Detenidas 14 personas en la operación por fraude en la venta y uso de ataúdes

Agentes de la Policía Nacional, esta mañana, en la entrada del tanatorio El Salvador de Valladolid. / Rodrigo Jiménez

La operación Ignis, abierta en 2017, concluye su primera fase con el registro de las sedes de Grupo El Salvador y de los domicilios de los investigados

ANTONIO G. ENCINASValladolid

A las ocho de la mañana, de forma simultánea allí, en Santovenia de Pisuerga, en la sede de la empresa en la calle Angustias y en los domicilios de los quince implicados, se iniciaba una operación que busca esclarecer si se ha producido un delito de estafa en la gestión de los ataúdes destinados a la incineración. A última hora de la noche, la Delegación del Gobierno confirmaba que se habían producido 14 detenciones.

Según una información publicada por eldiario.es, a la hora de incinerar se sustituían los ataúdes más caros por otros más baratos y se reutilizaban los anteriores. La Delegación del Gobierno admitió que la investigación del caso se inició en el año 2017 y da por concluida la primera fase de la operación, de la que al cierre de esta edición se levantaba el secreto de sumario.

La envergadura del asunto que aborda la operación Ignis («fuego», en latín) es tan grande que ayer a mediodía no había visos, siquiera, de que los investigados pudieran pasar a disposición judicial, ya que continuaban los registros tanto en los domicilios de los quince implicados como en las dos sedes de la compañía en Valladolid y Santovenia. El Juzgado de Instrucción número 6 es quien se encarga del caso. «La Policía sigue a estas horas realizando registros domiciliarios y no se descartan nuevas detenciones», señalaba la Delegación del Gobierno en un comunicado lanzado en torno a la una de la tarde.

De la magnitud de la operación realizada ayer da fe el elevado número de funcionarios policiales y judiciales que tomaron parte en los registros, unos sesenta agentes, según las cifras facilitadas por la Felegación del Gobierno a última hora de la noche.

Dentro de la sede del camino del Cementerio, donde se encuentran parte de las oficinas del grupo empresarial, miembros de la Policía procedieron a requisar varias cajas de documentos. Al menos media docena de ellas se apilaban junto al mostrador de recepción, custodiadas por los agentes, desde primera hora de la mañana. Posteriormente se introdujeron en el recinto más cajas vacías para seguir reuniendo todos los papeles necesarios, al tiempo que la Policía Científica registraba con sus cámaras todo lo que pudiera formar parte de la investigación. Las quince salas de que dispone el tanatorio de El Salvador en Valladolid mantenían, al mismo tiempo, una actividad constante. Apenas se vaciaron cuatro de los velatorios se comenzaron a preparar nuevos sepelios, hasta el punto de que a última hora de la mañana eran diez las esquelas que se podían observar en la pared situada entre la Recepción y el despacho de Dirección del lugar.

El Grupo El Salvador cuenta con alrededor de un centenar de empleados en Valladolid y provincia

En torno al mediodía llegó al lugar el abogado de la empresa El Salvador, que declinó hacer declaraciones en primera instancia. Posteriormente, a través de un portavoz, se anunció que la empresa haría público un comunicado por la tarde para ofrecer la versión de la firma de pompas fúnebres.

Mientras tanto, las reacciones en el sector oscilaron entre la incredulidad y la condena a cualquier hecho que pueda dañar la reputación de las empresas. Así, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios remitió un comunicado en el que lamentaba cualquier tipo de prácticas «que vayan en contra del código deontológico de la asociación». Recordaban que los hechos están aún bajo investigación policial, «pero en el caso de que se probara la veracidad de las prácticas publicadas e investigadas» instan a la justicia «a que depure todas las responsabilidades».

Al mismo tiempo, tras recordar que El Salvador no pertenece a esta asociación, indicaban que este tipo de actos «no solo dañan la imagen del sector funerario sino que causan un profundo dolor a las familias implicadas». Las empresas adheridas a la asociación han rubricado un código dentológico «que condena estas malas praxis y es un compromiso de profesionalidad y transparencia hacia las familias».

Por otro lado, empresas gallegas del sector, consultadas por el diario La Voz de Galicia, indicaban ayer su sorpresa porque un fraude de estas características, señalaban, resulta más complejo de lo que parece. «En el 99% de los casos, la familia está presente durante la cremación», decían al periódico gallego.

Mientras toda la operación se desarrollaba, el tanatorio del camino del Cementerio continuaba con la actividad en un clima de preocupación y tensión. El grupo cuenta con unos cien empleados y muchos de ellos tuvieron ayer que enfrentarse al trabajo diario, ya de por sí bastante delicado, mientras comenzaba a extenderse la noticia del registro y de las acusaciones que se cernían sobre el Grupo El Salvador. Hay que tener en cuenta que ayer mismo estaban programadas algunas incineraciones en sus instalaciones.

El precio de los féretros oscila mucho. Según varias fuentes consultadas por El Norte, los ataúdes de gama alta se sitúan en el entorno de los 3.000 euros, mientras que el precio medio está en los 700-750 euros. Antes de la incineración, y tras el velatorio, se retiran las piezas y adornos metálicos que pueda tener el ataúd. El fraude consistiría en el cambiazo del féretro de más calidad por uno inferior, que después se reutilizaba.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios reclama contundencia

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) ha exigido este jueves la depuración de responsabilidades, si las hubiera, tras conocer que la Policía Nacional investiga en Valladolid un supuesto fraude en la Funeraria El Salvador, donde durante los últimos años se habrían sustituido ataúdes de calidad por otros más baratos en procesos de incineración para reutilizar luego los primeros con otros clientes. Panasef, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha apresurado a matizar que la mercantil investigada no forma parte de sus asociados, para a continuación condenar enérgicamente este tipo de actuaciones. «En el caso de que se probara la veracidad de las prácticas publicadas e investigadas, instamos a la Justicia a que depuren todas las responsabilidades. Este tipo de actos no solo dañan la imagen del sector funerario sino que causan un profundo dolor a las familias implicadas», advierten desde la asociación.

 

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