La Moncloa advierte de la vigencia del 155 hasta que se conforme un gobierno legal

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. /Efe
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. / Efe

El Gobierno fija su atención en quién ejercerá de número dos de la Generalitat y revela que en estos 120 días de intervención se ha cesado a 260 cargos catalanes

Nuria Vega
NURIA VEGAMadrid

El Gobierno detecta en la maniobra de Roger Torrent un intento de «mantener vivo el enfrentamiento con el Estado democrático, a pesar de que este ha demostrado sobradamente su capacidad para defender el imperio de la ley». Desde la Moncloa censuraron anoche la decisión del presidente del Parlamento catalán, que convocó con menos de 24 horas el pleno de investidura para elegir hoy a Jordi Turull líder de la Generalitat. Las mismas fuentes advirtieron de que mientras el nuevo ejecutivo no se constituya «conforme a derecho», las medidas de intervención al amparo del artículo 155 seguirán en vigor.

Aunque la intención de Torrent era convocar una ronda de contactos y designar en los próximos días al nuevo candidato, todo se precipitó después de que el Tribunal Supremo citara para este viernes a Turull y otros investigados por su participación en el desafío independentista. La intención del juez Pablo Llarena es comunicarles si todos ellos se mantienen en libertad provisional o si tras la instrucción deben regresar a la cárcel. Razón por la que el presidente de la cámara catalana entiende que la investidura no puede esperar.

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En el Ejecutivo advierten de que esta actitud «menoscaba la dignidad de la institución al actuar con precipitación y falta de transparencia en contra del interés general de los ciudadanos». «El Gobierno recuerda que ya existía un calendario establecido para la investidura que ha sido modificado de manera unilateral y arbitraria con un objetivo político condenado al fracaso», incidieron fuentes oficiales.

La candidatura de Turull nunca ha sido bien vista en la Moncloa. Ayer mismo, durante la sesión de control al Gobierno, el presidente, Mariano Rajoy, reclamó a las fuerzas secesionistas «un candidato limpio». En otras palabras, un aspirante libre de cargas judiciales que no pueda ser inhabilitado en el corto o medio plazo. Fuentes gubernamentales añadieron más tarde el «grave deterioro» que eso supondría para «la autonomía catalana». El Ejecutivo deslizó que el movimiento de Torrent puede tener consecuencias para aquellos dirigentes investigados por el Supremo, aunque no entró a valorar este extremo.

 

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