Los partidos de izquierda de Castilla y León ven su pacto fiscal como un preacuerdo de gobierno

Francisco J. Braña (catedrático USAL), con José Sarrión (IU), Faustino Temprano (UGT), Pablo Fernández (Podemos), Luis Tudanca (PSOE) y Vicente Andrés (CC OO)./M. CHACÓN-ICAL
Francisco J. Braña (catedrático USAL), con José Sarrión (IU), Faustino Temprano (UGT), Pablo Fernández (Podemos), Luis Tudanca (PSOE) y Vicente Andrés (CC OO). / M. CHACÓN-ICAL

PSOE, Podemos e IU consideran necesario recaudar al menos 800 millones más para recuperar los servicios esenciales anteriores a la crisis

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

Dijo Faustino Temprano, como dando pie a los representantes políticos a tomarle la palabra: «A nivel estatal se están dando los pasos adecuados y estos deben tener su continuidad en Castilla y León». Los 'pasos' son el acuerdo presupuestario para 2019 entre el Gobierno de la nación y el grupo parlamentario de Unidos Podemos. La 'continuidad' a la que se refería el líder regional de UGT es el 'Pacto de comunidad en materia fiscal' suscrito por el PSOE, Podemos e IU (además de los sindicatos CC OO y UGT). El acuerdo fue presentado en Valladolid –habrá actos públicos en todas las capitales de provincia de Castilla y León– con una charla del catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco Javier Braña, y antes, los firmantes del documento sostuvieron que tomarlo como una traslación a la comunidad del pacto Sánchez-Iglesias es una teoría «coherente» (Luis Tudanca);que la firma debe entenderse como «un primer paso para futuros acuerdos» (PabloFernández);y que «es pronto para hablar de pactos de gobierno pero este documento será condición para cualquier futura alianza» (José Sarrión).

Los tres dirigentes políticos, del PSOE, Podemos e IU, respectivamente, coincidieron también a la hora de admitir que un acuerdo para una reforma fiscal «necesita pedagogía» porque vivimos tiempos proclives al «populismo fiscal». «Para tener unos servicios esenciales potentes hace falta una reforma fiscal en profundidad y un pacto valiente que haga pagar más a los que más ganan», señaló Tudanca. «Debemos explicar que otra Castilla y León es posible y que el PP lleva años erosionando el estado del bienestar e incumpliendo la Constitución», manifestó Fernández. «Las reformas necesitan recursos para pagarlas y Castilla y León ingresa ahora 800 millones de euros menos que antes de la crisis; sin ellos no podremos recuperar lo recortado», detalló Sarrión.

Para Vicente Andrés, secretario autonómico de CC OO, el acuerdo fiscal debe servir también para impulsar un cambio de modelo económico en Castilla y León, una región caracterizada hasta ahora por sus «salarios bajos y su nivel tecnológico medio-bajo». Andrés añadió que a los 800 millones de ingresos perdidos habría que añadir «otros 240 millones que habrá que recortar a las políticas públicas para cumplir con el objetivo de déficit del 0,1%».

En respuesta a la petición que el PP dio el pasado mes de julio a la presentación original del pacto, los firmantes señalaron que «los recortes crujen más que las reformas fiscales». Tudanca recomendó a los populares «que sean coherentes y reconozcan que ellos también suben impuestos, como hizo Rajoy y como sucedió en el caso de la Junta con el céntimo sanitario, que mientras estuvo en vigor provocó una pérdida de recaudación de seiscientos millones».

El pacto contempla una revisión de deducciones y subida a los tramos altos de renta en el IRPF; en Sucesiones y Donaciones, mayor progresividad en los tipos y en Patrimonio, unos tipos más elevados para los más altos. En Transmisiones se refieren a un gravamen para la compra de 'elementos suntuarios' y en la Tasa sobre el Juego, a la eliminación de las bonificaciones existentes. También recogen nuevos tributos medioambientales (para gases, contaminación o telefonía).

 

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