Rajoy reconstruye su actuación en el 'procés' en vísperas de testificar en el Supremo

Mariano Rajoy. /José Luis Nocito
Mariano Rajoy. / José Luis Nocito

Revisa las cartas que el Gobierno envió a Puigdemont para aclarar si se había proclamado la independencia de Cataluña

Nuria Vega
NURIA VEGAMadrid

Fueron las de septiembre y octubre de 2017 jornadas intensas en la Moncloa hasta que la tensión entre el Gobierno y la Generalitat derivó en la intervención de Cataluña. El 27 de octubre, el Senado autorizó al Ejecutivo de Mariano Rajoy a actuar al amparo del 155 de la Constitución y cesar al presidente catalán y sus consejeros. Ahora el exjefe del Ejecutivo revisa cada una de aquellas decisiones en vísperas de testificar el miércoles a las cuatro de la tarde en el juicio a los dirigentes que impulsaron el desafío independentista.

El expresidente ha dedicado los últimos días a repasar la frenética sucesión de acontecimientos que mantuvo en vilo a su Gobierno. Quienes trabajaron en su núcleo duro rememoran también la cronología desde que el 6 y 7 de septiembre de 2017 los secesionistas impulsaron un entramado normativo para sustentar el proceso de ruptura con el resto de España. El Parlamento autonómico aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, y, bajo el paraguas de la primera, Carlos Puigdemont y sus consejeros firmaron la convocatoria de la consulta del 1 de octubre.

Apenas habían transcurrido 24 horas cuando el Tribunal Constitucional aceptó las impugnaciones del Ejecutivo de Rajoy, dejó en suspenso cautelar la ley reguladora del referéndum y advirtió a los 948 alcaldes catalanes de su deber de obedecer y no participar en la organización de la consulta de autodeterminación. A partir de ahí, los hechos son archiconocidos.

Tras la votación del 1-O, Rajoy aún esperaría, en contacto con el PSOE y Ciudadanos, para cargarse de razones jurídicas y activar el artículo 155. El 10 de octubre, Puigdemont compareció en el Parlamento de Cataluña, asumió el «mandato» expresado en las urnas y, acto seguido, propuso la «suspensión de los efectos de la declaración de independencia». En la Moncloa, con más dudas que certezas sobre lo que acababa de ocurrir, resolvieron convocar un Consejo de Ministros extraordinario y el día 11 se envió un requerimiento al presidente de la Generalitat.

El intercambio de misivas puede ser importante en la declaración de Rajoy en el juicio. En aquella primera carta, el jefe del Ejecutivo reclamó a Puigdemont que aclarara si había proclamado o no la independencia de Cataluña. La respuesta del dirigente catalán no dejó zanjado el asunto y el Gobierno volvió a insistir. «Sí o no». En Presidencia no se dieron por satisfechos tampoco la segunda vez y el Consejo de Ministros decidió remitir al Senado la documentación para la puesta en marcha del 155.

El papel de Santamaría

Durante todo ese tiempo, Rajoy y su vicepresidenta asumieron la gestión de la crisis. Soraya Sáenz de Santamaría había dirigido la llamada «operación diálogo», en la que tuvo como interlocutor a Oriol Junqueras, entonces número dos de la Generalitat, y llegó a decir que tendría «despacho en Barcelona» para pilotar las conversaciones. Ahora también declarará como testigo el próximo miércoles.

Ese día acudirán al juicio en el Tribunal Supremo los exministros de Hacienda e Interior. Cristóbal Montoro fue el responsable de la intervención de la finanzas de la Generalitat para controlar que «ni un solo euro» fuera destinado al proceso secesionista. Juan Ignacio Zoido coordinó el despliegue de efectivos de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña en vísperas del 1-O.

Fuentes del PP pronostican que Vox, que ejerce de acusación popular, querrá aprovechar la presencia de miembros del Gobierno de Rajoy para escenificar sus diferencias con el modo en el que se administró el asunto. Fue, de hecho, este partido el que solicitó, junto a las defensas, la testifical. Ya el primer día de juicio, en la puerta del Tribunal Supremo, su presidente, Santiago Abascal, denunció la «inacción» del anterior Ejecutivo. «No fue capaz de sofocar -censuró- el golpe de Estado».

En el PP creen que Vox, que podrá hablar por primera vez en el juicio en la fase testifical porque los acusados han rechazado responder a sus preguntas, busca en el procedimiento un «altavoz» para la precampaña. Pero dan por sentado que Rajoy se ajustará a los hechos sin entrar en controversias de carácter político.

Mas, Torrent, Colau, Tardà y Rufián entran a escena en el juicio

Cristian Reino,- En cuanto declaren los doce procesados, llegará el turno de los testigos políticos. De la parte catalana, destaca la presencia del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, inhabilitado hasta febrero de 2020 por organizar la consulta del 9-N de 2014. Mas, que en enero de 2016 designó a Carles Puigdemont como sus sucesor ante la imposibilidad de ser investido por el veto de la CUP, fue investigado en esta causa del 1-O por un posible delito de rebelión, pero finalmente fue exculpado. Mas fue imputado por haber participado, presuntamente, en las reuniones del llamado comité estratégico del 'procés'. Su nombre aparecía en la agenda Jové, uno de los elementos clave de la acusación. En el momento de los hechos enjuiciados, Mas era presidente del PDeCAT. En estos momentos, está alejado de la primera línea. Comparece a petición de las defensas de Turull, Rull y Sànchez.

También deberá declarar el actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent. No comparecerá por su actual responsabilidad, sino por la que tenía durante los hechos de octubre, cuando era portavoz adjunto de Esquerra en la Cámara catalana. Era la mano derecha de Marta Rovira en el Parlament. Torrent, como hombre fuerte del grupo parlamentario republicano estuvo entre los responsables de la elaboración de las leyes de la desconexión y la votación parlamentaria de la declaración unilateral de independencia. Su comparecencia la ha solicitado Vox. Asimismo, está llamada a comparecer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La defensa de Jordi Turull y Jordi Sànchez ha solicitado su testimonio por el papel que jugó en las llamadas a la movilización durante las fechas clave del 'procés' y el rol que desempeñó en la organización del 1-O, facilitando los locales de votación.

Además, están citados los jefes de filas de ERC en el Congreso, Joan Tardà y Gabriel Rufián, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que era mano derecha de Junqueras en la Consejería de Economía, o la entonces coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal. Pascal también estuvo imputada en la causa, pero su caso fue sobreseído, igual que Mas. Pascal formaba parte del supuesto comité estratégico del proceso independentista. Aragonès, por su parte, que en octubre de 2017 era secretario de Economía, tiene aparcada, de momento, una investigación por parte del TSJC por un presunto delito de desobediencia vinculado al 1-O.