Piden la nulidad de un parque eólico y una planta fotovoltaica en Burgos por falta de transparencia
Al menos dos particulares han recurrido en alzada por las diferentes irregularidades que entienden que se han producido en el proceso de adjudicación y declaración de utilidad pública
Dos particulares, al menos, han recurrido el otorgamiento a Green Capital Development de la autorización para un parque eólico y una instalación híbrida fotovoltaica en la provincia de Burgos.
Estos dos particulares han recurrido ante la Secretaría de Estado de Energía perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Lo han hecho porque están en desacuerdo con la autorización administrativa y de construcción para el parque eólico Desma (de 27,12 megavatias de potencia) y para la instalación híbrida fotovoltaica (de 32,075 megavatios), así como sus infraestructuras de evacuación.
La ubicación de este parque eólico y la instalación híbrida fotovoltacia se realizaría en varios pueblos de Burgos: Albillos, Arcos, Buniel, Cavia, Cayuela, Estépar, Rabé de las Calzadas, San Mamés de Burgos, Tardajos y Villalbilla de Burgos así como la declaración de su utilidad pública.
Falta de acceso a la información
Se trata de una resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE) de 20 mayo de 2025 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorgan las autorizaciones administrativas.
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En el primero de los casos, se hace alusión a la «falta de acceso o comprobación del expediente administrativo»; se denuncia que el particular no ha tenido acceso «a ninguna de las actuaciones y documentos en los que supuestamente fundamenta la Resolución por la que se acuerdan las autorizaciones».
También, alude a la «inexistencia de expediente administrativo» que conculque las «garantías del procedimiento administrativo», así como del trámite de audiencia y recursos y los derechos reconocidos a los administrados.
«Incumplimiento total y absoluto del procedimiento»
Todo ello, lleva a pedir la nulidad de pleno derecho de la resolución recurrida por incumplimiento «total y absoluto del procedimiento». En el recurso se explica que no se ha resuelto ni se ha contestado las alegaciones presentadas y que únicamente a dos empresas se ha contestado, pero sin valoración técnicas y «no se ha resuelto expresamente ni contestado a las alegaciones presentadas». Tampoco se ha dado traslado individualizado a los interesados con bienes o derechos afectados, dice.
Alude este particular a que el anuncio en el BOE el 16 de septiembre de 2024 no incluye los «elementos mínimos exigibles», como la relación concreta e individualizada de bienes y derechos a expropiar, la descripción detallada de la instalación y su trazado, la información ambiental, ni se ha publicado en medios locales ni tablones municipales. Además, el el proyecto ha generado «oposición generalizada» entre los vecinos afectados, sin que se haya considerado en la resolución ningún informe de impacto socioeconómico ni paisajístico en profundidad.
Otro de los particulares que ha presentado recurso de alzada, pide la «suspensión de la ejecución, la improcedencia de la declaración de utilidad pública y la improcedencia del procedimiento de urgencia».
Alega a que no existió acuerdo del Consejo de ministros, hay ausencia de motivación del procedimiento de urgencia, como también de las causas justificado del carácter urgente del procedimiento expropiatorio. Piden que se suspenda de manera inmediata ejecución de la expropiación, en tanto no se resuelva el recurso de alzada.
