Caso de las sedaciones

Los hijos de la mujer que falleció mantienen que Huidobro les «informó» de que la iban a sedar pero que «nunca pidió permiso»

El doctor Huidobro, antes de declarar ante la jueza./CC
El doctor Huidobro, antes de declarar ante la jueza. / CC

El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos acogió la sexta sesión del juicio contra el exjefe del Servicio de Medicina Interna del HUBU

M. L. MARTÍNEZ/ ICAL.Buros

Los hijos de la mujer de 77 años (C.B.) que falleció tras la sedación paliativa indicada por el exjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) Juan Antonio Huidobro mantuvieron hoy que el facultativo les «informó» de que la iban a sedar pero que «nunca pidió permiso ni consentimiento».

El Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos acogió la sexta sesión del juicio de las sedaciones contra el exjefe del Servicio de Medicina Interna del HUBU, a quien se le juzga por dos sedaciones presuntamente irregulares a dos pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna a finales de 2014 y a principios de 2015: el de la mujer de 77 años, C.B. quien falleció a los dos días de estar ingresada, y el del nonagenario I.C., quien sobrevivió tras la reversión del tratamiento, respectivamente.

En la sesión de hoy prestaron declaración en calidad de testigos los seis hijos de la mujer C.B, quienes relataron que su madre ingresó en el Servicio de Urgencias el 22 de septiembre de 2014 sobre las 20.30 horas debido a que «presentaba vómitos y le dolía la tripa». Allí, el médico de Urgencias, según su versión, les comunica que la paciente presenta una obstrucción intestinal, infección de orina y «algo inflamado el páncreas».

Con este diagnóstico, su hija P.N.B. quien acudió a Urgencias con su madre, pensó que «al día siguiente le harían más pruebas». «Estaba pálida, al vomitar se quedó más relajada pero no se quejaba de fuertes dolores», rememoró. Así, de madrugada ingresó en la planta del Servicio de Medicina Interna donde pasó «una noche correcta». «No se quejó especialmente del dolor; la persona que estaba a su lado en la habitación se quejó más», manifestó.

Sobre las 9 de la mañana, 23 de septiembre, esta hija es relevada por su hermano C.N.B., y antes de irse, según declaró, «mi madre me entendía, sabía que era de día, donde estaba…se encontraba floja pero tenía consciencia de donde estaba y de quién éramos». «Si decido irme es porque no vi en ningún momento que mi madre hubiera progresado negativamente», exclamó.

23 de septiembre

Durante el cuidado de su hijo C.N.B., éste asegura que la paciente se encontraba «algo cansada pero bien, calmada y tranquila, y sin dolores». «No vi signo de dolor ni sufrimiento», aseveró, tras afirmar que mantuvieron una conversación durante «un rato». Al poco tiempo, relató, llegó a la habitación el ahora acusado y tras estar «dos minutos dentro», a la salida le comunicó que «su estado era delicado, que presentaba una infección generalizada de la sangre, que era otro órgano más, que se iba a morir, que había que tomar alguna determinación porque iba a tener muchos dolores y que había que sedarla» si bien precisó que «no explicó en qué consistía».

Según la declaración que prestó ante la juez, C.N.B. le preguntó al doctor Huidobro si se le podía poner algún otro tratamiento o trasladar al Hospital San Juan de Dios o a su domicilio, a lo que el facultativo, dijo, le respondió que «de ninguna manera» porque ello supondría una serie de «costes y trastornos». «Me quedé en blanco, asustado, sorprendido y muy perdido y le dije que avisaba a mis hermanos», recordó.

Algo que no hizo hasta que por segunda vez, el doctor Huidobro le «urgió» que «se tenía que marchar de su turno con una orden dada». En este 'impás', aseguró que su madre seguía «tranquila, relajada y sin molestias» y que sobre las 11.30 horas avisó a sus hermanos. Al llegar cuatro de ellos, hablaron con el doctor Huidobro en su despacho quien, aseguró, «les impuso que iba a tener muchos dolores y que lo único que se podía hacer era sedarla». «Que estaba sufriendo y que iba a sufrir», apostilló, y que «no permitía que sus pacientes sufrieran».

Ante esta situación, los hijos reconocieron sentirse «intimidados» y «bloqueados». »Él era el profesional y estaba imponiendo esa decisión pero no le estaba dando esa autorización», precisó. «En ningún momento le dije que estaba de acuerdo con la sedación y le dije que no veía mal a mi madre», recordó emocionado. Así, manifestó que le dijo que «si va a hacer lo que dice que va a hacer espérese a las 18 horas a que lleguen todos sus hijos para que la vean consciente».

«Daba la sensación de que tenía mucha prisa por solucionar aquello», recriminó otra de sus hijas M.C.B.N., quien relató cómo se echó a llorar en el despacho de Huidobro cuando les cuenta la situación ya que «parecía que le molestara» y que le dijo que «no era para ponerse así, que todo llegaba y que no era lo mismo perder a una madre que a un hijo».

Su hija P.N.B. sostuvo que fue Huidobro quien decidió pautar la sedación paliativa a su madre y que «en ningún momento se manifestó consentimiento expreso». «Nos sentimos intimidados por el dolor que iba a tener mi madre», dijo, y agregó que «nos hablaba con autoridad y rotundidad desde su posición de médico».

«Nos vimos intimidados, casi acosados por esa culpa de que nuestra madre iba a morir con dolor», agregó. Otro hermano, F.N.B. llegó a afirmar que fue «prácticamente una imposición desde el primer momento por parte del doctor». Finalmente, señaló que comenzaron a indagar tras las «sospechas palpables» ante la «celeridad» de su proceder, tras la aparición en febrero de 2015 en prensa de la denuncia de un caso «similar» por la presunta sedación irregular del acusado.

Pruebas periciales

La séptima sesión de la vista oral se celebrará el próximo jueves, 13 de diciembre, con las pruebas periciales. El exjefe de Medicina Interna del HUBU se enfrenta a 26 meses de cárcel y a ocho años de inhabilitación por dos sedaciones irregulares que practicó a finales de 2014 y principios de 2015.

El Ministerio Fiscal le considera presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave profesional y otro de lesiones por imprudencia grave profesional. Además, la Fiscalía solicita una indemnización por 123.000 euros por el daño moral causado en el caso del anciano (15.000 euros) y la supuesta mala praxis en el caso de la mujer (108.000 euros).

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