Los exjugadores de la Arandina declaran hoy por la presunta agresión sexual

La magistrada ya dictó, el pasado 20 de septiembre, un auto de procesamiento contra los tres deportistas donde apuntaba a «claros indicios de culpabilidad» en la presunta comisión, cada uno de ellos, de un delito continuado de agresión sexual a una víctima menor de 16 años.

La instructora aludió como pruebas de cargo a las dos exploraciones de la víctima «en las relató pormenorizadamente los hechos, coincidiendo en aspectos esenciales que configuran la figura delictiva», además de las propias declaraciones de los futbolistas «que se han limitado a negar los hechos no coincidiendo en algunos aspectos de sus versiones entre sí».

La jueza destacó también la exploración de algunos testigos menores de edad «que corroboran periféricamente la versión de la menor» y otras testificales de las personas de su entorno más próximo «que de forma similar relatan como la propia víctima les contó lo que le había ocurrido».

Respecto a las periciales, la magistrada concluyó que los informes policiales de la extracción, volcados y análisis del contenido de los teléfonos móviles de los deportistas y la denunciante «infieren tanto el conocimiento por parte de los investigados de la edad de la menor, como sus intenciones sexuales con la misma, valiéndose de su superioridad en madurez y en número». Los informes forenses, psicológicos y biológicos completan, según la instructora, los indicios de culpabilidad de los jóvenes.

La resolución de la jueza también mantuvo la situación de libertad provisional de los investigados con las medidas cautelares que les fueron impuestas: la prohibición de acercarse a la menor a menos de mil metros o comunicarse con ella por cualquier medio, además de comparecer en dependencias judiciales o de las fuerzas de seguridad los días 1 y 15 de cada mes y el requisado del pasaporte.

El juzgado arandino decidió formar una pieza separada sobre la responsabilidad pecuniaria de los procesados, requiriéndoles para que presenten una fianza solidaria de 52.000 euros. La jueza argumentó esta responsabilidad aludiendo a que la menor sufrió un cuadro de trastorno mixto ansioso depresivo que precisó tratamiento farmacológico y seguimiento médico. A partir de ahí, fijó la cuantía en 30.000 euros en daños morales y 10.000 el coste, a lo que añade una tercera parte más. En caso de que no se cumplimentara dicho requerimiento, el auto mantiene que se procederá al embargo de los bienes de su propiedad necesarios para atender dicha suma, salvo que acreditaran su insolvencia.

El caso saltó a la luz el pasado 11 de diciembre, cuando una menor de 15 años presentó una denuncia contra tres jugadores entonces de la Arandina, por una presunta agresión sexual sucedida el 24 de noviembre en el piso que compartían los deportistas en Aranda. Los futbolistas fueron detenidos y pasaron tres meses en prisión preventiva, hasta que el 6 de marzo se les puso en libertad condicional con una fianza de 6.000 euros y medidas cautelares para la protección de la víctima.

Después de once meses de instrucción, con variedad de pruebas periciales y testificales, el periodo está a punto de darse por concluido. A partir de ahí, el juzgado pedirá a las partes que presenten sus escritos que, más tarde, se remitirán a la Audiencia Provincial de Burgos para fijar la apertura de juicio oral.