El juez del caso Perla Negra imputa a la excúpula de Economía por delitos de corrupción

Edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda. /Ricardo Otazo
Edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda. / Ricardo Otazo

El fiscal tiene diez días para acusarles de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración, malversación y cohecho

M. J. Pascual
M. J. PASCUAL

El magistrado César Gil Margareto, que investiga desde 2013 el supuesto sobrecoste del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del fallido parque industrial en Portillo (Valladolid) ha reducido la lista original de casi una treintena, a doce imputados, excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo –de los tiempos del consejero y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, también investigado pero que falleció durante la instrucción de la causa–, y empresarios afines al Gobierno regional que se habrían beneficiado de ambas operaciones.

Más información

El trámite del procedimiento abreviado continúa cotra los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Romás Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internalización de servicios de ADE ; su hermano Francisco Esgueva Gutiérrez, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y socio fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador único; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, secretario. Tras seis años de investigación, el instructor considera que thabrían podido incurrir en los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho.

El relato arranca con la creación de la promotora Urban Proyecta PM3 en abril de 2005 que, «contando con antelación con información privilegiada de los altos cargos» de la Consejería de Economía y Empleo, concurrió sin competencia a la adjudicación del edificio de Arroyo. La cúpula de la Consejería, «fundamentalmente, Tomás Villanueva, Rafael Delgado y Alberto Esgueva» habrían apuntado la necesidad de adquirir un edificio para aglutinar los servicios administrativos de ADE, con lo que «allanaban el camino para la futura contratación de Urban, ya concertada en connivencia con el administrador, Germán Martín Giraldo». Antes de ese verano, Urban, aún sin tener el suelo, había mantenido conversaciones para un proyecto en Arroyo con el estudio de arquitectos Lamela y en noviembre firmaron el contrato. Aunque el concurso no se publicó en el Bocyl hasta diciembre, Lamela había facturado un mes antes por el proyecto, denominado ADE Valladolid.

Centra en doce excargos y empresarios el procedimiento penal por el supuesto sobrecoste del edificio de ADE en Arroyo y las parcelas del parque industrial de Portillo

La administración de Urban, apunta el auto judicial, conocía «con antelación, por haberse convenido con los representantes de la Consejería, que se iba a fomentar la idea de un edificio para aglutinar los servicios. Edificio que, 'sí o sí', se iba a contratar con Urban». Primero hubo dos contratos de arrendamiento que no cuajaron y después, de compra «por un precio muy superior al barajado en la primera opción », de 34,9 millones de euros.

En julio de 2006 el consejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, firmó con el administrador de Urban Germán Martín Giraldo, el contrato de alquiler y en diciembre de 2007 el consejo, ya con Begoña Hernández como presidenta, propuso incorporar la segunda torre del edificio para después subarrendarla, un segundo contrato que se firmó en febrero de 2008. No hubo estudio de ahorro de costes.

No hubo control financiero, pero tampoco justificación para reducir el periodo de licitación a 15 días (con lo que solo se presentó Urban a la licitación), ni tampoco para que, días después de la fallida operación de arrendamiento con la Agencia de Desarrollo (ADE) se derivara el proyecto del edificio de Arroyo a Gesturcal, un encargo ajeno al objeto social de este ente, que se dedicaba exclusivamente a la gestión de suelo industrial.

La compra

Otra fecha clave fue el 3 de diciembre de 2008, cuando el coordinador de servicios de la Consejería, Tomás Machota, realiza un informe propuesta sobre la conveniencia de comprar un edificio en Arroyo para reagrupar las unidades adscritas al área económica de la Consejería y alojar a las sociedades de inversión pública. Un mes antes, la presidenta del consejo de administración de Gesturcal, Begoña Hernández, había comunicado a Urban las intenciones de abrir conversaciones para iniciar una opción de compra. El consejo de administración aprobó la compra del edificio por 52,1 millones de euros más el IVA.

Según el juez, la adjudicataria recibió información privilegiada de los altos cargos de la Consejería y luego se realizaron «maniobras» como «formar 'ad hoc'» la mesa de contratación y ante el intento fallido del arrendamiento porque a la empresa no le interesaba la condición previa de una tasación, la operación se derivó a Gesturcal «sin justificación, porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo». Finalmente, «se firma un contrato de compra por un precio muy superior a la opción primera de compra». Existe, advierte el auto, «un grave problema legal en la encomienda de gestión entre la Consejería y Gesturcal, lo que habría causado a la sociedad participada con fondos públicos y también a la Junta «graves problemas económicos y perjuicios». Incluso, subraya, se abonaron facturas «cuyo pago es improcedente, que suponen un mayor precio del edificio y que alguna se paga incluso antes de la recepción de dichas facturas».

La relación es «indudable» entre las empresas Parqueolid Promociones y Urban Proyecta, señala el magistrado, y apunta que las facturas abonadas a estas empresas contribuyeron a engordar el precio final del inmueble conocido como Perla Negra. La Junta finalmente pagó 71 millones de euros, muy por encima de la tasación escogida, de 52 millones de euros.

Detalla también que la sociedad Unifica Servicios Integrales –la empresa que figura en los 'papeles de Bárcenas' como que amuebló en B la sede central del PP en Madrid– está relacionada con Urban y Parqueolid y que realizó varios servicios en el edificio que dieron lugar a una facturación que el secretario general de la Consejería, Rafael Delgado, firmó en nombre de Gesturcal, aunque «no tenía facultades para actuar en nombre y representación de dicha sociedad». Indica que la contratación y los pagos a Unifica se hicieron «sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia».

Portillo

Respecto de la operación del parque empresarial en Portillo, se concluye que «las ventas sucesivas entre personas físicas y jurídicas incrementaron notablemente el precio de los terrenos». El convenio que firmó Rafael Delgado con Cementos La Bureba en marzo de 2010, «fue en claro perjuicio de la sociedad ADE Parques y sin contar con el consejo de administración». Los 2,5 millones de metros cuadrados los compró ADE por 33,7 millones de euros, cuando a Parque Empresarial Portillo, que había adquirido las fincas (la mayoría, a Urban) entre 2005 y 2009, le costaron 9,7 millones. «La gestión económica y financiera de la operación no se ajusta a los principios de eficiencia, economía y eficacia y supuso un endeudamiento para Gesturcal-ADE Parques o la puntilla definitiva para su crisis y extinción», se indica. En diciembre de ese año se firmó un nuevo contrato de compraventa que extingue el anterior por el que ADE Parques asumió una deuda de 35,7 millones de euros y dos préstamos de Caja Burgos y Caja España de 19 millones, «una operación ineficaz que supuso un importante endeudamiento y en contra de los principios de gestión económica y financiera», siendo realizada «en beneficio exclusivo de las empresas privadas contratantes». Atribuye a Rafael Delgado y Begoña Hernández «la decisión unilateral» de ejecutar esta operación «para favorecimiento de las empresas relacionadas con él, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva».

A partir de ahora, el fiscal y la acusación particular, ejercida por el PSOE, tienen diez días para formular sus escritos de acusación y solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o pedir diligencias complementarias. El auto, que no es firme y puede ser recurrido en reforma o apelación, excluye del procedimiento a José Rodríguez Sanz Pastor, actual secretario de Cultura y Turismo de la Junta; Pilar Manteca Barrio, exvicesecretarioa de Gesturcal; Jesús Jiménez Miguel, exdirector de ADE Parques; Luis María García Glérigo, presidente de la constructora Parqueolid; y al abogado Jesús Rodríguez Recio.

 

Fotos

Vídeos