Preocupación entre las protectoras y rescatistas de animales de Burgos por la nueva ley veterinaria
Desde estos colectivos apelan a la necesidad de que los animales sean atendidos de la mejor manera posible sin discriminación por no tener un registro o un tutor responsable
No solo los veterinarios viven con incertidumbre la entrada en vigor del Real Decreto 666/23, que entró en vigor el 21 de julio de 2023, y cuya disposición, que se aplica desde el pasado 2 de enero, regula la prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España. Para las protectoras de animales y las entidades rescatistas son días también de angustia y frustración.
Angustia porque tratan con animales en estados muy precarios, en la mayoría de los casos sin identificar, es decir, sin el microchip obligatorio, y sin un tutor que se haga cargo de estos animales. Y frustración, porque con las nuevas restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía los casos más graves no se van a poder atender todo lo rápido que quisieran y, además, supondrá un sobrecoste en los tratamientos que para estas entidades puede limitar su poder de acción y rescates. Los veterinarios de Burgos ya han parado en protesta por la nueva ley.
«Estamos muy en desacuerdo con el decreto porque lo único que hace es desfavorecer a los animales y no ayudarlos», cuenta Sandra Bermejo, presidenta de la protectora Voluntarios Animales de Burgos. «Para nosotros como asociación es un problema bastante gordo el que tenemos ahora mismo, tanto a nivel de lo que pueden llegar a sufrir nuestros animales como a nivel económico», añade.
Porque ahora es necesario unos registros antes de administrar un antibiótico a un animal, algo que «repercute al veterinario y a la protectora». «Que haya ciertos antibióticos que no se le puedan dar a un animal, que haya que hacer un cultivo previo implica tiempo, que quizás ese animal no tenga, porque recogemos animales de la calle en muy malas condiciones, como Argos, un mastín que está destrozado y que es un animal que necesita una atención rápida», reclama Sandra.
«En el caso de Argos necesitamos que el tratamiento que se le ponga sea de manera rápida, pero que sea el tratamiento adecuado, no tenemos margen para hacer un cultivo que tarda equis tiempo, que tiene un coste económico elevado… A nosotros como asociación se nos va de las manos el poder asumir ese tipo de casos», lamenta.
Porque a los gastos 'fijos' de un rescate, que pueden ser los derivados de un ingreso hospitalario y un tratamiento, ahora hay que sumar el coste de los cultivos. «Porque se lo exigen a nuestro veterinario, porque él no lo haría, administraría el fármaco que sabe que es el más eficaz para cada caso», asegura. Además, con el problema añadido de que para el animal quizás no haya ese tiempo.
Argos ha llegado a la protectora con «las patas destrozadas» y está sufriendo la entrada en vigor de esta nueva normativa. «Nuestro veterinario lo primero que haría según llega es administrarle una medicación, pero ahora ya no puede hacerlo. A Argos se le pueden necrosar las patas, se le puede extender la infección por todo el cuerpo… para nosotros es una jodienda. Van a aumentar la cantidad de animales que se van a morir», confiesa.
«Nosotras vamos a seguir ayudando a los animales y haremos todo lo que podamos, pero si los costes aumentan y nuestro dinero no no podremos ayudar a tantos animales como quisiéramos», afirma. Porque ya no se trata solo del coste económico de las consultas y los diferentes tratamientos hasta llegar al adecuado, es que a las protectoras también se les donaba «producto». Pastillas que sobran y que ayudan a que estas entidades no tengan que desembolsar el precio de todo un tratamiento y que, con esta nueva disposición del decreto no podrán aprovechar.
Además, reclaman que se hagan «decretos para otro tipo de cosas». «Decretos para la gente como para el propietario de Argos, que no sabemos quién es porque no tenía microchip, para la persona que ha abandonado al perro en una cuneta. Para esa gente hay que hacer decretos, no puede ser que tú maltrates a un animal y te salga baratito por no decir que ni siquiera vas a pagar nada», sentencia.
Problemas para los rescatadores
Pero no solo las protectoras se van a ver perjudicadas por esta nueva normativa, también están dentro de este mismo saco aquellos que se dedican a rescatar animales. Salvamento Animal lleva casi cinco años recorriéndose los diferentes puntos de la provincia para ayudar a los perros a regresar con su familias.
Pero no todos los animales que deambulan por Burgos tienen una familia que les busca. Muchos son fruto de abandonos y carecen del chip identificador. «No sabemos qué hacer», reconoce Mónica, miembro de Salvamento Animal. «De primeras llevas al animal al veterinario y veías su estado e intentabas dar una solución a ese perro. Ahora mismo al recoger al perro o al gato lo estás sentenciando a una perrera, porque no le puedes pones el chip. No podemos dejar a un animal sin atención veterinaria, no podemos poner un chip sin saber si va a sobrevivir», explica.
