Las obras que suman 100 años de retraso en Burgos

Que Burgos crezca es un milagro. Hay cinco grandes infraestructuras del Gobierno de España y del de Castilla y León que han frenado ese crecimiento; algunos dicen que a sabiendas de que algunas de ellas impulsarían a la provincia por encima de otras limítrofes. Y con reproches cruzados entre los grandes partidos a los que les ha importado muy poco la provincia cuando han gobernado y han echado en cara al gobierno de turno que no haga o deje de hacer.

Pasa con el tren directo, ni el Gobierno del PSOE quiere reabrir, ni el del PP ha hecho cuando ha gobernado; o las autovías A-73 y A-12 o la A-11 en la Ribera. Y con gran desidia regional, el centro de salud García Lorca, que cada día da una sorpresa desagradable, o el sueño eterno en la que ha dormido el Parque Tecnológico.

La suma de todos los retrasos en las infraestructuras locales hace que la ciudad y la provincia hayan perdido un siglo. Cien años perdidos por responsabilidad de una muy deficiente gestión política que ha impedido a Burgos crecer, ganar población, industria, servicios y vida. Lo más sorprendente de todo es los representantes políticos no se sientan responsables de la pérdida de un siglo en Burgos y responsabilicen de ello a sus oponentes.

Situado entre los términos de Burgos y Cardeñajimeno, es uno de los proyectos que la Junta de Castilla y León desarrolla en la actualidad en la provincia de Burgos con el objetivo de dotarla de un recinto para la instalación de empresas, ofreciendo respuestas a sus necesidades tecnológicas y promoviendo la colaboración interempresarial.

En nuevo espacio de Burgos contará con una superficie de 124 hectáreas de las cuales el 45% están destinadas a asentamiento de empresas y la previsión de precio de venta es similar al suelo de Boecillo, que se ha vendido en los dos últimos años a 40,41 euros el metro cuadrado, mientras que el de León se vendió por 41,42 euros, según datos de la Junta.

Los requisitos tecnológicos y urbanísticos son similares a los establecidos en los recintos de Boecillo (Valladolid) y León. La idea de la Junta de Castilla y León es desarrollar actividades empresariales y servicios con un alto componente tecnológico con personal técnico cualificado y con respeto medioambiental en sus procesos.

Cuando se incorpore Burgos al conjunto de los parques de Castilla y León se sumarán tres millones de metros cuadros de suelo destinado a empresas innovadoras de base tecnológica. Boecillo y León ya albergan 130 empresas y más de 5.000 trabajadores en donde destacan como punteros los sectores de TIC, químico - farmacéutico, biotecnología y aeronáutico.

Los Parques Tecnológicos de Boecillo y León están vinculados a las universidades de donde han surgido tres centros tecnológicos especializados en las áreas de automoción, energía y medio ambiente, industria, construcción y materiales, agroalimentación y salud. El de Valladolid está en marcha desde 1992 y el de León desde 2008.

Los problemas con el justiprecio de la venta os terrenos de la pedanía de San Medel, del Ayuntamiento de Cardeñajimeno que supuso la paralización de los trabajos justo cuando iban a empezar a principios de este siglo. Los sucesivos procesos no se sustanciaron hasta 2016, cuando la Junta de Castilla y León y el Cardeñajimeno firmaron un acuerdo para la retirada del recurso a cambio de inversiones en el municipio. El problema es que, para entonces,

La concesionaria de la obra, Isolux Corsán, no retomó la obra y a la Administración autonómica no pudo resolver el contrato hasta pasados tres años, cuando encomendó la actuación a la empresa pública Tragsa, pero la Cámara de Contratistas de Castilla y León interpuso un recurso que retrasó aún más la obra.

Desde la Administración regional se tuvo que redactar y licitar un nuevo proyecto que contemplaba la conclusión de las obras de urbanización de la primera fase del polígono, con todos los trámites que ello conlleva. Un contrato que finalmente fue adjudicado a la UTE formada por OHLA y Padecada por un valor de 19,8 millones de euros, lo que suponía una reducción del 14,7% respecto al presupuesto base de licitación. La firma del acta de replanteo tuvo lugar a finales de agosto de 2023 con un plazo de ejecución de 24 meses

Un año de obras y 6.224.158,04 euros de presupuesto de licitación fueron el plazo y el presupuesto de terminación fijado la Junta de Castilla y León para el nuevo Centro de Salud García Lorca. De los datos contenidos en el proyecto se deducía que el nuevo espacio podría estar listo para su equipamiento en el segundo semestre de 2025 y su apertura en ese año o a principios de 2026.

