Desahuciada en Guadalajara una discapacitada a pesar de que la ONU pedía lo contrario

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, que ha tratado de evitar el desalojo./PAH
Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, que ha tratado de evitar el desalojo. / PAH

Según la Junta de Castilla-La Mancha, la joven no quiere recibir ayudas sino una vivienda

J.V. MUÑOZ-LACUNAToledo

 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha ejecutado este lunes el desahucio de una joven de 23 años con un 66 por ciento de discapacidad que hace cuatro años ocupó una vivienda de protección pública. El caso de esta joven, Safira Sánchez, incluso había llegado a la ONU a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que había logrado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas exigiera la paralización de este desahucio. Miembros de la PAH han tratado de evitar el desalojo pero no lo han conseguido y la joven ha salido de la casa en una ambulancia y con una gran crisis de ansiedad.

Safira ocupó un piso de la calle de Salvador Allende, en la ciudad de Guadalajara, hace cuatro años. La vivienda había sido adquirida por Kutxabank en una ejecución hipotecaria y esta entidad acabó denunciando a Safira, que este lunes ha tenido que desalojarla. Según Julia Durán, portavoz de la PAH en Guadalajara, «Kutxabank la denunció para poder vender la vivienda a precio de mercado y continuar especulando con el derecho a un techo cuando Safira sólo percibe una pensión mensual de 380 euros y estaba dispuesta a pagar un alquiler ajustado a sus ingresos económicos».

Sin embargo, desde la Junta de Castilla-La Mancha, el director provincial de Fomento en Guadalajara, Julio Calle, ha ofrecido una versión distinta: «A Safira se le ha ofrecido una ayuda de emergencia social que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada, un alojamiento temporal para situaciones de emergencia social y su acogida en un centro de atención residencial para  personas sin alojamiento pero la afectada no ha aceptado ninguna de las alternativas ofertadas y exige una vivienda». «Las viviendas de las que disponemos no pueden entregarse de forma arbitraria sino que se adjudican a criterios sociales como ser víctima de violencia machista o miembro de una familia en situación de exclusión social», ha añadido.

 

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos