Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
El agente, que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, colisionó con un coche de la Policía Nacional en la zona de acceso de la cárcel de la capital cacereña
Un agente de la Guardia Civil de Cáceres se enfrenta a una multa de 2.700 euros y la retirada del carné de conducir durante dos años por manejar un vehículo del cuerpo al que pertenece bajo los efectos del alcohol y provocar un accidente. Según el escrito de la Fiscalía Provincial de Cáceres el agente había ingerido bebidas alcohólicas «que mermaban sus facultades para la conducción», confundió la marcha del vehículo y al dar marcha atrás colisionó con un vehículo de la Policía Nacional en la puerta del centro penitenciario de Cáceres. El acusado se sienta este 16 de octubre en el banquillo de la Audiencia Provincial, donde se celebrará el jucio.
Los hechos tuvieron lugar el pasado día 15 de octubre hacia las 9.25 horas cuando se encontraba en las proximidades de la cárcel de Cáceres. Allí se produjo la colisión con el coche policial que se encontraba también de servicio en el lugar aquella mañana. La propia Guardia Civil avisó a la Policía Local, que acudió a la zona. Allí pudo constatar «síntomas evidentes de la ingesta alcohólica». Tal y como describe la Fiscalía Provincial de Cáceres el acusado tenia halitosis alcohólica que era notoria a distancia y tenía «el rostro congestionado». A los policías les reconoció haber tomado «un chupito en una churrería previamente».
La prueba de alcoholemia que se le realizó señaló que el guardia civil estaba bajo los efectos del alcohol. En concreto el resultado positivo fue de 0.67 y 0,65 miligramos por litro de aire espirado en las dos mediciones, una vez aplicados los márgenes de error. La tasa de alcohol permitida para un Guardia Civil en servicio es de 0,15 miligramos por litro en aire espirado, por lo cual este agente multiplicaba por cuatro esta tasa. Este es el mismo límite que tienen otros conductores profesionales y se aplica cuando están realizando sus funciones, especialmente si conducen un vehículo oficial o realizan transporte de mercancías o viajero. El conductor del vehículo de la Policía Nacional dio negativo en la misma prueba.
La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la seguridad vial y solicita para el acusado una pena de multa de nueve meses a razón de 10 euros diarios, lo que supone 2.700 euros en total. Además se solicita la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de dos años. Además, en concepto de responsabilidad civil se pide que el agente indemnice a la empresa propietaria del vehículo policial dañado por el importe de los desperfectos.
