El impuesto a los residuos de Garoña sigue su trámite a pesar de las advertencias PSOE y Cs

Central nuclear de Santa María de Garoña. /GIT
Central nuclear de Santa María de Garoña. / GIT

El proyecto de ley sobre el nuevo impuesto de la Junta al almacenamiento de residuos nucleares salva su tramitación con el único apoyo del PP | La oposición lo califica de «pataleta» y «chapuza»

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El proyecto de ley para gravar los residuos radiactivos almacenados en la cerrada central nuclear de Santa María de Garoña sigue su trámite en las Cortes de Castilla y León entre advertencias de PSOE y Cs sobre su legalidad o que se abra la puerta a un almacén permanente.

El proyecto de ley ha superado hoy en el pleno de las Cortes, con el único apoyo del PP, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario socialista, que también ha respaldado el de Ciudadanos, con la abstención de Podemos y la UPL.

Se trata de un nuevo impuesto autonómico que incide en el «riesgo de alteración del medioambiente derivado» de ese combustible nuclear gastado, y que está pensado «para disuadir la realización de conductas perniciosas con el medio ambiente», ha defendido el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en la presentación del proyecto ante el pleno de las Cortes.

El consejero, que ha sustituido a la de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que está en Bruselas en defensa de la continuidad de la planta de Vestas en León, ha sostenido que es un impuesto «oportuno y necesario», que además persigue que «los residuos de Garoña no se queden» en la Comunidad «de manera definitiva».

Las previsiones son que se recauden este año diez millones de euros, que la Junta ya tiene previstos en sus cuentas para 2018, y se trata de un gravamen finalista que se dirige a reactivar la zona burgalesa en la que está la planta.

Enmienda a la totalidad

El consejero ha rechazado que exista una doble imposición, estatal y autonómico, uno de los argumentos que ha destacado el procurador del PSOE José Francisco Martín en la enmienda a la totalidad que ha defendido hoy ante el pleno.

Martín ha sostenido que el impuesto, que no cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo ni con la asesoría general de la Junta, «es una pataleta por quedarse con el culo al aire con el cierre de Garoña», y lo ha calificado de «bodrio» en cuanto a su elaboración.

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Es «el peor impuesto en la historia de la autonomía junto al centimazo» y no «va a recaudar ni un euro», ha afirmado el procurador socialista, para quien que la propietaria de la central, Nuclenor, no haya presentado ninguna alegación al proyecto de ley «tiene un claro motivo oculto» que puede ser el de que Garoña se convierta en un almacén nuclear permanente. «No es un tributo, es una sanción enmascarada», con una configuración «artificiosa y falaz», ha resumido Martín.

La enmienda ha contado con el respaldo de Ciudadanos, cuyo procurador Manuel Mitadiel no se ha atrevido a hablar «de chapuza«, pero para quien el impuesto presenta »problemas suficientemente graves y discutible como para que no llegue a aplicarse o en muchos años sea difícil de recaudar«.

Mitadiel ha compartido que se «está abriendo una puerta peligrosa» a que se convierta en un almacén permanente; y ha incidido en que además repercutiría en los ciudadanos vía factura de la luz.

No al almacén permanente

No ha visto ese peligro de que Garoña se convierta en un almacén nuclear el procurador de Podemos Félix Díaz, quien ha recordado que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, garantizó recientemente en el País Vasco que no sería «un cementerio nuclear».

Díaz ha dicho que no apoya el impuesto pero tampoco la enmienda y ha pedido a la Junta a que financie un plan de industrialización para la zona y al gobierno central que aporte los 25 millones de euros que el PSOE pedía cuando estaba en la oposición.

El procurador del PP Salvador Cruz ha defendido la legalidad del impuesto, ha rechazado la doble imposición, y ha pedido a los grupos que colaboren vía enmiendas parciales en la mejora del mismo, como ha hecho su propio grupo con dos propuestas para asegurar la seguridad jurídica del gravamen.

Cruz ha insistido en que se trata de un almacén individualizado, que no definitivo, y ha afirmado que si al final lo es la culpa será del PSOE por paralizar el Gobierno el ATC de Villar de Cañas, a lo que Martín ha respondido que han tenido que hacerlo así por «la chapuza» que había hecho el anterior Gobierno.

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