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Oficinas del Popular y el Santander. Albert Gea/Reuters
Tribunales en Burgos: Continúan las sentencias favorables a los afectados del Banco Popular en Burgos
Tribunales en Burgos

Continúan las sentencias favorables a los afectados del Banco Popular en Burgos

Gesabogados, que lleva 23 demandas de clientes de la provincia, ya ha ganado siete juicios contra el Santander, entidad que compró el Popular por un euro hace cuatro años, lo que propició que sus accionistas perdieran sus ahorros

Sábado, 3 de julio 2021, 09:09

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El caso del Banco Popular, que en junio de 2017 fue comprado por un euro por el Santander, dejó a sus accionistas sin sus ahorros. Una decisión que inmediatamente se trasladó a los juzgados a nivel nacional y que todavía hoy sigue coleando. En Burgos, continúan las sentencias a favor de los afectados, que principalmente eran minoristas y pequeños ahorradores.

Gran parte de las demandas en la provincia, en concreto 23, las lleva Gesabogados y casi la mitad ya tienen sentencia (11). En concreto siete han sido estimatorias, mientras que cuatro no. «Depende de en qué momento se compraran las acciones», apunta el abogado José Javier Galar.

Esa reflexión de Galar, especialista en este tipo de demandas y que trabaja por todo el norte de España por la misma causa, hace alusión al momento de la compra, pues a finales de 2016 hubo una ampliación de capital de 2.500 millones de euros con una oferta pública que revela datos de un Banco Popular saneado y rentable para el pequeño inversor. Justo después de esa ampliación, el Popular 'empezó' a dar pérdidas y acabó con la compra de la entidad por el Santander.

«Habiendo señalado el folleto informativo que el banco era una entidad solvente y saneada, con perspectivas futuras de beneficios y reparto de dividendos entre los accionistas, los resultados económicos que el banco obtuvo en el año 2016 y primer trimestre de 2017 supusieron un desmentido a la imagen que del mismo se ofrecía en el folleto informativo, y evidenciaron que el banco sufría serios problemas económicos», apunta Galar, que recalca que la reclamación de los afectados que participaron en la ampliación de 2016 se está estimando «casi de forma generalizada».

En Burgos, la mayoría de los afectados son minoristas o pequeños ahorradores

«Sin embargo, los criterios de los juzgados difieren para los que adquieren con anterioridad al año 2016 y respecto a los que invirtieron en las últimas semanas del banco antes de su resolución, alternándose sentencias que estiman las reclamaciones con algunas desestimatorias», explica el abogado.

A pesar de esas sentencias favorables, la estrategia del Santander se centra en recurrirlas. «Están siendo recurridas en apelación por parte del banco y se pospone la ratificación o confirmación de la misma hasta la resolución de la Audiencia Provincial», añade Galar, que aún tiene pendiente de celebrar la vista de doce juicios en Burgos.

Asimismo, el plazo para la presentación de las demandas finaliza el próximo 28 de agosto. «Parece que estos plazos nunca acaban, pero ya lo tenemos cerca», detalla Galar, que está viendo una defensa «muy similar» por todos los rincones de España del Santander. «Es muy parecida, si bien se ha observado una evolución en las oposiciones a las demandas que, con el paso del tiempo, han incidido más en cuestiones procesales, intentando eludir la responsabilidad del banco sin entrar a debatir las cuestiones de fondo o sustanciales, y alegando la coexistencia de otros procedimientos penales y consultivos ante Tribunales Europeos con el ánimo de suspender y dilatar el proceso», manifiesta Galar.

Además de los procedimientos civiles, el Santander está inmerso en una cascada de causas penales, mercantiles y de arbitraje internacional pendientes de resolución que «podrán tener su influencia también en la prosperabilidad de las indemnizaciones a los afectados». «En concreto, ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia de Madrid se tramita la causa penal, además de la tramitación de numerosos procedimientos contra el FROB, reclamaciones dirigidas al Tribunal General de la Unión Europea y un procedimiento de arbitraje internacional», concluye.

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