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La justicia da la razón a los vecinos de la antigua Flex, que rescatan sus pisos de fondos buitre

La justicia da la razón a los vecinos de la antigua Flex, que rescatan sus pisos de fondos buitre

Tras diez años de lucha, un abogado burgalés impide que 14 viviendas protegidas de la Junta acaben en manos de un fondo buitre | La sentencia reconoce que los arrendatarios con opción a compra no deben asumir las hipotecas de JOVILMA

Viernes, 3 de septiembre 2021, 09:59

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La promoción de viviendas edificada sobre la Parcela R 1 del Área de Trasformación 8.11 de Burgos, que se adjudicó a la mercantil «Construcciones Jovilma S.L», ha sido el escenario de una guerra silenciosa pero feroz en la que, como en la leyenda de David contra Goliat, un grupo de beneficiarios de VPO con un abogado tenaz se han opuesto a que sus hogares acabasen en poder de los denominados «fondos buitres».

La sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos ha dado la razón a 14 familias de una promoción de viviendas protegidas, con la calificación de Vivienda Joven para arrendamiento con opción de compra, quienes tuvieron que demandar a Jovilma Construcciones S.L., a Genova3 Concursalistas S.L., a Ibercaja Banco S.A., al Sareb, y a Goya Debtco DAC.

Esta novedosa resolución judicial reconoce que los 14 arrendatarios con opción a compra no deben asumir las hipotecas que el constructor cargó a cada una de las viviendas, ya que en los contratos que firmaron de opción de compra se pactó que se vendían libres de cargas e hipotecas, y, de esta forma, la Audiencia Provincial protege los derechos de un colectivo especialmente vulnerable que optaba a una VPO (vivienda joven de precio concertado).

La resolución judicial reconoce que los 14 arrendatarios eran ya propietarios de dichas viviendas en 2014-2015. «Ahora pueden respirar aliviados en sus hogares, pero la presión ha sido tremenda», señala el abogado Pedro Ortega Revilla, quien durante años ha defendido los intereses de las 14 familias. «La sentencia, en mi humilde opinión, es innovadora, valiente e independiente, y creo que debería servir para que, de ahora en adelante, se legisle de tal forma que una VPO de carácter estrictamente social no pueda ser nunca adquirida por un fondo buitre, dado la finalidad que persiguen sus inversiones, conforme al objeto social de todos ellos«, confía el letrado.

Esta sentencia reconoce, también, que las cantidades anticipadas que entregaron al constructor J.M.G, alrededor de 64.700€ por cada arrendatario, pese a que la legislación de VPO no permitía a ningún constructor o promotor recibirlas en alquileres con opción a compra, les sean descontadas del precio final.

Una década de lucha

Desde el año 2011, los vecinos que adquirieron una VPO en alquiler con opción a compra en los terrenos de la antigua fábrica de Flex de Burgos han pasado un auténtico calvario judicial, hasta que, 10 años después la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos les da la razón en todas sus reclamaciones.

En 2013, CONSTRUCCIONES JOVILMA S.L., adjudicataria de estas viviendas, promovió su propio concurso de acreedores, obligando a estas 14 familias a personarse en el concurso para que se les reconociera las cantidades entregadas a cuenta y a oponerse a la Administración Concursal que les obligaba a asumir las hipotecas que J.M.G., antes de vender la constructora a un inversor mejicano, había distribuido en sus viviendas; no descontar la mitad del alquiler mensual del precio total de compra, como establecían los contratos de arrendamiento con opción de compra visados por la Junta de Castilla y León.

«Las tres hipotecas que gravaban las VPO, otorgadas por la extinta Caja Círculo, luego Caja 3 y actualmente titularidad de Ibercaja, fueron amortizada por la caja hasta diciembre de 2015, fecha en la que fueron vendidas a un fondo buitre, Goya Debtco DAC. Ha sido este fondo quien ha tratado de quedarse con estas viviendas dejando a mis clientes sin su dinero y sin sus casas«, explica el abogado Pedro Ortega, quien recuerda el calvario vivido.

«En 2014, cuando me hago cargo de la representación de mis clientes, estos venían de reclamar sus derechos en vía administrativa, en vía penal y, finalmente, en la concursal sin obtener ninguna posibilidad de ejercitar sus derechos frente a Jovilma S.L, frente a la administración concursal Genova3 Concursalistas S.L (hoy en liquidación) ni frente al fondo buitre. Desde entonces interpusimos 14 demandas incidentales para el reconocimiento y cobro de sus créditos contra la masa, a las que se opusieron Jovilma, la administración concursal, Ibercaja y el fondo buitre. Y además, de forma simultánea, tuvimos que defendernos de múltiples demandas que pretendían echar a mis clientes de sus viviendas y resolver los contratos«, enumera el letrado, quien recuerda que en los autos llegaron a personarse más de 80 ciudadanos irlandeses reclamando sus viviendas compradas sobre plano en el extranjero.

«Ha sido muy duro pero esta reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos viene a proteger los derechos del colectivo especialmente vulnerable que opta a Viviendas de Protección Oficial frente a los actuales propietarios de los activos tóxicos de la banca. Ahora sólo hace falta que mis clientes puedan escriturar sus viviendas de VPO conforme a la sentencia. Esta sentencia debería ser el final y escriturar voluntariamente conforme a los términos de la misma mediante un acuerdo, porque en caso contrario nos veremos en la obligación de hacerla valer«, resume el letrado Pedro Ortega.

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