La Justicia exonera a un pueblo de Burgos de pagar indemnización por el cierre de su cantera

Punto y final a un conflicto que se arrastra desde hace 22 años y que durante mucho tiempo generó una profunda crisis en Quintanavides. La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de dar la razón al Ayuntamiento de la localidad burgalesa, anulando el auto emitido el pasado mes de marzo mediante el que el Juzgado ordenaba el pago de una indemnización de 514.660 euros a Hormigones Premezclados Álava (Hopremasa) por el cierre de la cantera 'Las Monjas'.

Se trata de un proceso largo, plagado de idas y venidas, acusaciones y sentencias cruzadas cuyo origen se remonta a 2003. En aquel momento, el Ayuntamiento de Quintanavides, regido entonces por la fórmula de concejo abierto, abrió la puerta a la explotación de la cantera de caliza 'Las Monjas', cuyo contrato se adjudicó a Hopremasa un año después. Sin embargo, aquella decisión generó una enorme polémica en la localidad, al entender un grupo de vecinos que se había gestado con irregularidades. Tiempo después, la Audiencia Provincial inhabilitó al entonces alcalde y su teniente de alcalde por un delito de prevaricación administrativa al comprobarse que motivaron el empadronamiento irregular de nuevos vecinos en el municipio para desnivelar esa votación.

Ese terremoto político-judicial devino años después en la anulación del acuerdo del Ayuntamiento de reabrir la cantera y, finalmente, en 2018 la justicia ordenó el cese de actividad.

Comenzó entonces un nuevo proceso judicial, protagonizado en este caso por la empresa contra el Ayuntamiento, al que le exigía una indemnización de más de siete millones de euros por lucro cesante y amortizaciones de maquinaria e inversiones realizadas.

Tras un largo periplo judicial, los tribunales descartaron en septiembre de 2023 la imputación de lucro cesante, pero establecieron al Ayuntamiento la obligación de indemnizar a la empresa por las amortizaciones. En este punto, la empresa calculaba esa indemnización en casi un millón de euros, pero el pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Burgos dejaba fuera del proceso parte de los bienes y equipos puestos sobre la mesa por la empresa y limitaba esa indemnización a las amortizaciones pendientes de cinco bienes de equipo, incluida una retroexcavadora y una trituradora, entre otros. En total, 514.660 euros.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Quintanavides recurrió dicho auto, al entender que esa maquinaria tampoco debería ser tenida en cuenta. Y finalmente, el TSJ, en una sentencia fechada el pasado 6 de junio y a la que ha tenido acceso BURGOSconecta, ha acabado dando la razón al Consistorio, anulando «íntegramente» el auto de ejecución emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

¿Por qué? Porque según plantean los magistrados del TSJ, la maquinaria objeto de indemnización tiene carácter móvil y no es exclusiva para la explotación de la cantera de Quintanavides. Esa circunstancia se suma al hecho de que, según se reconocía en los informes periciales puestos sobre la mesa, toda esa maquinaria, que fue usada de manera ininterrumpida entre 2008 y 2018, fue retirada «en fecha no acreditada» de la cantera una vez decretado el cese de actividad para «evitar desperfectos, robo o apropiación». En este sentido, abunda la sentencia, «no se ha aportado ninguna prueba documental, ni fotográfica, que evidencie que los bienes de equipo […] continúan en poder de la apelada».

Habida cuenta de todas esas cuestiones, los magistrados del TSJ consideran que no ha lugar a indemnización alguna por parte del Ayuntamiento de Quintanavides y revocan íntegramente el auto previo.

Con todo, el fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de los responsables municipales. No en vano, los 514.660 euros planteados inicialmente como indemnización superan, con mucho, la capacidad financiera del Consistorio de un municipio con apenas sesenta habitantes censados. Un municipio cuya convivencia, además, se ha visto dañada durante todo este proceso.

En este sentido, la alcaldesa, Inés Lázaro, asegura que es una buena noticia, ya que permite «pasar página y dejar atrás un capítulo que dividió al pueblo» y que, además, ha condicionado parte de la actividad municipal durante todos estos años.

Mientras tanto, eso sí, los responsables municipales continúan pendientes de información sobre la autorización de explotación de la cantera. Y es que, tal y como reconoce Lázaro, la sección de Minas de la Junta de Castilla y León mantiene en suspenso la autorización de trabajo. En este sentido, «se ha solicitado a la Sección de Minas información sobre este tema sin que de momento haya habido respuesta» por parte de la Junta, explica Lázaro al tiempo que insiste en que su equipo de Gobierno descarta de plano cualquier opción de reabrir la cantera en un futuro.

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