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Representantes de la Gobernanza de Pequeños Municipios con Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, y Ramiro Ibáñez, vicepresidente. GPM
Reclaman una legislación específica para pueblos con menos de 250 habitantes en Castilla y León

Reclaman una legislación específica para pueblos con menos de 250 habitantes en Castilla y León

En las quince acciones llevadas a cabo en 2024 por Gobernanza de Pequeños Municipios, solo les ha recibido la Diputación Provincial de Burgos y a título particular ha tenido eco en algún cargo público de Burgos

Sábado, 19 de abril 2025, 13:50

La Asociación Gobernanza en Pequeños Municipios (GPM) ha reclamado a las administraciones públicas una legislación «específica para los municipios con menos de 250 habitantes con el objetivo de facilitar su gestión». En la actualidad todas las normativas son comunes a todos los municipios, tanto para los más poblados como para los más pequeños lo que pone en riesgo la legalidad en los pueblos más pequeños que no pueden cumplir con todo lo que pide la norma genérica.

El presidente de GPM, Gabriel García Herbosa, ha asegurado que, en la actualidad, en Castilla y León hay 2.248 municipios, de los cuales 1.399 tienen menos de 250 habitantes, lo que supone el 62% sobre el total, es decir, casi dos de cada tres tienen menos de ese número de habitantes.

Así, y ante esta situación la GPM ha decidido poner en marcha una serie de iniciativas para dar visibilidad y concienciar a la opinión pública sobre la problemática existente en la gestión de los pequeños municipios, dado que el eco que han buscado en las administraciones pública ha tenido «nulas respuestas» como recoge el informe que realizaron para su quinta asamblea celebrada el pasado 22 de marzo en el Ayuntamiento de Santibáñez Zarzaguda.

Escrito a la Fiscalía

Los problemas que acumulan estos pequeños pueblos, muchos de ellos pedanías de ayuntamientos más grandes son muchos y derivan, según Herbosa, en que las consecuencias de la gestión repercuten directamente «en sus vecinos, afectando a los servicios que estos reciben y, en definitiva, a su calidad de vida».

La Asociación acordó remitir un escrito a la Fiscalía para poner de manifiesto que se está dando el caso en el que un mal asesoramiento por parte de los secretarios está llevando a que la firma del alcalde, obligado por el secretario, suponga la comisión de un acto ilícito, con las consiguientes consecuencias civiles y penales que ello acarrea.

GPM acordó dirigirse de nuevo al Procurador del Común mediante el envío de un escrito en el que se remarque y subraye lo acuciante de la situación actual en la gestión de los pequeños municipios y de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

Sin eco a sus reivindicaciones

Las llamadas a las puertas de las administraciones públicas han sido constantes y reiteradas. A la vista de que no ha sido posible que ni los medios de comunicación de masas ni las entidades públicas se hayan hecho eco de su reivindicación, la Asociación ha decidido «trasladar a la calle la problemática «de la gestión de los pequeños municipios».

Existen ya en marcha de iniciativas que favorezcan la concienciación social ante esta situación. Para ello, GPM promoverá «concentraciones ante distintas instituciones y organismos» como la Diputación Provincial, la Delegación de la Junta de Castilla y León o la Subdelegación del Gobierno de Burgos, así como la recogida de firmas.

Asociación de carácter apolítico

Además, en el marco de su quinta asamblea, se reafirmó el carácter «apolítico de la asociación». Herbosa, y el grupo de personas, de ediles y exediles, que se han organizado en torno a la GPM, apunta que los problemas a los que se enfrentan en la gestión municipal «afectan a los ciudadanos de los pequeños municipios, y no solo a sus alcaldes», lo que justifica plenamente su trabajo y las actividades que están llevando a cabo.

Desde su nacimiento, la Asociación se ha marcado como objetivo prioritario propiciar «el diseño e implantación de un sistema de gestión» para pequeños municipios simplificado, que incorpore procedimientos de control internos y externos, de forma que se facilite y garantice un funcionamiento de los ayuntamientos más eficaz y eficiente, cumpliendo con el marco normativo vigente».

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