Se multiplican por ocho los animales muertos por ataques de lobo en Burgos

El número de cabezas de ganado muertas por ataques de lobo en Castilla y León se ha incrementado un 39% desde su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), con un total de 5.985 en 2024.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado a la provincia de Burgos que, con 813 animales muertos, representa el 14% de los daños. Es decir, la provincia ha multiplicado por ocho los daños respecto al año 2021, pasando de 85 reses muertas en 2021 a 813 reses en 2024.

Por provincias, Ávila aglutina el 25% de las cabezas muertas para todo Castilla y León, con 1.525 reses fallecidas y 37 heridas. A continuación, las provincias de Zamora, con 1.108 animales muertos, y Segovia, con 868 reses, representan el 19 y el 15% respectivamente de las defunciones. Esta situación provoca malestar, como lo ocurrido en Las Merindades donde apareció una loba muerta de un disparo.

Esta situación ha elevado hasta los 4,8 millones de euros las indemnizaciones abonadas a los ganaderos, de los que 3,8 corresponden a pagos compensatorios y un millón a responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños. En este sentido, se ha pasado de compensar a 765 explotaciones por estos ataques a 1.230 durante el pasado año.

Suárez-Quiñones ha lamentado que las cifras de animales muertos por ataques de lobo sigan incrementándose. En 2024 se registraron 3.973 ataques, un 11% más respecto a 2023 (5.566 ataques), cifra que casi duplica los 2.694 ataques que había antes de su protección, en 2021, y que era un 47 inferior.

Datos que se trasladan también a las muertes en la cabaña ganadera. Así, los mencionados 5.985 animales fallecidos por los ataques del cánido suponen un incremento del ocho por ciento respecto a 2023 (5.567 cabezas), de un diez por ciento sobre 2022 (5.417 cabezas) y de un 39% respecto al 2021 (4.314 cabezas). Además, en 2024 otras 430 cabezas de ganado fueron heridas por ataques de lobo, frente a las 238 cabezas de ganado heridas en 2023.

El 50% de las cabezas muertas son ganado vacuno (2.963 reses), concentrándose fundamentalmente en Ávila, Segovia y Zamora. El ganado ovino representa el 42% de las cabezas muertas (2.523 reses) y afecta, principalmente, a las provincias de Zamora, Salamanca y Burgos con 499 muertes.

El equino representa el 5% de las bajas, distribuidos fundamentalmente por la cordilla cantábrica, por lo que son las provincias de Burgos, León y Palencia las más afectadas.

Estos datos los ha avanzado el consejero de Medio Ambiente junto al director general de Patrimonio Natural y Política Forstal, José Ángel Arranz, y los representantes de las organizaciones agrarias Donaciano Dujo (Asaja), Aurelio González (Alianza UPA-COAG) y Jesús Manuel González Palacín (UCCL).

Para Suárez-Quiñones estos datos reflejan su vaticinio. «Especialmente significativo es que el incremento de ataques y cabezas que se registra especialmente al norte del río Duero. Es decir, allí donde antes la Junta gestionaba de forma pública, responsable y técnica la especie, los ataques ahí ahora son mucho mayores. Entonces pone de manifiesto la relación directa de causalidad entre la inclusión del lobo en el Lespre con el incremento de ataques y cabezas desmesurado en Castilla y León», ha analizado.

En este sentido, el consejero ha arremetido contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al considerar que todos estos números, más las disposiciones europeas aprobadas en el Comité Permanente del Convenio de Berna, «cercan» a un Gobierno al hacer «cada vez más injustificada» su posición de mantener el lobo «fuera de la gestión de las comunidades autónomas».

Suárez-Quiñones ha descrito tres escenarios a los que se enfrenta la gestión del lobo. El primero lo marca Europa donde a partir del último trimestre de 2025 podría modificarse la directiva europea Hábitat y el lobo pasara a tener un régimen «de simple protección».

Una situación que no obliga al Estado a cambiar su legislación en la materia y que conduciría, en palabras del consejero, al segundo de los escenarios y es que la ley de Desperdicios que se debate en el Senado con enmiendas favorables a que la gestión del lobo pase a las autonomías cuente con los apoyos necesarios de partidos de País Vasco y Cataluña, además del «apoyo responsable» de parlamentarios del PSCyL, para que se apruebe en el Congreso, ya que en la Cámara Alta hay «mayoría del PP».

El tercer escenario que ha dibujado Suárez-Quiñones se remite a la iniciativa emprendida por 13 autonomías, entre ellas Castilla y León, para solicitar que se desclasifique el lobo del Lespre y que sería «la más rápida». «El Gobierno tiene que recapacitar, oír al territorio, ver los daños que se están produciendo, ver el incremento de manadas y de extensión territorial, hacer caso a la corriente europea clarísima que va a conllevar la modificación de la directiva y, por lo tanto, no quede en una especie de isla al margen del europeo, al margen del territorio, al margen de las necesidades del medio rural y, sin más, derogue por sí mismo la orden ministerial», ha resumido.

Una petición que cuenta con el apoyo de todas las organizaciones agrarias. Donaciano Dujo ha insistido en que los datos «austan» y que detrás de esas «casi 6.000 cabezas de ganado muertas» hay una «realidad social y económica que es la que sufre el ganadero». «El Gobierno prefiere tener lobos a cabaña ganadera y ganaderos», ha argumentado para asegurar que el Ministerio ya no se puede agarrar a la «falta de datos» y a las «directivas europeas» para no cambiar su decisión, por lo que ha pedido la convocatoria urgente de las CCAA y las Opas para llegar a un «consenso» y dejar «libre de ataques» al sector.

Por su parte, Aurelio González ha insistido en que, en estos momentos, peligran más «los ganaderos que la fauna salvaje». «No pueden hablar de tergiversar datos. Si quieren lobos que vengan con camiones a la Sierra de la Culebra y se lleve unos cuantos allí donde no hay, como hacen con el Lince», ha espetado para tildar de «irresponsable» y de «vergüenza» al Ministerio si no se cambia el «estatus» de este cánido. «El que está en peligro de extinción es el ganadero», ha zanjado.

Por último, Jesús Manuel González Palacín ha advertido de que la proliferación de manadas puede convertir «en un polvorín» el medio natural. «Los ataques se producen en las zonas donde más monte hay, donde más peligro de incendio hay y si no hay ganaderos eso es un polvorín en potencia. Por lo tanto, desde el punto de vista puramente medioambiental, el mantener a la ganadería extensiva y a los ganaderos que gestionen el territorio es fundamental», ha razonado.

MODIFICACIÓN ORDEN AUTONÓMICA

Tras la reunión con las organizaciones agrarias, Suárez-Quiñones ha trasladado su compromiso de modificar la orden autonómica del 2023 para «ajustar el valor del daño producido del animal, no solo al que tiene en el mercado, sino también a otros factores como son el lucro cesante y una serie de perjuicios añadidos que tenía el ganadero».

En este punto, ha acusado al Gobierno de «incumplir» su compromiso de financiación en concepto de daños producidos por el lobo a la cabaña ganadera por su inclusión en el Lespre. «Había comprometido 20 millones al año para todas las comunidades autónomas y llegó el primer año tarde y este año ha llegado la mitad. En definitiva, la compensación pivota en los presupuestos de Castilla y León fundamentalmente», ha apuntado.

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