita la acusación de rebelión.

El Tribunal Supremo en su auto de apertura de juicio oral delpasado 25 de octubre atribuye el delito de rebelión al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los exconsejeros, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Form, a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. También se lo imputa, aunque no serán juzgados en rebeldía, al expresidente Carles Puigdemont, a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, y a la exsecretaria general de Esquerra Marta Rovira. La Abogacía del Estado, según las fuentes consultadas, rebajará su petición para estos 12 procesados a sedición.

El Gobierno socialista ha insistido ante los soberanistas catalanes para que no vean en las posiciones acusatorias de la Fiscalía y la Abogacía los gestos de distención que demandan para apoyar los Presupuestos. Pero los independentistas no solo reclaman rebajas en la petición de penas sino que vayan acompañadas de medidas sobre la libertad provisional de los procesados, cuya puesta en libertad exigen. Con esta postura de la Abogacía, los independentistas se habrán llenado de razones para ratificar su negativa a respaldar las cuentas públicas y dejarán a Sánchez al borde del precipicio de la legislatura.

La Fiscalía, además, ratificará su petición de penas de prisión por rebelión, con la calificación más elevada para Junqueras, como han apuntado fuentes jurídicas en los últimos días. De esta forma es de prever que el escenario político-judicial entre el Gobierno central y la Generalitat entrara en una fase de extrema tensión.

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