La Fiscalía buscará desmontar la versión de Jordi Sànchez con los testigos de la Guardia Civil

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. / EFE

El exlíder de la ANC sale vivo del interrogatorio y no se hace responsable de la «violencia» contra los vehículos del Instituto Armado el 20-S

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo, que sostiene en su escrito provisional que Jordi Sànchez lideró la movilización de la sociedad civil durante el 'procés' secesionista de Cataluña, espera rematar su tesis acusatoria en la fase testifical del juicio. Tras interrogar este jueves al procesado por un delito de rebelión, el Ministerio Público no enseñó todas sus cartas al tribunal y dejó que pareciera que Sànchez salía indemne en el intenso cara a cara con Javier Zaragoza, que le apretó como a ningún otro acusado.

Entre los más de 250 testigos pedidos por la Fiscalía, cuatro de ellos son agentes de la Guardia Civil que tuvieron contacto con el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) durante los incidentes acaecidos frente a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat el 20 y 21 de septiembre de 2017. Unos hechos que derivaron en una querella por sedición de la Fiscalía en la Audiencia Nacional.

Estas concentraciones fueron promovidas por el responsable de la plataforma civil indepedentista junto al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también juzgado en el Supremo por rebelión. Ambos acusados llamaron desde las redes sociales a sus seguidores para protestar contra el desarrollo de la 'operación Anubis', unas detenciones de los promotores del referéndum ordenadas por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Un general y dos oficiales de la Benemérita testificarán por los sucesos ante la Consejería

El relato exculpatorio de Sànchez se centró en su intento de demostrar que él no era el líder máximo que movía a las masas con unos simples mensajes en redes sociales. Esta atribución era «compartida» durante el 'procés', aseguró. Explicó al tribunal que llamó a protestar contra la 'operación Anubis', pero que lo hizo en el marco de su derecho fundamental a la expresión y manifestación, «en ningún caso» para impedir el trabajo de la comitiva judicial. «Ninguno de los detenidos que iban a ser trasladados a los registros en la Consejería -como el número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové- dejaron de venir por esta concentración festiva», recordó.

«No hubo intento de asalto»

El fiscal Zaragoza dio vueltas de forma constante a la responsabilidad de Sànchez en estos graves hechos, los daños a los vehículos de la Guardia Civil que formaron parte del dispositivo judicial y la imposibilidad de salir del edificio de los investigadores por la gran cantidad de manifestantes en la calle. Unas 40.000 personas en el momento álgido del día. Pero la insistencia del acusador, con algunas interrupciones del presidente del tribunal Manuel Marchena por sus redudantes preguntas, fue capeada por el acusado sin perder la paciencia.

«El relato de que hubo un intento permamente de asalto es falso. Estuve en contacto permanente con el teniente de la Guardia Civil que custodiaba el edificio para organizar las entradas y salidas. No voy a justificar la violencia sobre los vehículos. Fueron algunos manifestantes. Puedo ser independentista, pero no idiota», aseveró el procesado.

Para rebatir esta tesis de defensa, la Fiscalía ha llamado en la fase testifical al citado teniente. Sus palabras van a ser claves para el futuro procesal de Sànchez. Su abogado, Jordi Pina, sin embargo, avanzó este jueves al tribunal un dato para desacreditarle: «Su comparecencia en fase de instrucción no se corresponde con lo ocurrido allí».

No obstante, la Fiscalía ha puesto todas sus esperanzas para acreditar la acusación contra el exlíder de la ANC en este teniente, otro oficial de la Guardia Civil, el general jefe en Cataluña, Ángel Gonzalo Pascual, o la letrada de la administración de justicia Montserrat del Toro, que tuvo que salir por la azotea de la Consejería por razones de seguridad. Sànchez se enfrenta a 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación, y lleva en prisión preventiva más de 500 días.

Otro de los episodios que le imputan es su papel movilizador en el referéndum. El diputado suspendido de Junts per Catalunya calificó este jueves de «ilegal» la consulta, pero defendió que su celebración «no merece reproche penal». De hecho, dijo, la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

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