La Junta de Castilla y León avanza que «muy probablemente» se podrá volver a cazar en abril

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quiso tranqulizar este lunes a la población de Castilla y León al asegurar que la actividad cinegética será legal en la comunidad en abril una vez que entre en vigor la ley que aprobarán las Cortes este miércoles con una «importantísima mayoría».

Suárez-Quiñones, que presentó la iniciativa 'Reciclando Sonrisas' en colaboración con Ecovidrio y la Fundación Juegaterapia, defendió el catalogo de especies cazables que se recoge en la proposición de ley de modificación de la ley de Caza y confió en que no llegue al Tribunal Constitucional.

«La caza es imprescindible para el cuidado de las especies más vulnerables», aseveró el consejero, convencido de que si no existiera «las especies más fuertes poblarían el medio natural y acabarían con las más débiles».

Por ello, consideró que «esos que dicen defender el estado favorable de la conservación de las especies en realidad no les interesa en absoluto, como a Pacma, que solo quiere que no se maten animales, sin saber que precisamente eso se hace para salvaguardar la vida de otros».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente quiso dejar claro que «no hay ninguna sentencia firme que determine que los datos que maneja Castilla y León en cuanto al censo de animales no sean correctos», sino que «son datos absolutamente fiables que incluso utilizan fuentes propias de entidades ecologistas como Seo Birdlife».

Por ello, afirmó que «ese famoso mantra de que la Junta de Castilla y León no posee datos adecuados de las especies cinegéticas no es en absoluto correcto», y mostró su esperanza de que «el Tribunal Supremo así lo decida».

En cuanto a la Proposición de Ley que permita la caza en la comunidad autónoma, que se votará en el último pleno de las Cortes autonómicas, Suárez-Quiñones afirmó que «los grupos han anunciado ya su posición, que derivará en una aprobación con una importantísima mayoría», por lo que a partir de entonces será «únicamente el Tribunal Constitucional» quien tenga que explicar «cuáles son las razones por las que Castilla y León no puede ejercer su soberanía» en cuando a la permisión de la caza.