Carriedo defiende el procedimiento por el que se aprobó la declaración de impacto ambiental de Meseta Ski

Ana Redondo y Carlos Fernández Carriedo, antes de comparecer ante la comisión de investigación sobre Meseta Ski de la Diputación de Valladolid/Fran Jiménez
Ana Redondo y Carlos Fernández Carriedo, antes de comparecer ante la comisión de investigación sobre Meseta Ski de la Diputación de Valladolid / Fran Jiménez

El PSOE, por voz de Ana Redondo, justificó el apoyo al proyecto por «ser de interes regional»

El Norte
EL NORTEValladolid

El consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido ante la comisión de investigación sobre Meseta Ski en la Diputación de Valladolid el procedimiento por el que se aprobó la declaración de impacto ambiental (DIA) que autorizaba la realización del proyecto, el cual fue paralizado por los tribunales por infringir la Ley de Montes al haberse producido en estos terrenos un incendio en 1998.

Fernández Carriedo ha comparecido en calidad de exconsejero de Medio Ambiente y de exportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, a pesar de que inicialmente había sido citado solo por lo segundo, como ha hecho constar ante las preguntas de los portavoces de los distintos grupos provinciales..

En la misma sesión ha participado la exportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo, quien ha justificado el apoyo que su formación brindó a Meseta Ski y a su tramitación en el Parlamento regional como proyecto de interés regional, al tiempo que ha rechazado cualquier posible responsabilidad del PSOE por el fracaso del mismo y los fondos invertidos en él.

Fernández Carriedo ha negado acuerdo alguno con el Grupo Popular en la Diputación para aprobar la declaración de impacto ambiental y ha recordado que estas son procedimientos administrativos regulados «muy garantistas y participativos», ya que ofrecen la opción de presentar alegaciones durante su tramitación e incluso de recurrirlas posteriormente.

No obstante, ha aclarado que estos documentos «no los elabora el consejero», ni es su labor «supervisar todos los trámites» por los que pasa en las distintas secciones de cada una de las nueve delegaciones territoriales de la Comunidad.

En el caso de Meseta Ski, el exconsejero de Medio Ambiente se ha mostrado «convencido» de que los informes que motivaron esta declaración se realizaron «conforme a los procedimientos y criterios más adecuados» y ha admitido su desconocimiento sobre por qué se dio el visto bueno a la misma a pesar de que en algunos informes -como ha recordado la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente- se hacía constar en ellos el incendio ocurrido en 1998 y que según la Ley de Montes imposibilitaba su realización.

Ley de interés regional

En cuanto a su etapa como portavoz del Grupo Popular en las Cortes, ha recordado que la proposición de ley promovida por el PP para declarar este proyecto de interés regional y salvar así los fallos judiciales que impedían su construcción se produjo después de que el Pleno de la Diputación de Valladolid instara a las Cortes a ello.

Fernández Carriedo ha reconocido que «no siempre se atienden todas las peticiones» aprobadas por diputaciones y ayuntamientos -como ha planteado la portavoz socialista y presidenta de la comisión, Teresa López-, pero ha aclarado que en este caso se trataba de un requerimiento «a coste cero para la Administración regional», por lo que no encontró oposición por parte del Parlamento regional, más al tratarse de una iniciativa que llegaba «con un amplio consenso en la Institución provincial» y «un amplio apoyo social».

Asimismo, ha recordado que la anulación posterior por parte del Tribunal Constitucional se debió a un «problema competencial» y no a la forma de tramitarla, como proposición de ley y no como proyecto de ley, tal como solicitaba el Grupo Socialista, el cual discrepaba con la forma aunque apoyaba el fondo de la cuestión, según ha admitido la exportavoz del PSOE Ana Redondo, durante su comparecencia ante esta misma comisión.

Sobre esto, ha defendido la elección de la proposición de ley, que corresponde a los grupos, frente al proyecto de ley, que debe proceder de la Junta de Castilla y León, ya que el requerimiento del Pleno de la Diputación se dirigía a los grupos y no al Gobierno autonómico, como ha advertido, tras lo que ha puntualizado que una tramitación diferente de la ley «no hubiera condicionado el fallo del Constitucional» que la anuló posteriormente.

El PSOE rechaza su responsabilidad

La actual concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid ha comparecido ante la comisión de investigación sobre el proyecto y los contratos de la Diputación Provincial con Grupo Corsán, donde ha subrayado la «necesidad de articular» un proyecto económico «muy interesante» que podría ser «un motor económico, de empleo y de fijación de población» para una zona «deprimida» como Villavieja del Cerro, en el municipio de Tordesillas.

La exportavoz ha enfatizado el rechazo del PSOE a la forma legal elegida por el Grupo Popular para aprobar la declaración, mediante una proposición de ley mediante lectura única con la que «desbloquear cuanto antes la situación», en lugar de a través de un proyecto de ley planteado por la Junta, algo que, a su juicio, era «más garantista», puesto que requiere de más informes técnicos, evaluación de impacto ambiental y pronunciamiento del Consejo Consultivo.

Ana Redondo ha explicado que, ante esto, los procuradores socialistas se opusieron a la forma de su tramitación pero finalmente votaron a favor para dar salida a un proyecto que «podía fijar población, dinamizar una zona deprimida y sacar adelante una inversión ya realizada».

Por todo ello, ha rechazado cualquier responsabilidad por parte de su Grupo por apoyar una ley que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional, y ha recordado que cuando se les planteó esta reforma legal cuyo «espíritu» compartían, ya se había producido la adjudicación y licitación del proyecto, sobre lo cual no tuvieron ningún poder de decisión.

«Era el maná»

«Nosotros ni pinchábamos ni cortábamos y además nuestro voto no era necesario por la mayoría absoluta del PP en las Cortes», ha aseverado la política socialista, quien ha apuntado que en diversas reuniones con agrupaciones socialistas y vecinos de la zona se les reclamó proyectos que atrajeran empleo, por lo que «lo más lógico» era apoyar el de Meseta Ski que «ya estaba en marcha», que para ellos «era el maná».

Por último, Ana Redondo ha reconocido que el Grupo Parlamentario tenía conocimiento de los problemas legales por las sentencias contrarias al proyecto -ante las cuales llegó a tildarlo de «despropósito jurídico»-, pero no de las modificaciones presupuestarias que se iban produciendo.

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