Como ocurre con los perros rescatados por las protectoras, estos animales llegan en condiciones precarias «y ahora no les pueden dar la medicación necesaria porque a los veterinarios les obligan a poner unas medicaciones inferiores a las que deberían de ser».
¿Cómo va a afectar esto? Mónica lo tiene claro: «Va a haber masificación de abandonos. La ley de bienestar animal ya provocó una suelta grande de gatos y ahora va a haber mucho perro adulto mayor abandonado porque los gastos veterinarios se van a incrementar por todos los pasos que hay que dar hasta que llegas al tratamiento adecuado».
«Es totalmente inaceptable aguantar esta situación en la que no van a poder pautar la medicación que corresponde a los animales. Nosotros no sabemos qué hacer, estamos totalmente perdidos», reconoce.
Colonias de gatos
Pero no solo los perros son los grandes damnificados, en una situación crítica quedan los gatos callejeros. Con la ley de bienestar animal pasaron a ser propiedad de los Ayuntamientos, pero no todos los gatos tienen chip, por lo que, para empezar, estos animales podrían quedar fuera de la asistencia veterinaria.
El asunto en este caso va más allá, porque capturar a un gato feral es difícil, capturarlo hasta en tres ocasiones para probar tres tratamientos distintos aunque el criterio clínico diga que el último es el más adecuado se antoja casi imposible.
Para Laura, de Happy Cats Burgos, que se dedica a rescatar y cuidar a gatos que se encuentran en la calle, también se complica ayudar a estos animales. «El colirio, que es algo que en gatos se usa mucho, ya no podemos comprarlo en farmacia (humana), tiene que ser de veterinario y si el colirio no lo tienen aquí hay que solicitarlo a cualquier país de la comunidad económica Europa, lo que conlleva un retraso en el tratamiento del gato. Si no lo hay en ningún país, entonces se puede hacer una excepción y recetar aquí», lamenta.
En el caso de los antibióticos, «los más efectivos para las patologías de los gatos callejeros» se encuentran «en el tercer nivel» de la clasificación de recomendaciones. «Ahora el veterinario no puede suministrarnos ese medicamento y tenemos que ir con la receta a la farmacia. Pero si la farmacia no lo tiene vamos a tener que estar el tiempo que tarden en conseguirlo sin poder tratar a los animales y para algunos será tarde», asegura.
Además, verse obligados a comprar «la caja entera de un tratamiento» del que no se necesitan todas las pastillas va a tener el efecto contrario al deseado: «Se van a tratar animales con antibióticos sobrantes de otros sin ningún control. Si necesito tres comprimidos y me obligan a comprar una caja de 50, ¿dónde está el control de los antibióticos por el que se supone han hecho este decreto?».
Rocío Orive es la veterinaria municipal de Burgos, recuerda que «el problema sobre todo es que hay una clasificación de antibióticos, eso es lo más importante» de este Real Decreto. «¿Qué es lo que realmente dice ese decreto? Pues que si no están identificados no se va a poder poner antibiótico. Nosotros tenemos muchos gatos ya con chip, pero hay muchos que no lo tienen porque se han castrado en campañas anteriores en las que no se obligaba a identificar a los gatos y el problema de un gato que ya has cogido es que no lo vuelves a coger», explica.
¿Qué pasa con esos gatos sin chip? «La idea es que se ponga chip si hay que atenderlos. Pero el problema no termina ahí. El hecho de que se regule el uso de los antibióticos por un orden y no por el criterio clínico. Solo vas a poder usar un tipo de antibiótico frente a los cuales muchísimas bacterias son resistentes. Y aunque sabes que no va a funcionar tienes que empezar por ahí», lamenta Rocío.
En el caso de los gatos de las colonias el seguimiento de los tratamientos es más complicado. Los gatos ferales, que huyen del ser humano y que no toleran bien la manipulación, no son los pacientes más indicados para un tratamiento cada ocho horas como son estos antibióticos de inicio. Además, capturarle dos o tres veces para hacer el cambio de antibiótico al siguiente nivel se presume complicado. «Esto para las colonias felinas es inviable. Esta ley, creo, que va a aumentar las muertes innecesarias y las muertes de los gatos de la calle y las resistencias a los antibióticos básicos, que para algunas cosas funcionan y se utilizan, pero no para todo. Cada bacteria tiene su antibiótico», confiesa Rocío.