Durante años ha sido una obra maldita, varada, en un solar de la avenida de la Constitución, junto a los campos del Silo de Capiscol. Pero su historia se remonta a hace más de 20 años cuando la Junta de Castilla y León hizo el centro en unos bajos del número 23 de la calle Federico García Lorca. Durante más de dos décadas ha vivido la saturación de un barrio que ahora envejece y necesita aún más de unos servicios sanitarios dignos.

La actual estructura sobre la que trabaja la UTE que hace las obras de la avenida de la Constitución fue realizada por la empresa Vialterra Infraestructuras SA. Era la primera fase de las obras de construcción que suponía un 21,15% de ejecución y quedó inconcluso en 2021.

Esta empresa, en octubre de 2019, justo al cumplirse un año de la adjudicación, solicitó la modificación del proyecto de obras y la suspensión temporal total de las mismas hasta la tramitación de la modificación del proyecto y del contrato, pero la solicitud que fue denegada, previo informe desfavorable de la dirección facultativa.

Posteriormente, las obras de terminación del Centro de Salud se adjudicaron a CHR Europa Gestión y Construcción, SL, por un importe de 5.282.399,04 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. Durante el transcurso de las obras se tramitaron 13 certificaciones, por un presupuesto de ejecución material de 223.715,06 euros; lo que implicó la ejecución de un 6,22%. El 3 de julio de 2023 se terminó por resolver el contrato para la terminación de las obras con la empresa por la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

Las primeras obras en la autovía de Aguilar de Campoo empezaron en 2008 con un horizonte de cinco años. Es decir, el Gobierno se comprometía a acabar todos los tramos de la A-73 en un plazo de cinco años. Burgos y la localidad galletera están separadas por 80 kilómetros.

En la actualidad funcionan dos, la salida de la capital hasta Quintanaortuño y el tramo entre Pedrosa de Valdelucio y Báscones de Valdiviaa solo unos pocos kilómetros de la entrada a Aguilar. En total 22 kilómetros realizados y 12 años de retrasos. El horizonte de 2035 para finalizar la obra sigue alejando a Burgos del Cantábrico. Actualmente está licitado el tramo Quintanaortuño-Montorio.

Lo más sangrante es que el Estudio Informativo de la Autovía Cantabria–Meseta se redactó en noviembre de 1992. En este estudio se incluía el subtramo Aguilar de Campoo Burgos como parte del tramo de Autovía Torrelavega Aguilar de Campoo Burgos.

En abril de 1998 se aprobó una modificación de la conexión entre Quintanortuño, Montorio y Aguilar de Campoo y las primeras intervenciones de la A-73 se producen en 2006. La crisis de 2010 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se producen los primeros retrasos serios.

La comunidad de La Rioja cerró la A-12 hasta Santo Domingo de la Calzada hace diez años. En la de Burgos apenas hay 12 kilómetros en obras, el tramo que lleva de Santo Domingo a Villamayor del Río, a seis kilómetros de Belorado. Hace once años, el 9 de julio de 2014, que se inauguró el último tramo de la A-12 entre Hormilla y Hervías, al lado de Santo Domingo de la Calzada. En diez años, nadie se ha preocupado por seguir hasta Burgos.

Si las Administración central hubiera sido diligente con esta autovía, Burgos y Logroño hubieran estado conectadas por la A-12 hace más de doce años. Pero de nuevo la negligencia, cuando no la praxis no del todo adecuada ha provocado que localidades como Belorado o Ibeas de Juarros hayan visto el drama de los accidentes muy cerca ya hayan perdido oportunidades de desarrollo con una intensidad media diaria de 9.000 vehículos.

Desde que en marzo de 2011 se suspendiera la línea 102 entre Aranda y Madrid por un desprendimiento ocurrido en el túnel de Somosierra, el Tren Directo ha ido muriendo por la desidia de los diferentes gobiernos de España de todos los colores políticos.

El problema del desprendimiento del túnel que dejó enterrada una bateadora que realizaba trabajos en el interior fue la consecuencia final de un deficiente mantenimiento a lo largo de varias décadas.

Desde 2011, la línea solo se mantiene operativa para el tráfico un tramo de 36 kilómetros en el área de Madrid y la sección de Burgos-Aranda de Duero, en exclusiva para el tráfico de mercancías.

Lo más sorprendente es que la línea 102 forma parte de la 'Red Ferroviaria de Interés General' gestionada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

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