La Audiencia desestima las cuestiones previas y juzgará las prejubilaciones de Caja Segovia

Vista preliminar de hace una semana. /Antonio Tanarro
Vista preliminar de hace una semana. / Antonio Tanarro

El tribunal considera en un auto que la Fundación Caja Segovia está legitimada para ejercer la acusación particular

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

Las peticiones de las defensas y de la Fiscalía de archivar la causa no han prosperado. Tras escuchar los planteamientos de las cuestiones previas planteadas por las distintas partes el pasado martes, el tribunal que juzga el caso de las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia ha decidido seguir adelante y se celebrará el juicio oral. El auto dictado por los magistrados –José Miguel García Moreno, María Asunción Remírez Sáiz de Murieta y Álvaro Miguel de Aza– sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas establece la legitimidad de la Fundación Caja Segovia para ejercer la acusación particular en el procedimiento abierto contra la excúpula de la extinta entidad de ahorros.

Por lo tanto, el enjuiciamiento por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal sigue su curso y se celebrarán las vistas programadas para la semana que viene, a partir del martes 5 de febrero.

La resolución de la Sala rechaza la aplicación de la 'doctrina Botín'que determina la legitimidad para poder personarse como acusación particular, establecida en el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2015. En resumen, el tribunal señala que «el titular de los bienes distraídos o del patrimonio en cuyo perjuicio se contrajeron obligaciones (como los planes de pensiones), en el momento de la comisión, es Caja Segovia, circunstancia que legitima su posición como acusación particular».

Y, añade, las sucesivas y posteriores transmisiones de ese patrimonio «carecen de virtualidad alguna para alterar esa condición», pues Caja Segovia fue «directamente la ofendida y perjudicada» por los presuntos delitos en el momento en que se cometieron y sería «un error manifiesto» denegar la posibilidad de actuar al ofendido como acusación particular contra el delito.

Persiste la personalidad jurídica

Después lo es la Fundación, agrega el auto, de acuerdo con la escritura pública del 16 de mayo de 2011, porque «Caja Segovia no se extingue, sino que aporta su negocio financiero a otra entidad de nueva creación, pero la inicial personalidad jurídica persiste» y las operaciones de transformación en Fundación «no conllevan alteración de su personalidad jurídica» pues la entidad transformada, Caja Segovia, no se disuelve y su transformación en la Fundación «no afecta a su legitimación».

Por eso entiende la Sala que «carece de fundamento entender que no persiste la misma personalidad jurídica en quien se personó como acusación particular, y especialmente vincular la existencia de su legitimación para actuar como tal, a que mantuviera la titularidad de su patrimonio y no que fuera la titular» en el momento en que se cometieran los presuntos delitos patrimoniales y societarios imputados.

En consecuencia, concluye que «no podemos apreciar la ausencia de falta de legitimación activa de la Fundación Caja Segovia para el ejercicio de la acción penal por falta de ostentación de crédito en la actualidad, sin perjuicio de las consecuencias que de ello puedan derivar a la hora de determinar la entidad beneficiaria de las responsabilidades civiles» derivadas de los delitos que se enjuician y en el supuesto de que la sentencia sea condenatoria.

Sesiones en febrero

Así, a partir del martes 5 de febrero volverán a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia la excúpula directiva de Caja Segovia: los miembros del comité de dirección Atilano Soto, expresidente de la entidad para quien pide la acusación ocho años de cárcel por un delito de administración desleal; Manuel Agudíez, exvicepresidente, con la misma petición por el mismo tipo delictivo; Elena García Gil, exvicepresidenta segunda, con idéntica petición; Manuel Escribano, exdirector general para quien IU solicita seis años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida; Antonio Tapias, exsecretario general, con una petición de seis años por administración desleal y Enrique Quintanilla, que fue subdirector de medios, para quien IU pide seis años de cárcel por apropiación indebida.

También están encausados, como participantes a título lucrativo en los presuntos delitos y para quienes IU y la Fundación piden que devuelvan las cantidades percibidas, Miguel Ángel Sánchez Plaza, exdirector adjunto, que percibió 6,9 millones de euros, 3,1 de ellos como prejubilación; Óscar Varas, exdirector de riesgos, que recibió 2,9 millones; Juan Antonio Folgado, exdirector de planificación, que recibió 1,6 millones de euros; Malaquías del Pozo, exjefe de comunicación, que cobró 830.000 euros, y Juan Bautista Magaña, exdirector de marketing, que percibió 1,4 millones.

Por lo tanto, el enjuiciamiento por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal sigue su curso y se celebrarán las vistas programadas para el mes que viene.

 

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