La Fiscalía de Menores investiga la muerte del niño fallecido por un disparo de arma en Valladolid

Edificio donde sucedió el disparo del menor, en Huerta del Rey. /G. VILLAMIL
Edificio donde sucedió el disparo del menor, en Huerta del Rey. / G. VILLAMIL

El juez de Instrucción 1 se hace cargo de las diligencias por tenencia ilícita de armas del abuelo, que fue puesto en libertad con cargos

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de la investigación por la muerte del menor de doce años, J. C. L., que falleció en la noche del pasado viernes por el disparo procedente de un arma corta. Se trata de un revolver 635, que dispone de un tambor para cinco balas.

Las diligencias de la Fiscalía se asumen porque este fallecimiento se produjo en presencia de otro menor, de 16 años, primo de la víctima, cuando ambos estaban solos en la vivienda de su abuelo.

Precisamente esta persona, A. L. J. de 75 años, fue arrestado por la Policía minutos después de conocerse el suceso, ocurrido en la calle Francisco Mendizábal, del barrio de Huerta del Rey. El detenido no poseía permiso de posesión del arma, que según algunos testimonios, estaba en su poder desde hacía años.

El fallecimiento del niño J. C. conllevará la apertura de dos expedientes judiciales.Uno lo será por ser dos los menores protagonistas. El otro, por el propietario del arma de fuego.

En este último caso, será el Juzgado de Instrucción número 1 el que asuma la competencia al estar de guardia este viernes. El abuelo ya compareció ayer ante su titular que le explicó su imputación por un delito de tenencia ilícita de armas.

Por otra parte, desde la Policía Nacional se indicó que el abuelo tiene dos antecedentes policiales, uno hace 30 años, por un homicidio en grado de tentativa; y otro hace 22, por un delito contra la propiedad, al parecer un robo con fuerza. Ahora este progenitor de 75 años, con iniciales A. L. J. tendrá que explicar desde cuando tenía el revolver.

Dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Valladolid fueron los encargados de realizar la autopsia al niño que, según los vecinos, era estudiante de Secundaria en el instituto Núñez de Arce.

El cuerpo del pequeño, J. C., llegó pasadas las 11:30 horas de ayer al Servicio de Patología Forense del Ministerio de Justicia, donde se le practicó la autopsia.

El cadáver había permanecido toda la noche del viernes en el hospital Clínico Universitario, a donde fue trasladado después de que el personal sanitario de Emergencias 112 tratase de reanimarle durante cerca de una hora, en el domicilio de su abuelo materno donde ocurrió el disparo. Esta persona residía en el portal 7, mientras que el niño vivía con su madre en el número 3.

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La gravedad de la herida en la cabeza, ocasionada por el arma pequeña que poseía el familiar, dificultó las labores de reanimación. Los dos forenses, que según el protocolo tienen que realizar este tipo de autopsias con dos facultativos al menos, cuando se trata de muertes de carácter traumático, tienen que elaborar un informe provisional para la Fiscalía de Menores.

La trayectoria de la bala, la distancia desde la que se hizo el disparo, que entró por la zona auditiva, así como las lesiones que provocó serán elementos concluyentes para concretar si el disparo fue accidental, como todo parece indicar. Además se tomaron muestras corporales para su posterior análisis.

Las pruebas de parafina determinarán si existen restos de pólvora en las manos, lo que contribuiría a saber quién realizó el disparo.

Conmoción en el barrio

El fallecimiento del menor causó una gran conmoción en el bloque de Francisco Mendizábal. Se trata de un edificio de viviendas sociales, con tres portales de diez plantas cada uno, habitado por familias muy humildes dedicadas algunas a la venta ambulante.

Unas vecinas señalaron que el pequeño, horas antes del suceso, estuvo jugando en la zona de los jardines que hay junto al inmueble, y se subió luego a la casa de su abuelo.

La Policía Judicial hizo gestiones ayer para aclarar las circunstancias de esta muerte por arma de fuego, y ha tomado declaración a otros familiares del niño. Al mediodía de ayer, el abuelo pasó de la comisaría de Delicias a disposición judicial, y el hombre se negó a declarar acogiéndose a lo manifestado ante la Policía. El juez de guardia, José María Crespo, lo dejó en libertad pero con cargos.

La Delegación del Gobierno informó que el otro menor de 16 años fue conducido el viernes al del Río Hortega, por un ataque de ansiedad. El chico ha quedado a disposición de sus progenitores.

Por otra parte, fuentes del entorno vecinal indicaron que este domingo se procederá a dar sepultura al pequeño. Miembros de la comunidad Iglesia Evangélica de Filadelfia pusieron a disposición de los familiares y amigos el centro de oración, que ayer por la tarde se encontraba muy concurrido.

Código Penal y casos

La tenencia ilícita de armas se considera un tipo que se castiga como delito según el artículo 563 del Código Penal. Una conducta que lleva matices más allá de la posesión, como son el tráfico, el depósito, o las municiones.

Este artículo somete a penas de cárcel de uno a tres años, pero en el caso de las armas cortas se reduce de uno a dos. Para aplicarla, se tiene en cuenta si la pistola ha sido modificada o introducida en territorio español ilegalmente.

Las circunstancias de la muerte el viernes de J. C. L. no son extrañas en la historia judicial vallisoletana. En septiembre de 1992, un niño de tres años murió en el hospital por el disparo de una pistola que tenía su abuelo, militar de profesión. Una bala se quedó en la recámara, con el cargador extraido, y el arma se disparó accidentalmente alcanzando el pulmón del menor.

Aunque las imprudencias se pagan, las penas e interpretaciones del legislador durante los últimos 25 años han evolucionado para endurecer más la tenencia ilícita. En febrero de 1993, el Juzgado de lo Penal 1 de Valladolid juzgó por tenencia de una pistola a un coleccionista de armas.

Este objeto fue utilizado por el novio de su hija para dispararse un tiro en la cabeza falleciendo en el acto. El tribunal juzgó al coleccionista vallisoletano como autor de un delito de tenencia ilícita de arma, por lo que le condenó a la pena de 100.000 pesetas de entonces y al pago de las costas judiciales.

Aunque el procesado trató de reducir la responsabilidad en el hecho, el magistrado dijo en su sentencia que el propietario poseía el arma sin tener la correspondiente autorización administrativa, y que «la pistola no era un mero objeto curioso de juguete». El fallo atribuía al condenado la responsabilidad sobre el estado del arma de fuego.

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